I. Conceptualización
La auditoría social “es un proceso que permite a una organización evaluar su eficacia social y su comportamiento ético en relación a sus objetivos, de manera a que pueda mejorar sus resultados sociales o solidarios y dar cuenta de ellos a todas las personas comprometidas por su actividad.” [1] La trabajadora social, especialista en Gerencia del Desarrollo Humano, Mery Gallego F., define la Auditoría Social como aquella que “surge como estrategia que permite a las organizaciones evaluar, medir y controlar [2], con fines de mejoramiento progresivo, la gestión de lo social, entendiendo ésta como la aplicación de políticas y prácticas relacionadas con las personas tanto al interior como al exterior de ésta.” [3]

Referencias de Auditoría Social puede encontrarse desde las décadas tempranas del siglo XX, pero su mayor desenvolvimiento ocurre recientemente. El desarrollo de la auditoría social en los últimos años ha resultado en ampliación del beneficio que nos ofrece, convirtiéndose en una medio para el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la corrupción. Es por ello que podemos decir con propiedad que además de evaluar, medir y controlar la gestión social, busca hacerlo sobre la gestión política y de administración pública. Incluye de tal manera, la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil en la auditoría de la gestión pública y se sigue denominando social, por originarse desde la sociedad civil.

La auditoría social va más allá de la simple auditoría financiera y contable. Esta incluye planes, estrategias, proyectos, políticas, procedimientos y practicas ejercidas por la organización o institución auditada. Revisa el sistema de información, contratos y programas, estructura y funcionamiento de las unidades organizacionales, sus productos y servicios, además de los estados financieros, cumplimiento de leyes y regulaciones. De este ejercicio, total o parcial, debe resultar un producto con propuestas de mejoramiento institucional.

La auditoría social entendida de tal manera, con cuyos resultados mejora sus procedimientos y actuación, se considera como un componente importante en varios ambientes.

II. Ambientes 1. Empresarial

Los pioneros de las auditorías sociales fueron las grandes empresas y corporaciones transnacionales privadas. Aries TSE-Reports [4], nos dice que la más representativa y citada es la compañía británica Body Shop International, productora de cosméticos. La Ben and Jerrys Homemade Inc de USA, la cooperativa de consumo italiana Holding, que agrupa a otras 16 cooperativas más. Las auditorías sociales en estas empresas capacitan al personal ejecutivo, administrativo y operario en su accionar para la inclusión, participación y transparencia. Organismos internacionales están buscando difundir y aplicar la Auditoría Social a empresas sociales o de la economía social.

2. Social

El otro ambiente en que se considera importante la auditoría social es en las organizaciones sociales gremiales y de desarrollo socio económico. Solamente que, como en muchas empresas privadas, en estas organizaciones hay bastante resistencia de realizar la Auditoría Social, particularmente por los líderes o dirigentes de las mismas. Debido a que la auditoría social interna conlleva exponer, por parte de la dirigencia a los afiliados, los procedimientos en la toma de decisiones, la distribución y ejecución de presupuestos y el mejoramiento de procesos de control, los dirigentes consideran esto una amenaza a su estabilidad política interna.

Pareciera más fácil realizar auditoría social en organizaciones para el desarrollo, o las denominadas ONGs/OPDs, y en las Fundaciones. Normalmente son organizaciones con estructuras sencillas, lo que puede pensarse en auditorías sociales sencillas. No obstante, la mayoría de ellas mantiene en cuartos obscuros sus manejos internos, excepto para las agencias madrinas que les financian sus proyectos, quienes las obligan a realizar auditorías, más que todo contables. La auditoría social para estas organizaciones debería hacerse y exigirse desde los mismos beneficiarios de los fondos en nombre de quién se solicitan a las agencias financieras. Debe ser esta población la más interesada en que estas fundaciones y ONGs funcionen bien o mejor.

3. Político

El tercer ambiente para la auditoría social es el ambiente político y público. Bajo este ambiente, el concepto se dirige al proceso evaluativo (eficiencia y calidad del servicio), de medición (rendición de cuentas) y control (transparencia), ejercido desde lo externo del Sector Público por la ciudadanía organizada, a la acción y al ejercicio administrativo de un ente privado o público, destinado a producir un servicio de interés social o colectivo, con recursos del Estado y de la comunidad internacional.

