Sostuvo Felisa Miceli, la ministra de Economía, la semana pasada que: “Todas las políticas que se aplican en cualquier lugar del planeta, en cualquier economía, todas tienen costos... Hemos elegido una que tiene algunos costos, que tiene desafíos que debemos superar como las presiones inflacionarias”.

Realmente, es sorprendente la precariedad del pensamiento económico que impera en el Gobierno. Creer que las presiones inflacionarias son el costo que hay que pagar por crecer no sólo es contradictorio, porque la inflación distorsiona los precios relativos y frena el crecimiento, sino que, más grave aún, significa sostener abiertamente que el costo de aumentar el nivel de actividad lo tienen que pagar los sectores de menores ingresos (asalariados y jubilados) dado que la inflación es el más regresivo de todos los impuestos ya que se aplica sobre los activos monetarios no remunerados.

Los sectores de menores ingresos tienen escasa o nula capacidad de ahorro, esto significa que el salario devengado en el mes paga plenamente el impuesto inflacionario. Por lo tanto, lo que nos está diciendo Miceli es que el Gobierno eligió castigar a los más pobres para sostener el crecimiento, concepto también equivocado dado que hasta ahora lo que puede mostrar el Gobierno es un proceso de reactivación y no de crecimiento.

Tampoco aclara Miceli por qué razón hay que pagar el costo inflacionario para crecer. El crecimiento significa inversiones, más eficiencia en la economía y, por lo tanto, mayor productividad, más oferta de bienes y servicios, más competencia y mayores alternativas de elección para el consumidor entre precio y calidad. Lejos de reducir la oferta de bienes y servicios, el crecimiento implica aumentar la oferta y, salvo que la ministra haya inventado una nueva teoría de la oferta, lo normal es que cuando ésta crece los precios bajan.

Tal vez la ministra podría argumentar que la demanda crece más rápido que la oferta, aunque, siempre recordando a Juan Bautista Say, la oferta crea su propia demanda, es decir, antes de poder demandar hay que ofrecer. En consecuencia, ¿cómo puede ocurrir este desbalance?

También podría sostener que el mayor crédito al consumo tira los precios hacia arriba. Pero, si esto ocurriera, la forma de solucionarlo consistiría en aumentar la oferta mediante la apertura de la economía. Dicho en otras palabras, si los precios de los productos nacionales suben, se importan más bienes y los precios internos tienen que bajar.

Claro, como el Gobierno utiliza el tipo de cambio alto para proteger a los productores locales, esta última alternativa está descartada dado que, en última instancia, lo que se está haciendo es asegurarles a los productores locales un mercado cautivo.

El problema es que, si el Gobierno reconociera este privilegio que le está dando a los productores locales, Miceli debería corregir su discurso de la semana pasada cuando sostuvo que la Argentina “apuesta por una mayor inversión en capital y una presencia del Estado en la vida pública sin estar al servicio de intereses sectoriales o individuales”.

Al establecer un sistema de protección tan fuerte, se está aplicando una política económica a favor de intereses sectoriales que son los protegidos por el Gobierno, dado que les asegura un mercado sin competencia. Por otro lado, eso de que el Gobierno está apostando a mayor inversión en capital es una muestra que Miceli tiene bastante atrasada su lectura en materia de economía, dado que hay toneladas de escritos que demuestran la relación que existe entre calidad en las instituciones e inversión. Mucho se ha desarrollado este tema en las últimas décadas, por lo que sorprende que Miceli lo desconozca.

Creer que el crecimiento se limita al campo de la economía y es un compartimiento estanco de la seguridad jurídica implica desconocer lo que existe detrás de una simple curva de oferta y demanda.

Del discurso de la ministra surge que sus conocimientos económicos se limitan a la formalización de algún modelito matemático que da por supuesto, o directamente ignora, la calidad de las instituciones. Las afirmaciones de Miceli se asemejan mucho a los simplificados modelos matemáticos que se enseñan en la facultad. Es decir, son modelitos de ingeniería social muy superficiales que la ministra parece haber tomado como ciertos, cuando esos modelitos sólo pretenden explicar los primeros palotes del funcionamiento de la economía.

Sin embargo, lo más sorprendente del discurso de Miceli fue cuando sostuvo que la Argentina apuesta al “desendeudamiento”, palabra usada para no decir directamente que se quiere cancelar la deuda. Como decir que el Estado va a pagar la deuda no entra en el discurso progre, inventaron la palabra “desendeudamiento”.

Volvamos a la afirmación de la ministra. ¿Cuál era la deuda en diciembre de 2001 cuando Adolfo Rodríguez Saá declaró alegremente el default? Llegaba a los U$S 144.453 millones. ¿Cuál es la deuda pública en la actualidad, luego de haber hecho una quita del 75% del capital? Si no se incluye la deuda no presentada al canje, llegamos a los U$S 130.000 millones al 30 de septiembre pasado. Sólo U$S 15.000 millones menos que cuando fuimos al default. Si se incluyen los U$S 25.000 millones no presentados al canje, el stock de deuda actual supera en U$S 10.000 millones la deuda al 31 de diciembre de 2001. ¿De qué desendeudamiento nos estará hablando la ministra?

Encima, el 42% del stock de deuda está en pesos ajustado por CER, lo que constituye una bomba de tiempo que va a explotar cuando se agote el maquillaje que el Gobierno le aplica al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

A diferencia de otros ministros que estuvieron en la función pública, Miceli es irrelevante en lo que hace a las expectativas de los agentes económicos. Su función se limita a ocupar formalmente el cargo de ministro de Economía, pero sin ejercerlo en los hechos. Miceli no tiene peso propio para generar expectativas, ni positivas ni negativas. Se limita a expresar los pensamientos de Néstor Kirchner, de manera que lo limitado de su discurso confirma una vez más la gravedad de la situación, dado que quien en definitiva debe formular las políticas públicas de largo plazo deja traslucir a través de los discursos de su subordinada una profunda limitación intelectual.