Recientemente, personeros del Gobierno han opinado que en las relaciones con la Iglesia Católica, ésta debe ser tratada como una asociación u organización de derecho privado, como corresponde, como con las otras religiones, o como una ONG, supongo sin fines de lucro, ya que la relación de derecho público corresponde sólo a asuntos que competen al Estado, y la religión la profesan las personas, no el Estado.
Sin embargo la comparación va por lo bajo, porque la Iglesia involucra entre sus instituciones operativas a cerca de 200 instituciones del tamaño de una ONG o más, que viven bajo el manto sagrado del artículo 3º de la actual Constitución Política del Estado (CPE), que dice: ´El Estado reconoce y sostiene la Religión Católica…”. La reconoce como ¿propia o necesaria? y la sostiene, es decir ¿debe mantenerla? ¿Es la religión católica, la religión del Estado?, o ¿es la religión oficial de Bolivia? Entonces, ¿por qué persona jurídica de derecho público?
Estos aspectos deben quedar claros en la nueva CPE, ya que actualmente bajo este mandato, el Estado más pobre sostiene a la religión más rica del mundo, paga al clero (350 religiosos), a los capellanes del Ejército y la Policía, no paga impuestos de sus bienes y servicios, cerca de 4.500 maestros de religión catequizan para la Iglesia pagados por el Estado, la torta de las 1.000 escuelas de convenio, liberación de impuestos a sus instituciones operativas, entre ONG católicas, órdenes y congregaciones religiosas, institutos, sistemas de radio, sistemas de televisión, sistemas de educación, las cientos de escuelas de Fe y Alegría, Escuelas de Cristo, varias pastorales y muchísimo más.
La Iglesia es más que una institución privada, es un súper Estado dentro del Estado boliviano, usurpando sus funciones, según dice José Gramunt (La Razón, 28 febrero 2007): porque el Estado no cumple con sus obligaciones fundamentales, como: la salud, la educación, la asistencia social y otras.
La Iglesia jamás aceptará otro trato. Mientras el 60% de los niños bolivianos (la gran mayoría indígenas) se acuestan con el estómago vacío, son extremadamente pobres, viven en la marginalidad, con escaso acceso a los servicios de salud, a la educación y a una vivienda dignas, pese a que la Iglesia dice que suple al Estado cuando éste no cumple. La Iglesia prefiere los cómodos programas urbanos y no los rurales. Paradójicamente, pregona el sempiterno y controversial discurso de ´caridad con los pobres´.
El sometimiento religioso mantenido desde la Colonia es demasiado oneroso para el Estado, que requiere recursos para atender a los pobres con los que tiene una gran deuda social por su eterna marginación. Con los sueldos de los 4.500 maestros de religión se podría mejorar rápidamente la educación en el área rural, se podrían crear cerca de mil escuelas, con 4 ó 5 maestros cada una. Una decisión como ésta lograría un beneficio inmediato para miles de niños bolivianos condenados a la eterna marginación, pero no por caridad con los pobres, sino por justicia social. El analfabetismo y el bajo nivel educativo afectan a más de 4 millones de bolivianos, principalmente niños y mujeres. Ésta es la mayor limitante social para el desarrollo del país y obviamente para el de estas familias pobres. La pobreza en Bolivia se incrementó en 30% en los dos últimos años, según la Organización de Naciones Unidas (8 noviembre 2006).
Sin embargo, para tranquilidad de la Iglesia Católica, por la CPE, el Estado no puede ser antirreligioso, no puede prohibir ni combatir ninguna religión, pero para dignificar la democracia, el Estado debe mantener imparcialidad y equilibrio, no debe apoyar y menos promover religión alguna.