Entre otras, las funciones de la Auditoría Social en lo político administrativo son:

1. Velar por el adecuado funcionamiento de la administración pública; por la transparencia y eficacia en todos sus actos.

2. Atender toda denuncia sobre violación al derecho público, al derecho de ser servido con prontitud, eficiencia, sencillez y claridad.

3. Atender toda denuncia sobre violación al derecho humano, a la seguridad económica, a la seguridad e integridad física y moral por parte de agentes del Estado. [5]

4. Solicitar y obtener información sobre los proyectos, planes y acciones concernientes a la inversión pública, las fuentes de inversión y la ejecución de presupuestos destinados al bien público o colectivo.

5. Coordinar con las instancias gubernamentales, privadas, locales, nacionales e internacionales el intercambio de información confiable y clara, para lograr evaluar los resultados de los proyectos y programas de interés público.

6. Contribuir al buen gobierno local, regional y nacional, estimulando a los gobernantes al cumplimiento transparente de sus funciones y sus promesas de campaña y a mantener su legitimidad de autoridad y gobernante.

III. Experiencias En varios países de América Latina se ejerce como un medio idóneo de reducir la corrupción, el crimen organizado, los abusos de autoridad, el mal servicio público, la democratización política y logra fortalecer la gobernabilidad.

Sin pretender agotar el inventario de experiencias ni mucho menos, seguido citamos algunos casos.

Desde hace más de dos años, en México han existido más de 800 Comités Comunitarios considerados como comisiones de control y vigilancia, que ejercen la auditoría social. Estos comités realizan labores de verificación, supervisión, vigilancia y evaluación de los recursos, obras y acciones que se realizan con el Fondo de Desarrollo Social Municipal. Sus funciones consisten en:

Promover y coordinar la participación social en las acciones del control y vigilancia.

Apoya en la realización de una estricta vigilancia física de las obras y de la buena actuación de los servidores públicos.

Orienta a los comités comunitarios en el llenado y utilización de elementos básicos de control, tales como: programa de trabajo, archivos, actas, control de gastos, entrada y salida de materiales, entre otros.

Apoya el funcionamiento del Sistema de Quejas y Denuncias y Atención a la ciudadanía para darle seguimiento a cualquier irregularidad, para que pueda solucionarse a través del propio comité, la Presidencia Municipal, la contraloría General del Estado o Secretaría y Desarrollo Administrativo.

En el mismo México está Causa Ciudadana integrada por ciudadanos de diversas ideologías políticas y distintos estratos socioeconómicos, uniéndolos el interés de coadyuvar en el difícil tránsito hacia la democracia. Cubre más de 60 delegaciones municipales en 20 estados del país.

También en existe el Sistema de Atención Ciudadana (SISAC), donde los ciudadanos tienen acceso a buzones, distribuidos en las oficinas de servicio público, para introducir sus quejas sobre el trato recibido por los funcionarios del gobierno. Esto tiene un carácter menos participativo y de manejo social.

Desde 1989 en Argentina existe lo que se denomina Control Ciudadano. Es una fundación que promueve la participación y la responsabilidad ciudadana. Invita a hacer uso de los derechos constitucionales y promueve el debate sobre las formas en que se puede organizar la participación ciudadana en la vida política, en la educación y en la justicia. Entre los objetivos específicos de Control Ciudadano están:

Comprometer al conjunto de la sociedad en el diseño y ejecución de sistemas de control de la corrupción en el sector público;

Mejorar el sistema de representación a través de la participación de los ciudadanos en los canales ya existentes y creación de nuevas alternativas que mejoren la relación entre representantes y representados; y,

Contribuir a fortalecer las instituciones democráticas a través de la divulgación y activación de mecanismos de fiscalización ciudadana de los actos de gobierno, promoviendo el ejercicio de derechos individuales y colectivos.

Control Ciudadano integra una red nacional de organizaciones no gubernamentales para el cumplimiento de estos objetivos, con una intercomunicación fluida, que les facilita la marcha de actividades conjuntas y la elaboración de políticas nacionales. [6]

En Colombia existen las veedurías, que se han extendido en muchas zonas del país, enfrentando las dificultades de una sociedad en grandes conflictos intestinales y que actualmente se tornan insoportables para la sociedad civil.

IV. Caso Hondureño Seguramente en los demás países del área centroamericana hay valiosas experiencias, que ustedes conocen mejor que el expositor. Por tal razón nos concentraremos en una breve descripción del caso hondureño.

