La participación ciudadana

No hace mucho las conferencias, los encuentros y el debate sobre la corrupción en nuestros países eran dominados por personas que no eran de la región o que no tenían experiencia práctica en el tema. Los planteamientos eran de carácter genérico o modelos ideales que no correspondían a nuestras realidades tan particulares y complejas. También, casi no existía bibliografía sobre la corrupción escrita por latinoamericanos ni habían mecanismos de intercambio donde estos pudieran darse a conocer y compartir sus experiencias y estrategias anticorrupción.

El tiempo nos indica que esta situación está cambiando poco a poco y que los latinoamericanos están conquistando importantes espacios en la anticorrupción. Como ejemplo, uno de los temas que está teniendo mayor relevancia a nivel regional es el del acceso a la información pública. Más de allá de los contenidos de las propuestas de leyes que se están impulsando, es de destacar que los actores que las están empujándo son movimientos cívicos, organizaciones de la sociedad civil y grupos empresariales. Esto es distinto al pasado cuando las leyes nacían de acuerdos entre los gobiernos y los organismos internacionales.

En México el impulsor del derecho a la información es el denominado Grupo Oaxaca, integrado por universidades, organismos no gubernamentales y medios de comunicación. En Paraguay, después de la mala experiencia de la aprobación y derogatoria de la Ley de Transparencia Administrativa, que fue reducida en el Senado a una "ley mordaza", el Sindicato de Periodistas, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, la Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay y la Confederación de Comisiones Vecinales han acompañado al diputado Rafael Fillizzola en la preparación y presentación de una nueva propuesta de ley. En Panamá, el capítulo local de Transparencia Internacional y una asociación de empresarios son quienes están empujando la iniciativa legislativa para abrir el acceso a los documentos públicos. Y en Bolivia, la "ocultación y omisión de información, datos y documentos" constituye uno de los trece nuevos delitos tipificados como corrupción en el anteproyecto de Ley de Lucha Contra la Corrupción promovido por una subcomisión interinstitucional, conformada por la Central Obrera Boliviana, la Confederación de Campesinos de Bolivia, la Asamblea de Derechos Humanos, la Asociación Nacional de Periodistas, la Confederación de Empresarios Privados, la Iglesia Católica, partidos políticos y el gobierno.

Lastimosamente, la experiencia le ha enseñado a los latinoamericanos que solo la aprobación de nuevas leyes frecuentemente no tiene ningún impacto por la falta de voluntad política de los gobiernos para implementarlas. Por eso, muchas organizaciones prefieren dirigir sus energías en otras áreas. Por ejemplo, FUNDAR (México) busca incidir impulsando la participación ciudadana en la preparación y vigilancia de los presupuestos públicos. En Colombia, la Corporación Cartagena Honesta (Colombia) investiga las contrataciones administrativas y macroproyectos de la alcaldía de Cartagena y hace denuncias de corrupción, involucrando a los ciudadanos afectados y a los periodistas locales en las investigaciones y exposición de los hallazgos. Y entre otras, Probidad ha ocupado Internet para monitorear la corrupción y la anticorrupción en El Salvador y a nivel regional; desarrollar y difundir recursos de concientización y para investigaciones; estimular y publicar reportajes, estudios y bibliografía con una perspectiva latinoamericana; defender a periodistas y a otros que sufren represalias debido a su labor anticorrupción; y entre otras actividades virtuales, para administrar redes, servicios de asesoría y otros mecanismos para intercambiar información y facilitar colaboración mutua.

Con respecto a otras iniciativas colectivas, la Red Cívica Nacional Anticorrupción de Ecuador y la Red de Veedurías de Venezuela han sido un ejemplo de alianzas incluyentes y diversas para fiscalizar al Gobierno. Por eso, ahora hay nuevos consorcios y redes anticorrupción en Colombia (la Red Nacional de Veedurías), Argentina (el Foro Social para la Transparencia) y Perú (Proética).

