Los gobiernos que se inspiran en estas premisas terminan perjudicando a aquellos a los que dicen proteger.

Durante los años 90 América Latina estuvo a la cabeza del mundo en desarrollo en la venta de activos propiedad del Estado. Empresas de servicios públicos oficiales pasaron a manos del sector privado en aras de mayor eficiencia, objetivo que se alcanzó en la mayoría de los casos. Al cabo de dos décadas, los datos corroboran que la privatización ha contribuido a mejorar considerablemente la rentabilidad de esas empresas, y la calidad y cobertura de los servicios que prestan.

Entonces, ¿por qué dos de cada tres latinoamericanos piensan que las privatizaciones fueron ruinosas? Quizá parte de la respuesta sea la nube de corrupción que flota sobre algunos de los casos más sonados de capitalismo entre compinches. Y otra parte de la culpa le corresponde al desempleo, ya que se perdieron empleos una vez que las compañías privatizadas comenzaron a seguir criterios económicos en vez de cálculos políticos al tomar sus decisiones empresariales.

Algunos gobiernos han reaccionado al descontento generalizado con la privatización descartando lo bueno junto con lo malo. En vez de considerar cada caso particular, han decidido reinstaurar el control estatal sobre los servicios públicos y las industrias claves. Venezuela acaba de nacionalizar todo el sector eléctrico y CANTV, la empresa nacional de telecomunicaciones, y a comienzo de este año Bolivia reasignó el manejo del sistema de acueductos de La Paz que desde 1997 manejaba una compañía extranjera.

Antes de dejarse arrastrar por esta corriente, a los gobiernos les convendría revisar cuidadosamente los hechos. Si lo hacen, descubrirán que, a fin de cuentas, las privatizaciones han sido, de hecho, más beneficiosas para los pobres. Si bien las empresas de servicios públicos privatizadas aumentaron los precios, también ampliaron su cobertura, incluyendo a hogares pobres. Las investigaciones confirman que en una serie de casos en América Latina la gente de bajos ingresos se ha beneficiado.

En Perú, la privatización de los sectores eléctrico y de telecomunicaciones ha sido una bendición para las zonas rurales. La gente ha podido economizar tiempo que ahora puede destinar a labores no agrícolas o al esparcimiento, porque ahora disponen de un suministro eléctrico más confiable. El gobierno exigió a la compañía telefónica privatizada, Telefónica del Perú, que instalara cabinas públicas en pueblos seleccionados al azar. En comparación con los sitios donde no se instalaron cabinas, los pueblos que tuvieron la suerte de contar con ellas gozan de un aumento en sus ingresos. Es cierto que este beneficio resulta de una exigencia del gobierno, pero el Estado, cuando estuvo al frente de la compañía telefónica, no pudo o no quiso prestar ese servicio.

Más impresionantes aún son los beneficios de las privatizaciones en el campo de la salud. En Buenos Aires la privatización permitió que muchas zonas marginales, cuyos habitantes dependían de agua de dudosa calidad distribuida por camiones cisterna o tomada de riachuelos, recibieran agua potable por tubería. Gracias a eso disminuyó la incidencia de diarrea en esas zonas. La privatización de las compañías eléctricas mejoró el servicio eléctrico, los refrigeradores empezaron a funcionar mejor y se evitó la descomposición de los alimentos, lo que a su vez disminuyó los niveles de nacimientos con bajo peso y mortalidad infantil.

Por el contrario, desde que el gobierno de Argentina volvió a nacionalizar el servicio de agua en Buenos Aires en marzo pasado, casi se ha duplicado el número de quejas por mal servicio de los clientes, según informan los medios y grupos de observadores. Las reparaciones se toman dos o tres veces más tiempo que cuando era un consorcio privado el encargado de manejar el sistema. Según una asociación de derechos de los consumidores, hasta la línea de emergencia para quejas llegó a quedar fuera de servicio en un momento.

Los líderes de América Latina que piensan en volver a nacionalizar los servicios básicos deberían preguntarse a quiénes desean ayudar de verdad. Y de paso, también deberían preguntarle a los ciudadanos de sus países si están dispuestos a renunciar a sus teléfonos celulares, a padecer racionamientos de agua o a vivir con apagones. Ese puede ser el costo de darle marcha atrás al reloj.

Alberto Chong es investigador principal en Economía del Banco Interamericano de Desarrollo Florencio López de Silanes es profesor de Finanzas en la Facultad de Negocios de Amsterdam.