En Honduras, la auditoría social se ejerce por diferentes medios y con distintas denominaciones. En algunos lugares, como Copan, se les conoce como Instancias y Comités de Transparencia, en la zona de Ocotepeque y el Bajo Aguan se conocen como Consejos de Desarrollo Local o CODELES y otras denominaciones. En unas zonas se manejan con una estructura más sencilla que en otras. La denominación y su estructura no tiene que ser estandarizada o uniforme. Lo importante es el cumplimiento de sus funciones.

En los últimos cuatro años, Honduras ha mostrado interés en el ejercicio de auditorias sociales. Algunas ONGs se interesaron en el tema después del Mitch en 1998, pero sin considerarlo como un medio para el desarrollo interno de sus programas y proyectos y sí para aplicarlo a terceros. Adelantándose a las organizaciones sociales, en el ámbito municipal, aun antes del Mitch se manifestaron los primeros esfuerzos prácticos. Una de las primeras experiencias concretas que se dieron, desde una autoridad municipal, fue la creación del Comité Contra la Corrupción del Municipio del Distrito Central en el periodo de gobierno municipal del Dr. Cesar Castellanos (QDDG) [7] Con personalidades reconocidas de la ciudad capital, se integró este comité, que en su corta vida dio los primeros resultados sobre evaluar, medir y controlar desde un grupo de la sociedad civil, las funciones de una administración pública. Inmediatamente después del Mitch se conformó un Consejo Nacional de Transparencia a iniciativas del Foro Nacional de Convergencia (FONAC) [8] pero la iniciativa se abortó, dado el contexto nacional de cooperación internacional durante la emergencia y los intereses creados de quienes gobernaban en ese momento. La transparencia era una amenaza para algunos grupos de poder y la sociedad civil estaba muy debilitada como para forzar el funcionamiento de una Comisión Nacional de Transparencia.

Durante el mismo período de emergencia, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, financió una investigación en una ONG para que evaluara la distribución de la ayuda externa. El Comisionado presentó luego una denuncia sobre posibles hechos de corrupción que causaron un trauma social y político. Aun cuando el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos le llamó Auditoría Social a su gestión, esta no lo era, pues se originó desde un ente contralor del Estado y se ejecutó por una ONG como una consultoría financiada para cumplir tal compromiso. No obstante, el hecho de que la sociedad civil, posteriormente a la denuncia de corrupción se manifestara en solidaridad con el Comisionado de los Derechos Humanos, le dio, por un momento, el carácter de Auditoría Social.

En otra acción iniciada por el mismo Comisionado de los Derechos Humanos, en el Departamento de Copan y posteriormente en Lempira, y por el mismo período de emergencia y reconstrucción, se promovieron las Instancias sociales. Estas son organismos de integración de los diferentes grupos sociales organizados en las localidades rurales. Las instancias han tenido como propósito la auditoría social hacia la gestión municipal. Se convierten en una contraparte ciudadana de la gestión municipal pública. Después de acumulada alguna experiencia, el Alcalde de Santa Rosa de Copan, se adueño de la idea de las auditorías sociales y logró que se constituyera una Comisión de Transparencia Municipal. Esta iniciativa conjunta de la Sociedad Civil y la Autoridad Municipal ha tenido grandes provechos para la gestión del desarrollo municipal de Santa Rosa de Copan. Esta Comisión y su relación estrecha con la alcaldía es algo ya institucionalizado.

Después de esas experiencias, encontramos alrededor de veinte a treinta experiencias desarrolladas en la misma cantidad de municipios en todo el país, con Comisiones de Transparencia Municipal, más otro tanto buscando la manera de constituirse. Estas se han dado de manera esporádica por instancias de las autoridades locales y, en la mayoría de los casos, por esfuerzos internos de la sociedad civil organizada [9]. En zonas como la del Bajo Aguan, en el Departamento de Colón, el proceso comienza por el alto grado organizativo de la población. El largo periodo de la campaña electoral del 2001 contribuye a que se desarrolle una actitud crítica política en muchas de las organizaciones sociales. Tanto en el departamento de Colón como en los departamentos de Francisco Morazán, La Paz y Choluteca, las organizaciones realizan auditorías sociales con los candidatos para alcaldes de los cinco partidos políticos en contienda, llegando hasta la firma de compromisos de ejecución pública durante la futura gestión de gobierno. Este hecho da pie para que ahora, las organizaciones locales de la sociedad civil realicen un seguimiento de tales compromisos.

