Dicen los expertos que el mejor negocio del mundo es una compañía petrolera, pero que el segundo mejor es una empresa petrolera mal administrada.

Una de las razones de la corrupción en la paraestatal es que se le enfrenta con 10 órganos internos de control dependientes de la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuyos esfuerzos de fiscalización se dispersan, según reconoce la propia dependencia.

Una idea del alto grado de irregularidades que se dan en Petróleos Mexicanos es que en 2005 la Auditoría Superior de la Federación le hizo 147 observaciones, es decir, casi tres por semana.

También hay una investigación por un presunto quebranto por mil 724 millones de pesos, en el que se encuentran implicados el ex director Raúl Muñoz Leos y otros ex funcionarios, así como acusaciones muy puntuales a ex funcionarios de menor nivel, que no han sido aclaradas a cabalidad.

Poner orden en las finanzas de Pemex es un imperativo de transparencia administrativa, de rendición de cuentas, pero también de orden económico, pues desde hace dos años Pemex tuvo que actualizar y fortalecer sus reportes financieros con objeto de cumplir con la Ley Sarbanes-Oxley, de Estados Unidos, que establece estándares de control interno y de revelación de información financiera que deben ser escrupulosamente auditados, y no discrecionalmente dilapidados por malos funcionarios de una de las dependencias más porosas del gobierno federal.

No cumplir con estas convenciones internacionales sacaría a la empresa de competitividad mundial.

La tarea es de considerable magnitud por la complejidad de las modalidades que la corrupción adopta, por la capacidad de adquirir complicidades, disimulos e impunidad, y porque ha echado raíces desde hace muchos años.

Aun así, hay que hacer el esfuerzo. El actual director de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes-Heroles, es consciente de que sin una depuración de la forma de operar de la empresa no será posible ponerla en orden y darle proyección viable. Naturalmente, en ese empeño debe contar con la cooperación de los trabajadores, sindicalizados y de confianza, no pocas veces responsables de desfalcos y malversaciones.

Bueno es que la SFP reconozca sus limitaciones en el caso de Pemex, pero alarma cierto grado de conformismo respecto de un atentado patrimonial en contra de un bien que es de todos los mexicanos, que no debería tolerarse ni siquiera un día más.

Es cierto que hay que establecer mecanismos confiables de supervisión y control de largo plazo, que inhiban las irreguladirades; pero también lo es que urgen acciones preventivas y coercitivas en contra de los ilícitos que a diario se cometen en Pemex.