Desvío de fondos, pagos no reportados a los sindicatos, falseo de información financiera… en todo el mundo, el sector petrolero se presta para muchas irregularidades.

En este caso, se trata de una omisión ocurrida durante el periodo de Bill Clinton al frente de la Presidencia de Estados Unidos, en los años 1998 y 1999, denunciada por legisladores y la opinión pública.

Y ese “pequeño” error podría significar que el gobierno del país vecino deje de cobrar hasta diez mil millones de dólares durante los próximos cinco años por concepto de regalías por el petróleo y gas extraído a través de arrendamientos federales.

Como arrendamientos se les conoce a las porciones de terreno o bloques que se encuentran dentro de la plataforma continental y de las aguas territoriales que el gobierno estadunidense concesiona por un periodo determinado a las compañías petroleras para que lleven a cabo sus actividades.

En el ojo de la tormenta se encuentra

Johnnie Burton, directora general del Servicio de Administración de Minerales (MMS por sus siglas en inglés), a quien se acusa de no haber actuado sobre anomalías contractuales detectadas en ese periodo, y sus acusadores han demostrado que tenía conocimiento de ellas.

Pero la funcionaria, que declaró ante legisladores estadunidenses haberse enterado de las irregularidades hasta el año 2006, y que rechazó una entrevista con Excélsior, ya se va.

Fue nombrada en el cargo en 2002 por el presidente George W. Bush, y algunos reportes de las investigaciones que se desencadenaron a raíz del escándalo indican que la funcionaria supo del error desde 2004.

Hoy será el último día en que Burton se presente a laborar en sus oficinas del MMS, ya que a partir del viernes entra en vigor su renuncia, para, de acuerdo como lo expresó al Departamento del Interior, dedicarse a su familia.

Los principales detractores de las políticas recientes del MMS, como es el caso del abogado Richard T. Dorman, han denunciado que el gobierno estadunidense no se ha esforzado para esclarecer los hechos.

Y para el defensor de un grupo de ciudadanos que demandó a Chevron por pagar una menor cantidad de regalías, si no se actúa al respecto, muchas otras empresas petroleras dejarán de pagar lo que les corresponde.

Las compañías energéticas pagan al gobierno de Estados Unidos regalías de entre 12.5 y 16.67 por ciento sobre el valor del crudo y el gas natural que extraen.

El error en los contratos emitidos entre 1998 y 1999, correspondientes a proyectos para desarrollar en el Golfo de México, consistió en la falta de precisión sobre pagos adicionales a realizar si las cotizaciones de los hidrocarburos aumentaban a futuro.

Hace quince días, el legislador Darrell Issa afirmó que la falta de avances en la investigación podría limitar las posibilidades de aprobar reformas sobre ese particular y dificultar la recuperación de parte de las regalías que adeudan las empresas petroleras.

Aclaración

Esta casa editorial solicitó una entrevista con Burton hace dos semanas, pero el área de Prensa del MMS informó que no estaría disponible.

Sin embargo, en su defensa, esta agencia, que depende del Departamento del Interior, ha dado a conocer su versión sobre los errores contractuales, así como las acciones que se han impulsado para corregirlos.

En una nota aclaratoria a la opinión pública, el Servicio de Administración de Minerales explica que la Ley sobre Regalías en Aguas Profundas, aprobada en 1995, autoriza a las compañías producir recursos energéticos en bloques arrendados, sin que estén obligadas a hacer pagos al gobierno.

Lo anterior es válido hasta que se alcanza un volumen de producción o cuando los precios del petróleo y del gas natural llegan a un nivel determinado. Entonces las empresas deben pagar regalías a las autoridades.

Los arrendamientos que se firmaron entre 1998 y 1999 omitieron la cláusula del umbral de precios, lo que ha significado que al 30 de septiembre del año pasado se han dejado de pagar regalías por aproximadamente 950 millones de dólares.

“Durante la actual administración, el umbral de precios se ha especificado en cada arrendamiento de espacios para explorar en aguas profundas”, señala la declaración.

El MMS destaca que seis compañías, BP, ConocoPhillips, Marathon Oil Company, Shell, Walter Oil and Gas Corporation, y Walter Hydrocarbons, han firmado acuerdos voluntarios a través de los cuales se obligan a pagar regalías a partir del 1 de octubre anterior, sobre los arrendamientos que obtuvieron en 1998 y 1999.

Las firmas mencionadas representan únicamente el 20 por ciento de los arrendamientos y obtienen el equivalente al 23 por ciento de la producción que contemplan los contratos firmados en el lapso de referencia.

“Estos acuerdos voluntarios también reconocen la autoridad del Congreso para actuar sobre los arrendamientos de 1998 y 1999”, destaca el texto aclaratorio.