A pesar de estos y otros buenos ejemplos, se mantiene constante la crítica de que a muchas de las iniciativas anticorrupción de la sociedad civil todavía les falta creatividad. Muchas siguen concentradas en conferencias y talleres dispersos con ponentes no locales y sin seguimiento; en páginas web que parecen versiones virtuales de boletines publicitarios, con pobres contenidos y frecuentemente no actualizadas; o haciendo pactos anticorrupción sin mecanismos para exponer y sancionar a quienes no cumplan los acuerdos. En el caso de los consorcios, su integración y desempeño siempre ha sido difícil en nuestra región, y como muchos han observado, en el caso de los que trabajan en el tema de la corrupción, su mayor reto no es tanto la identificación de acciones sino el encontrar formas de funcionar en base a un trabajo de equipo, con compromiso y productividad. Entre otros problemas, todavía muchas de las actividades anticorrupción de la sociedad civil son manejadas por organizaciones y personajes con vínculos partidistas u otros fines oportunistas y que no gozan de mucha credibilidad, una situación que desacredita o siembra sospechas hacia la anticorrupción.

Más activismo en el sector empresarial

Este año la región ha experimentado un creciente involucramiento de sectores empresariales en la lucha anticorrupción. En Guatemala la Cámara de Comercio fue de los principales impulsores del paro nacional del 1ro. de agosto, a través del cuál se demandó al gobierno frenar la corrupción y actuar con mayor austeridad en el gasto público. Las organizaciones empresariales mexicanas están exigiendo una profunda reforma fiscal que contemple en su parte presupuestaria la eliminación de las partidas secretas de las que han gozado históricamente los gobiernos de turno. En noviembre, una cámara empresarial argentina, la Unión Argentina de Proveedores del Estado organizó con la Universidad Nacional de San Martín unas jornadas sin costo dirigido al periodismo en general, con el doble objetivo de capacitarlos en el árido tema del derecho administrativo y económico y a la vez dotar a este sector de la información necesaria sobre cómo se presenta la corrupción y de los tratados existentes a nivel internacional sobre la transparencia.

Además existen otros esfuerzos de gremios empresariales que están promoviendo códigos de ética para su sector, programas de licitaciones transparentes y mecanismos de fiscalización al quehacer gubernamental. Entre estos se encuentran la iniciativa "Probidad" de CONFECAMARAS (Colombia) y la Asociación de Panameña de Ejecutivos de Empresa que propuso este año una "Ley de Transparencia en la Gestión de Gobierno".

La participación del sector empresarial en la lucha contra la corrupción es esencial y estos ejemplos son una inspiración. Sin embargo, con pocas excepciones, este sector no ha mostrado transparencia, prefiriendo mantener en secreto no solamente información sobre sus ingresos, gastos y utilidades, sino también sobre la identidad de sus accionistas y los miembros de sus directivas y sus vínculos con los partidos políticos. Frecuentemente este sector no tiene mucha independencia del partido oficial. Y en muchos casos, además de gozarse del tráfico de influencias, son propietarios de aquellos medios de comunicación que no investigan y exponen con rigor la corrupción en el gobierno y mucho menos en el sector privado.

El sector gubernamental

La norma dentro de los gobiernos, con muy pocas excepciones, sigue siendo la falta de voluntad política para informar debidamente al público de sus decisiones y actuaciones, resistencia a investigar diligentemente los casos de corrupción y a sancionar ejemplarmente a sus responsables y tomar medidas realmente efectivas que evitar que se comentan irregularidades. Típicamente las investigaciones de los entes fiscalizadores - las fiscalías y las contralorías - son lentas, superficiales y conducidas sin mucho compromiso debido a los intereses partidistas. Y si un caso de corrupción llega al Órgano Judicial, usualmente el resultado es la impunidad.