Hasta ahora, ninguna de estas experiencias ha sido sistematizada como para aprender de ellas, fortalecerlas y replicarlas a nivel nacional. El Comisionado de los Derechos Humanos quiere extender su experiencia de Occidente al ámbito nacional, el Consejo Nacional Anticorrupción y por otro lado el PNUD quieren realizar una sistematización de las experiencias. Lo que se ha conocido son los efectos de sus acciones y lo analizado con mayor profundidad se ha quedado a nivel local, y cuando mucho, dentro del ámbito de una región del país. Si ha existido algún intercambio de experiencias ha sido muy leve, sin incidir en otras latitudes de Honduras y menos fuera de la frontera nacional.

Las condiciones sociales y políticas del contexto nacional están abriendo mayores espacios para la participación ciudadana, para la Auditoría Social, pese a ello, existe el riesgo de que tales espacios no sean ocupados o utilizados adecuada y suficientemente, lo que llevaría al trasto un esfuerzo estructural valioso.

V. Importancia de las Auditorías Sociales Para cualquier persona versada en el mundo político actual es comprensible que las Auditorías Sociales, o como se le denomine en los diferentes ambientes, regiones o países, constituyen un medio a la democratización y su fortalecimiento. Abren paso a la participación ciudadana y con mayor énfasis en la ciudadanía pobre y desprotegida.

Entre las potencialidades que encontramos en las Auditorías Sociales, podemos mencionar las siguientes:

1. Son un medio de participación activa de la ciudadanía.

2. Levanta la auto estima de la ciudadanía al obtener los medios idóneos de hacerse escuchar, tanto en la queja, en la protesta, como en la propuesta.

3. Llena los espacios no cubiertos por los entes contralores del Estado.

4. Son un complemento de investigación, evaluación y control para los entes contralores del Estado.

5. Con una visión integradora, contribuyen al mejoramiento económico, social y político de las comunidades.

6. Fortalecen las organizaciones de la sociedad civil.

7. Contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad.

Notas:

1. New Economics Foundation, Simon Zadek et Peter Raymard and Institute for Social Ethical Accoutability, Claudia Gonelli.

2. El subrayado es nuestro.

3. El Balance Social como Herramienta de Auditoría Social Organizacional, Mery Gallego, pag.28.

4. www.poptel.org.uk/aries/tse-reports/archive/msg00075

5. Art. 68 de la Constitución Hondureña: Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral.

6. www.chorlo.cpel.uba.ar/°podciud

7. Este modelo se ha retomado recientemente por el nuevo gobierno de la ciudad Capital.

8. La iniciativa no fue aceptada por el Gobierno Central de ese entonces.

9. Estos esfuerzos son notorios en la zona occidental y en unos 8 municipios del valle del Aguan.

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Marlin Oscar Ávila. Economista, consultor independiente, especializado en políticas de desarrollo, articulista y columnista. Estudió ciencias de desarrollo económico en la Universidad de East Anglia, Nowrich, Inglaterra. Hizo un diplomado en desarrollo socio económico cooperativista en Cody, Universidad de Sant Francis Javier, Nova Scotia, Canadá. Ha servido como Oficial en organismos gubernamentales como no gubernamentales de países como Canadá, Inglaterra y Suecia. Ha sido consultor de organismos multilaterales como BID, UNICEF, WFP y PNUD. Ha hecho investigaciones periodísticas para la CBC y Sunday Thelegraph. Tiene investigaciones sobre el sindicalismo cristiano latinoamericano (1981); la situación laboral en las maquilas (1995-97); incidencia de las ONGs; participación y descentralización política; iniciativas contra la corrupción; crimen contra la niñez, e investigó las iniciativas contra la corrupción durante el período democrático (1982-2001). Es consultor asociado del Centro de Documentación de Honduras y de la Red de Desarrollo Sostenible. Es coautor de varios libros relacionados a la incidencia política, gobernabilidad, anticorrupción y transparencia. Coordina el foro de discusión intelectual sobre Sociedad Civil, por el medio cibernético (RDS), desde marzo de 2001. Ha contribuido en los foros sobre ciberneticos como "el desarrollo rural" y otros.