A pesar de sus consecuencias positivas, los procesos de integración en Centroamérica han contribuido a extender la delincuencia y el crimen organizado en la región. Sin embargo, ese escenario abre también la posibilidad —cuando no la obligación— de abordar la inseguridad con base en programas integrales que enfaticen en la prevención y en la participación de todos los sectores de la sociedad.

En los últimos años los países de Centroamérica han entrado en un proceso de integración acelerado, acentuado con la firma del RD-CAFTA, en el que se pueden observar dos caras de una misma moneda: iniciativas económico-sociales que apuntan al desarrollo de la región; junto con un efecto perverso: la diseminación indiscriminada de la inseguridad.

De esta manera, al lado de los beneficios que reporta la regionalización, en muchos países no sólo ha aumentado la delincuencia común, sino que también se ha fortalecido el crimen organizado, han aumentado las pandillas juveniles, y se han hecho más elaboradas prácticas delictivas tales como el tráfico de drogas ilícitas, el tráfico y la trata de personas, y el tráfico de armas. Un escenario que constituye uno de los mayores problemas de Centroamérica.

El caso del crecimiento y fortalecimiento de las pandillas juveniles que se ha producido en los últimos años ilustra con claridad esta situación.

Las maras salvadoreñas, como la Barrio 18 y la Salvatrucha, son fruto de los procesos de deportación de jóvenes delincuentes que llegaron a Los Ángeles a finales de los años ochenta y que adaptaron la cultura de las pandillas locales como su nuevo modus vivendi. Al llegar a su país de origen, después de un proceso de deportación que no significó abandonar sus contactos delincuenciales en Estados Unidos, aprovecharon esa “escuela” para organizar y fortalecer bandas criminales que no reconocen fronteras para sus actividades.

A este escenario se suma un claro debilitamiento institucional y falta de voluntad política en los países de la región, que no les ha permitido asumir el problema de seguridad a través de una política de Estado, en la que se involucren las diferentes entidades encargadas del orden, se le dé una mayor participación a la sociedad, y se ofrezcan soluciones integrales de largo plazo.

Los sistemas policiales en algunos de esos países presentan además problemas de corrupción, y de poco respeto a los derechos humanos, lo que conlleva a una falta de confianza por parte de la ciudadanía hacia las organizaciones que los representan. Más aún, las reformas policiales iniciadas en algunos países no han sido suficientes para disminuir los altos índices de violencia. Sabemos hoy que programas enfocados únicamente en la represión del delito no han funcionado.

Porque más allá de declarar el estado de sitio, lo que se requiere es poner al Estado en su sitio. Es decir, desarrollar desde el nivel más alto de gobierno una firme voluntad para atacar el problema de inseguridad, asignando recursos locales, y enfocando el problema con una concepción integral, con la participación de todas las instituciones del Estado y de la sociedad civil.

En América Latina se han hecho varios intentos en los últimos años para resolver los problemas de inseguridad. Sólo aquellos que han impulsado programas integrales y democráticos, buscando la presencia estatal en todo el territorio nacional y con base en el respeto y la protección de los derechos humanos, han tenido algún éxito. Tal es el caso de programas nacionales como el Plan de Seguridad Democrática que está actualmente implementando el Gobierno de la República Dominicana, y de otros que se han llevado a cabo a nivel local y que contemplan medidas preventivas y proactivas, como las desarrolladas exitosamente en Bogotá, Colombia, y en Minas Gerais, Brasil. Estas lecciones deben ser objeto de estudio y seguimiento de otros países.

*Eduardo A. Gamarra y Diana Pardo
son, respectivamente, Ph.D. director de Newlink Research y director del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, en la Universidad Internacional de la Florida, FIU,  y Ph.D. consultora de Newlink Political.