Le hice estas preguntas a varios analistas internacionales que siguen de cerca los acontecimientos en Ecuador. Antes de ver lo que dijeron, y mi propia opinión al respecto, recapitulemos rápidamente las últimas noticias.

Correa, un sonriente seguidor del presidente populista izquierdista venezolano Hugo Chávez, no ha engañado a nadie: hizo campaña para la presidencia diciendo que era un admirador del chavismo, y que - al igual que sucedió en Venezuela y está sucediendo en Bolivia -se proponía convocar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, y reemplazar al desacreditado Congreso de su país.

Sin embargo, dependiendo a quien uno escuche, Correa o el Congreso han roto el estado de derecho en el conflicto entre ambos poderes. El Congreso, controlado por la oposición, accedió a convocar a un plebiscito para la Asamblea Constituyente, pero especificando que la nueva asamblea no podría disolver al Congreso. Correa se hizo el distraído, y mantuvo la claúsula según la cúal la nueva Asamblea Constituyente podrá cerrar el Congreso.

A partir de ahí, todo ha sido un caos: en una jugada de dudosa legalidad, el Congreso ordenó la destitución del presidente del máximo tribunal electoral. En una movida aún más cuestionable, el jefe del Tribunal Electoral - en lugar de simplemente desconocer la orden del Congreso - ordenó la destitución de 57 legisladores de oposición, que representan a más de la mitad de los 100 miembros del Congreso.

Desde entonces, el gobierno ha alentado a que congresistas suplentes tomen los lugares de los legisladores destituídos, generando acusaciones de la oposición de que suplentes han sido sobornados. Mientras tanto, turbas progubernamentales y la policía han impedido el acceso de los legisladores destituídos al Congreso, y a principios de esta semana un juez de Guayaquil ordenó dejar sin efecto el despido de los 57 legisladores titulares. (Si usted está confundido con todo esto, no se preocupe: ni los propios ecuatorianos lo entienden).

Los críticos dicen que Correa, que tiene una popularidad de casi el 70 por ciento, está tratando de imponer su Asamblea Constituyente mediante turbas alentadas por el gobierno, intimidación y corrupción. Sus simpatizantes dicen que simplemente está compliendo con lo que prometió en su campaña electoral.

Pete Romero, un ex jefe de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos y ex embajador de su país en Ecuador, me dijo que la legalidad de las medidas de Correa ``es en el mejor de los casos dudosa''.

''Cosas como deshacerse de 57 legisladores que no comulgan con él y después mandar a la policía para prevenir que tomen sus bancas es definitivamente una página tomada del libro de Hugo Chávez'', dijo Romero. ``Correa obviamente quiere consolidar todos los poderes en el Poder Ejecutivo''.

Michael Shifter, un experto en América Latina con el grupo Diálogo Interamericano en Washington DC, me dijo que lo que está pasando en Ecuador no es nada nuevo: varios de los recientes presidentes y líderes del Congreso han jugado a su antojo con las leyes. Ecuador ha tenido ocho presidentes en la última decada, y la mayoría de ellos fueron destituidos mediante artilugios de dudosa legalidad.

Lo que Correa está haciendo es de dudosa constitucionalidad, pero es muy difícil sorprenderse por jugadas de dudosa constitucionalidad en Ecuador'', dijo Shifter.

Luis Lauredo, un ex embajador de Estados Unidos ante la Organizacion de Estados Americanos, coincide en que jugar con las leyes ha sido un deporte nacional en la políticaecuatoriana.

''La diferencia ahora es que quizás no estemos viendo un simple cambio de presidentes, sino un profundo cambio en el sistema'', dijo Lauredo. ''La gran pregunta es si Ecuador está en camino de convertirse en un gobierno autoritario electo''.

Preguntado al respecto, Dante Caputo, un alto funcionario de la OEA y ex canciller de Argentina, me dijo que no podía comentar especificamente sobre Ecuadora. Pero dijo que, en general, América Latina debería ''ampliar la interlocución'' de la Carta Democrática de la OEA, que actualmente sólo permite que los presidentes -y no otras ramas del gobierno - soliciten la mediación de la OEA cuando hay quiebres del estado de derecho.

Mi opinión: estoy de acuerdo. La nueva moda establecida por Chávez de que los nuevos presidentes usen su poder -y los recursos estatales- para cambiar las constituciones y buscar poderes absolutos debería dar lugar a una revisión de la Carta Democrática de la OEA, cosa de que todos los poderes -el Congreso incluido- puedan invocarla.

De otra manera, la democracia en la región va a seguir devaluándose cada vez más, y el mundo seguirá observando el espectáculo con cada vez más apatía.