El presidente Álvaro Uribe sigue impoluto. Pero debe cumplir su promesa de llegar hasta el final, pues tras las últimas revelaciones o acusaciones, el país andino está ansioso de conocer toda la verdad sobre unos hechos sumamente oscuros.

El último episodio lo han provocado las declaraciones ante los fiscales de Medellín, donde está detenido, del ex jefe de los paramilitares Salvatore Mancuso, al acusar al vicepresidente Francisco Santos de haberle sugerido crear un frente de ultraderecha armada en el centro del país, y especialmente en Bogotá, y al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, de pedir ayuda para "tumbar" al entonces presidente Ernesto Samper.

Mancuso ha hablado de los contactos entre los paramilitares y miembros del actual Gobierno en los noventa, que eran conocidos, aunque en tiempos se explicó que el famoso Pacto de Ralito, de 2001, suscrito entre los paramilitares y un grupo de políticos al margen del entonces Gobierno de Andrés Pastrana, tenía como objetivo refundar el país. Según lo que empezó a salir a finales de 2006 y de hacer caso a Mancuso, fue mucho más allá.

También han salido a la luz las escuchas telefónicas de la policía nacional sobre políticos de la oposición, periodistas y hombres de negocios, lo que ha obligado al presidente a cambiar a los generales que encabezaban esta fuerza y su servicio de inteligencia. A su vez, la Corte Suprema ha ordenado la detención de cinco congresistas, y 14 ex legisladores y antiguos funcionarios, por estas connivencias, mientras un gobernador se ha entregado.

La lucha sucia contra la guerrilla izquierdista FARC ha engendrado un monstruo. La afirmación de Mancuso de que "desde arriba" se fomentó el "paramilitarismo" debe ser investigada a fondo por la fiscalía, tanto en lo que se refiere a políticos como a militares que defendieron el ideario derechista de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Algunas fosas comunes de personas asesinadas en masa por ellas están siendo descubiertas.

Que el paramilitarismo llegara a convertirse en "política de Estado" es un error que está empezando a cobrarse un precio. El presidente Uribe ha salido en defensa de la "consistencia moral" de sus colaboradores. No bastan ya las palabras para explicar lo ocurrido y garantizar que las AUC no se hayan reproducido bajo otras formas a la sombra de la corrupción. Limpiar todo esto, apaciguando el país, es la gran tarea que aguarda a Colombia.