El problema fundamental con la anticorrupción gubernamental es que hay muy pocos funcionarios comprometidos y con el poder de implementar reformas y leyes que puedan minimizar la corrupción. Esta situación es resultado principalmente de los sistemas electorales que debilitan el control de los electores sobre los partidos y que excluyen a las personas más éticas de oportunidades para ocupar cargos públicos. En casi toda la región, los partidos políticos son manejados por cúpulas autoritarias que los aprovechan en beneficio propio. Ellas imponen a los candidatos y cuando son elegidos, les dictan cómo votar en el parlamento o qué proyectos ejecutar en las alcaldías o intendencias. En tal sistema los elegidos son responsables a esas cúpulas y no ante la ciudadanía. Por eso hay muy poca confianza y participación en los partidos políticos, generando apatía, indiferencia y abstencionismo. Y en los países donde es obligatorio ir a votar, la ciudadanía queda aún más resentida con el sistema porque además de no tener razones para votar, tampoco tiene por quien votar.

En conclusión...

Consideramos que en la medida que más y más latinoamericanos se involucren en las iniciativas anticorrupción, la región ira agenciándose buenas y sostenibles experiencias. Pero está presente el enorme obstáculo de que las inmensas mayorías siguen pensando que el Estado no les pertenece, que es algo ajeno, y que los funcionarios son los dueños de las instituciones.

Con tal mentalidad, formada por los sistemas electorales y los partidos políticos que manipulan el Estado a su favor, frecuentemente el problema más grave de la corrupción no son los casos, incidentes y actores corruptos, sino los altos niveles de tolerancia y aceptación social que estos tienen. Por eso, en contraparte, el freno más fuerte, efectivo y duradero contra la corrupción son los ciudadanos indignados e intolerantes hacia ella. Hacia ese fin se deben emprender y reforzar las campañas de concientización que eduquen a los ciudadanos sobre cómo la corrupción perjudica a sus comunidades y sociedades y del grado en que los mismos ciudadanos somos responsables porque esto pase, y cómo todos, sin excepción alguna, podemos adoptar conductas y emprender iniciativas anticorrupción.

En este punto, no se puede dejar de mencionar también el papel de los medios de comunicación. Aunque hay bastantes críticas y sospechas hacia estos, que muchas veces son fundamentadas y bien merecidas, hay que reconocer que ningún otro sector ha contribuido más a exponer la corrupción gubernamental y a presionar a los organismos fiscalizadores y de justicia para que hagan su trabajo. En lugar de desestimarlos, hay que tratar de entender más su problemática y sus limitaciones y encontrar maneras de apoyar a los periodistas y los medios que enfrentan demandas por difamación y otros ataques injustos, aún asesinatos, cada vez que abordan la corrupción.

Entre las responsabilidades que los actores anticorrupción de la sociedad civil y del gobierno tienen hacia los medios están la de buscar, generar y ofrecer información sustancial y útil para alimentar sus investigaciones; abogar por reformas o medidas que garanticen el derecho a la información y la libertad de prensa; y de ofrecerles respaldo cuando sufren agresiones o son ahogados con los cortes publicitarios. En igual forma los periodistas, editores y dueños de medios comprometidos con la anticorrupción deben estrechar sus vínculos con las organizaciones de la sociedad civil y generar relaciones de confianza y de apoyo mutuo.

A pesar de los numerosos obstáculos, la anticorrupción latinoamericana, gracias a las buenas iniciativas de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de los empresarios y de funcionarios honestos, está caminado con paso seguro y en la dirección correcta. Para fortalecerla todos los que actualmente están involucrados en esta causa tienen la responsabilidad de enfocar sus energías en acciones efectivas y que muestren resultados, de forjar alianzas confiables y productivas, y de ganar a través del buen ejemplo la confianza y el involucramiento de sectores más amplios de la sociedad.
Jaime López y Linda Hemby
Co-editores
Revista Probidad
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