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23/02/2007 | Sociedad civil

Rubén Aguilar Valenzuela

El Estado moderno se comprende como integrado por el gobierno y la sociedad civil. Es algo que Antonio Gramsci había ya planteado en los años 20. Estado y gobierno han dejado de ser sinónimos. El gobierno, como parte del Estado, no puede adjudicarse la representación total del Estado e ignorar a la sociedad civil como constructora de lo público.

 

La sociedad civil, también parte del Estado, no debe asumir las responsabilidades que son propias del gobierno, pero tampoco renunciar a participar en el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas, tareas que, en definitiva, sí le corresponden.

La organización de la sociedad civil vive en todo el mundo un periodo de expansión a partir de la década de los 70, pero más claramente de los 80. México no es la excepción aunque, en un principio, su desarrollo se vio obstaculizado por un gobierno que veía amenazado el régimen corporativista creado por él en los años 30.

En un proceso que ya tiene más de 30 años, no sin tensiones y dificultades, el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil han avanzado en su reconocimiento mutuo, en aclarar y delimitar los espacios en los que deben ejercer su responsabilidad y, también, sobre cuáles son las acciones que a cada uno corresponde realizar en el ámbito de lo público. No es poca cosa, pero todavía falta mucho por alcanzar.

Estos avances, sobre todo si nos comparamos con los países más desarrollados, son todavía menores. A la claridad conceptual, a la disposición política de las partes y a los mecanismos que ya se han construido, que ahora permiten una relación claramente institucional, es necesario no sólo seguir avanzando, sino también acelerar el paso.

En este camino se identifican, para el gobierno y la sociedad civil, algunas líneas de acción que pueden elevar y mejorar su nivel de relación. En los órdenes de gobierno: 1. Proponer leyes que amplíen e incentiven la participación ciudadana. 2. Actualizar normas y reglamentos para garantizar la participación ciudadana en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. 3. Destinar más recursos públicos a las actividades de las organizaciones.

En las organizaciones: 1. Dotarse de una mayor capacidad de gestión y solidez institucional. 2. Elevar los niveles de transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos y en la eficacia de su acción. 3. Avanzar en la profesionalización de sus cuadros y en la capacidad de ofrecer propuestas alternativas viables. Común a los dos es: promover una cultura de participación ciudadana en la solución de los asuntos públicos.

El Estado, en el nuevo siglo, tiene que armonizar los mecanismos propios de la democracia representativa con los de una sociedad civil organizada que reclama su lugar en la construcción de lo público. El gobierno y la sociedad civil deben alcanzar más altos niveles de articulación, respetando el espacio de cada quien, que genere una sinergia capaz de llevar al país a nuevos estadios de gobernabilidad democrática y de desarrollo social. De eso se trata. Depende de la voluntad de las partes lograrlo.

Analista político

El Universal (Mexico)

 



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