El desprecio que el presidente Néstor Kirchner ha demostrado por el orden republicano, sumado a la humillación que está sufriendo la Argentina al dejar que un déspota como Hugo Chávez maneje la política interna del país (al punto de organizar un acto en Ferro para atacar a George W. Bush), más la constante reivindicación que hace el Gobierno de la violencia terrorista de los 70, entre otros hechos, están generando una creciente demanda de amplios sectores de la sociedad para que la oposición construya una alternativa fuerte para las elecciones de octubre.

Lo que percibe la gente es que el rumbo político que ha tomado la Argentina es el de una creciente restricción a los derechos civiles, manipulación política, persecución de los que piensan diferente y demás actitudes lisa y llanamente autoritarias. Es como cuando la gente dice que le tiene miedo a la policía. Si la policía fue creada para defender a los ciudadanos honestos del accionar de los delincuentes, se transforma en un hecho grave que la gente le tema a quienes deben defenderlos de los delincuentes. Con el gobierno pasa lo mismo. Si el aparato de compulsión y coerción no es utilizado para defender la libertad de las personas y hacer cumplir los contratos, sino que se lo usa en beneficio del gobierno de turno para atemorizar a los ciudadanos con el objetivo de perpetuarse en el poder mediante el miedo, no sólo se destruye el sistema republicano de gobierno, en el mediano plazo también se destruye la democracia como mecanismo pacífico de cambiar los gobernantes.

Desde mi punto de vista, el mayor dilema de la oposición no pasa tanto por la bomba de tiempo económica que ha activado el Gobierno, sino por algo más grave: evitar que la libertad quede anulada bajo el peso de la hegemonía política.

Quienes sostienen que un amplio espectro del arco opositor tiene que juntarse para evitar el rumbo político que sigue Kirchner piensan que la prioridad es frenar esta desvergonzada carrera hacia el autoritarismo. Una visión que, obviamente, comparto.

Por otro lado están los que perciben el riesgo del creciente autoritarismo, aunque consideran que un simple rejunte político no es una solución al problema por más que permita ganar las elecciones, ya que la falta de acuerdo sobre ciertos principios básicos podría hacer naufragar rápidamente una victoria electoral y dar paso a un posterior mayor autoritarismo. Según este punto de vista, las diferencias internas de un grupo tan heterogéneo harían imposible gobernar con eficiencia.

Para poner algunos nombres y apellidos: ¿tendría éxito en el gobierno una coalición que incluyera a Mauricio Macri, Ricardo López Murphy, Roberto Lavagna y Elisa Carrió? Supongamos que estos cuatro candidatos se pusieran de acuerdo sobre ciertos puntos básicos de defensa de los valores republicanos. ¿Cuál sería el resultado económico de una coalición que piensa diferente en materia de política económica? ¿Es un atractivo para el electorado el tema de las instituciones o la mayoría de la gente pone en primer lugar la bonanza económica y deja en un segundo plano la cuestión institucional?

Por otra parte, crear un partido testimonial que defiende ciertos valores pero sin chances de llegar al poder no luce práctico. En ese caso, sería preferible que vuelquen sus esfuerzos en difundir ideas desde fundaciones, ateneos o medios de comunicación, entre otras posibilidades. Porque, finalmente, la oposición al autoritarismo también se puede llevar a cabo desde fuera de la política.

Tomemos el caso de Lavagna. El hombre participó en los gobiernos de Duhalde y Kirchner y tuvo la habilidad de saltar del barco antes de que el problema inflacionario se acelerara. Quedó así como el economista que renegoció la deuda pública, la actividad económica se mantuvo en alza durante su gestión y la inflación todavía no se había desbordado. ¿Tendría éxito económico Lavagna en el largo plazo bajo un gobierno no autoritario, o los desbordes que hoy muestra la economía serían los mismos?

Elisa Carrió levanta el estandarte de la moralidad en los actos de gobierno. Me parece perfecto y suscribo la postura. Ahora bien, ¿cómo se reestablece la moralidad pública? ¿Cambiando las personas o modificando el sistema, estableciéndole límites al Estado para que no avance sobre los derechos individuales y los políticos no abusen del monopolio de la fuerza que les fue otorgado para defensa de las libertades?

Mi impresión es que un amplio espectro del arco opositor puede unirse y tener éxito si previamente se ponen de acuerdo sobre ciertos principios básicos que todos van a respetar. La idea sería que esos principios básicos no sólo permitan frenar el proyecto autocrático de Kirchner, además deben lograr un cierto grado de éxito en la gestión de gobierno que haga que la gente deseche todo nuevo proyecto autoritario basado en el descontento de la población. En otros términos, no sólo hay que ganar las elecciones, también hay que eliminar el caldo de cultivo que da lugar al surgimiento de demagogos autoritarios. Cuando la gente padece pobreza y miseria, acepta fácilmente los cantos de sirena de los enemigos de la libertad, quienes aprovechan ese descontento para ganar las elecciones.

¿Cuáles podrían ser esos principios básicos que el arco opositor debería suscribir sin reservas?

1) Limitar el poder del Estado para evitar los gobiernos autoritarios, eliminando, por ejemplo, la utilización de los decretos de necesidad y urgencia como forma de legislar.

2) Integrar política y económicamente a la Argentina al mundo para anclar las instituciones a las reglas de juego que imperan en los países que crecen. Las humillantes condiciones que Chávez le está imponiendo a nuestra Nación a fuerza de sus petrodólares son un ejemplo de lo que no hay que hacer.

3) Reemplazar la actual política económica basada en los privilegios y prebendas, que en lugar de empresarios genera cortesanos sumisos a la chequera del gobierno, por una economía de mercado en la cual el que quiera obtener ganancias deberá invertir para ganarse el favor del consumidor y no el del funcionario público.

4) Establecer un verdadero sistema federal. Esto implica sancionar una ley de coparticipación federal que independice a los gobernadores e intendentes de la chequera del gobierno central.

5) Eliminar la arbitrariedad con que el Poder Ejecutivo puede manejar los fondos públicos gracias a los superpoderes. El Parlamento tiene que volver a cumplir la función de controlar al Ejecutivo.

6) Sancionar con toda severidad los abusos en que incurren los funcionarios públicos intimidando a los productores para dibujar los índices de precios.

7) Reducir la corrupción mediante la limitación de los poderes del Estado para redistribuir patrimonios e ingresos a su antojo.

8) Crear un marco de respeto por las reglas de juego que atraiga las inversiones en el sector real de la economía como forma de sentar las bases del crecimiento de largo plazo.

Seguramente este listado necesite de modificaciones, agregados y aclaraciones. La idea central, sin embargo, es que todo acuerdo electoral para frenar el autoritarismo tiene que cumplir dos requisitos básicos: recuperación de una democracia republicana y reglas económicas que mejoren de tal manera la calidad de vida de la población que ésta entienda que es posible progresar dentro de una democracia republicana.

El desafío es grande, pero si otros países pudieron lograrlo, ¿por qué nosotros no vamos a poder?

Roberto Cachanosky es Profesor titular de Economía Aplicada en el Master de Economía y Administración de ESEADE, profesor titular de Teoría Macroeconómica en el Master de Economía y Administración de CEYCE, y Columnista de temas económicos en el diario La Nación.