“El MMS sigue trabajando con otras empresas petroleras y de gas natural para resolver el impacto financiero resultante de que no se hayan fijado umbrales de precio”.

Además, la autoridad asegura que las correcciones actuales incluyen un apartado en el que se estandariza que todas las empresas petroleras estarán sujetas a las mismas condiciones, sin importar la fecha en que se firmen los contratos.

Investigación

Para Johnnie Burton, no se trata de la primera ocasión en que su labor al frente del Servicio de Administración de Minerales es cuestionada.

A finales del año pasado, una demanda presentada por un ex auditor del Departamento del Interior, Bobby Maxwell, levantó sospechas sobre su pasividad para lograr que una empresa productora de petróleo cubriera adeudos que tenía con el gobierno estadunidense por concepto de cuotas de perforación.

El denunciante es uno de los cuatro empleados y ex empleados del Departamento del Interior que han iniciado procesos legales por fraudes que han impedido cobrar cuotas por concepto de perforación a empresas petroleras y de gas natural.

Maxwell fue despedido de su trabajo pocos días después de que se dio a conocer el proceso legal, a pesar de acumular reconocimientos por su labor y una trayectoria de más de 20 años en el gobierno del vecino país. “Desde que Bush fue electo, se ha impulsado una agenda para promover el desarrollo del petróleo y del gas natural a como dé lugar”, denuncia el grupo pro-ambiental Friends of the Earth, “una y otra vez, la administración y sus funcionarios se han alineado con las empresas del sector”.

Además, en marzo del año pasado la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento del Interior llevó a cabo una pesquisa sobre las irregularidades que se detectaron en los contratos de 1998 y 1999, para fincar responsabilidades.

La OIG informó que luego de revisar casi 19 mil mensajes de correo electrónico, más de 20 mil páginas de documentos, y de haber realizado 44 entrevistas, se encontró con que durante el periodo de dos años mencionado, funcionarios del MMS omitieron la determinación de un umbral de precios para fijar el pago de regalías.

“Se hizo referencia a una regulación que se pensaba que infería a un nivel máximo de precios, cuando, en la realidad, no fue así”, indica el reporte, “y el proceso de revisión de contratos del MMS no detectó las discrepancias”.

La investigación señala que Burton testificó ante el Congreso en septiembre anterior, donde informó que tuvo conocimiento de las irregularidades a principios del año pasado, pero una serie de mensajes de correo electrónico en poder de la OIG sugieren que la funcionaria pudo haber sido notificada de las omisiones desde 2004.

“Al mostrarle esos mensajes, Burton reconoció a la Oficina del Inspector General que pudo haber sido advertida sobre el problema desde 2004”, concluye el texto de la pesquisa.

El caso se cerró y no se prevén más investigaciones por parte de la OIG, mientras que los hechos que se encontraron se dieron a la Secretaría para la Administración de Tierras y Minerales para que tome las acciones que a su consideración sean apropiadas.

¿Y los responsables?

A pesar de los hallazgos sobre los errores que condujeron a que varias empresas petroleras dejaran de pagar las regalías que le corresponden al gobierno estadunidense, hasta el momento no se ha determinado un culpable, señalan varios legisladores interesados en el caso.

Y frente a la renuncia de Johnnie Burton como directora del MMS, se fortalecen sus sospechas de que esta agencia está mal administrada, no ha rendido cuentas claras y es responsable de la pérdida de miles de millones de dólares en cobros a las compañías que extraen petróleo y gas natural en el Golfo de México.

“Seguimos preocupados sobre la dirección que deberá seguir el MMS y por el cauce que seguirán las reformas sugeridas por la Oficina del Inspector General”, expresaron hace quince días los legisladores Tom Davis y Darrell Issa.

En una carta dirigida a los presidentes de las comisiones de Supervisión Gubernamental y de Política Doméstica, ambos pidieron que se esclarezca quién es el responsable de los errores cometidos por el Servicio de Administración de Minerales.

“El gobierno se rindió sin dar pelea”, afirma Richard T. Dorman, el abogado que demandó a Chevron, “si no hay consecuencias, el resultado será la pérdida de cientos de millones de dólares en regalías que adeudan las empresas”.

Y mientras que Burton ya no podrá ser interrogada sobre el asunto como titular del MMS, la administración de George W. Bush es criticada por sus políticas en materia de explotación de petróleo y gas natural.

“Estos acontecimientos ponen en evidencia que la administración Bush es incapaz de impedir que las grandes compañías petroleras cometan un fraude contra los contribuyentes”, denunció por medio de un comunicado el legislador Edward J. Markey.

Para este demócrata, los estadunidenses han sido sistemáticamente engañados en cuanto al pago de regalías que las empresas adeudan, cuando les ha sido otorgado el privilegio de extraer petróleo y gas natural en tierras que son propiedad de todos los ciudadanos.