La campaña electoral estaba en lo fino cuando los directivos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) tomaron una decisión arriesgada.

Debieron abandonar por siempre un edificio lleno de simbolismos. Desde Vimsa Las Palmas, el PLC asumió la Presidencia de la República con Arnoldo Alemán en 1997. Cuando se convirtió en reo, fue un importante foco de resistencia liberal. Pero su contabilidad no recomendaba mantenerlo más.

“Era un edificio muy costoso y se determinó que podríamos funcionar cómodamente en las instalaciones del (barrio) 3-80”, argumenta Carlos Noguera, tesorero del partido. No pudieron pagar el alquiler. Devolvieron el edificio, y así el PLC se convertía en un partido propietario de patrimonios que sólo generan gastos, dejando ver a una organización en bancarrota, y contradiciendo el pasado inmediato repleto de acusaciones por corrupción y lavado de dinero que habían alimentado su campaña electoral.

Pero para otros es simplemente un juego de imagen. Manteniendo la sede del partido en un barrio icono de la resistencia antisandinista, el PLC se convertiría en la representación más clara del antisandinismo, aunque no se comporte como un férreo adversario en la práctica.

Una persona muy vinculada a ambas organizaciones lo define mejor: “Teniendo al PLC en el 3-80 y a Daniel Ortega al costado de un sector tan popular como Montoya y Monseñor Lezcano, se muestran más vinculados a lo que quieren representar, aunque sus intereses no se lo permitan”.

¿Su mayor patrimonio?:

“El que no se ve”

No obstante, al margen de lo que se pretenda representar, los intereses de los partidos políticos apuntan a diversas direcciones, sin dejar a un lado el campo empresarial.

En este último, el PLC y el FSLN no sólo aventuran a consolidarse como empresas exitosas para financiar sus actividades partidarias, sino también a mantener una fiel clientela que les garantice lucro.

Desde esa perspectiva, la política sería la empresa y los partidos políticos el insumo más importante de un grupo de personas que persiguen las ganancias.

En ello se esconden diferentes dinámicas, que van desde accionistas vinculados a las cúpulas partidarias, aunque no militantes, hasta testaferros de los líderes que forman las empresas bajo razones sociales fuera de sospechas y sin aparentes conexiones partidarias.

Aunque en el FSLN los casos más visibles de vínculo empresarial son los medios de comunicación --particularmente Radio Ya, Radio Sandino y Canal 4 de Televisión-- un importante dirigente sandinista que omitió su nombre, revela que el patrimonio más grande de ambos partidos no está en las empresas más reconocidas.

Fortuna clandestina

“El mayor patrimonio de los partidos políticos es el intangible, el que no se ve. Pero también el que es capaz de crear lealtades, como lo vimos en el caso (Byron) Jerez y Arnoldo Alemán”, confió la fuente.

Si bien los representantes financieros del FSLN y PLC niegan que sus partidos sean propietarios o accionistas de empresas privadas, los vínculos con empresarios-militantes son más evidentes en las políticas públicas que los partidos van ejecutando (ya sea en licitaciones de obras públicas o en las leyes aprobadas) en los momentos más cercanos a la campaña electoral.

“Si en este momento el alcalde Nicho (Dionisio) Marenco apoya enérgicamente a los transportistas, no sólo es porque lo apoyaron en la campaña. Es seguro que el FSLN tendrá buses a su disposición para la campaña de Ortega en 2006”, añadió.

Más aún, en parte de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Cafta) se garantizaron beneficios para el sector arrocero, pero apenas en la comercialización, aunque no en el procesamiento. En contraparte, el azúcar obtuvo protecciones arancelarias para la exportación, reforzado por una enérgica participación por parte del Gobierno.

“Ni el FSLN ni el PLC tienen empresas arroceras o azucareros formalmente, pero algunos de sus directivos tienen vínculos con estos negocios. Hacer leyes para protegerlos es otra modalidad de proteger su patrimonio o por lo menos, percibir cuáles son sus intereses comerciales”, garantizó la fuente.

Al igual que el caso Agroinsa vs. Iniser despertó suspicacias por la implicación de intereses sandinistas, la fuente cree que tras la reciente decisión para castigar fiscalmente a los “grandes” medios de comunicación, se esconde un beneficio similar para los “pequeños” medios afines a ambos partidos políticos, de cara a la próxima campaña electoral.

“Hay muchos vínculos más, como el de la construcción o los bancarios. En estos campos los partidos van generando comportamientos de clientelismo político. Como instrumento tienen al CSE, que funciona como un agente de negocios que les garantiza la votación, o bien, al Poder Judicial que les administra las leyes”, valoró la fuente.

Francisco López, financiero FSLN:

“Nuestra empresa es la gente”

En La Gaceta, diario oficial del país, del 11 de febrero de 2004, está registrado un dato a todas luces interesante. Se trata del último reporte oficial de gastos, balance financiero, activos y pasivos que tuvo el FSLN como parte de su comportamiento en todo el año 2003.

“Ese es el más actualizado que tenemos. El de 2004 lo mandaremos a registrar muy pronto”, prometió el responsable financiero del partido, Francisco López, también Presidente del Bloque de Técnicos y Empresarios sandinistas.

En el reporte, el FSLN tuvo oficialmente en 2003, un ingreso de 7 millones 651 mil 298 córdobas, de los cuales más de seis millones 200 mil (casi el 95%) corresponde al aporte del 10% salarial que hacen los militantes.

En contrapartida, registraron un gasto de 7 millones 597 mil córdobas, especialmente en los Gastos de Departamentos (3 millones 212 mil) y las Actividades del Partido (2 millones 410 mil). “El mayor aporte que tenemos para costear estos gastos, es el 10% de los militantes, como lo establecen los estatutos nuestros, que es para el desarrollo y mantenimiento del partido, y además para honrar nuestros adeudos. Nuestra empresa es la gente”, aseguró López.

Declaración diminuta

Pero entre activos y patrimonios, el partido reporta propiedades por un valor superior, aunque ninguna de ellas corresponde a empresas privadas. El total de activos del FSLN, por ejemplo, está valorado en 9 millones 746 mil córdobas, de los cuales 5 millones 300 mil es del valor de propiedades, edificios e instalaciones en todo el país.

En patrimonio, el partido registra apenas una cuantía de dos millones 253 mil córdobas, pero nada de esto tiene relación empresarial alguna. “Nosotros no tenemos relación con empresas, sino con militantes y profesionales que aportamos con bonos a la campaña. En ello se destaca Edgard Chamorro Cuadra, que es el mayor gestor de estos recursos, además de Manuel Coronel Kautz y otros que trabajan en la gestión permanente de los recursos en los territorios”, subrayó.

Como parte de esas gestiones, el FSLN asumió deudas que superan los cinco millones de córdobas con el Banco de la Producción (Banpro), que financiaron parte de su campaña electoral municipal, además de otras con el BDF y un par de grupos textiles.

“Las empresas que sí podemos decir que controlaba el FSLN son las que quedaron en manos de los trabajadores y ahora tienen otro destino. Hablo de la cartonera, la Mayco, Café El Caracol, la hielera, Café El Mejor. Inclusive, no dejamos de tener problemas con algunas casas, porque pertenecen a diversas organizaciones como Amnlae, Anden, etc.”, reveló.

Jamileth Bonilla, ex directiva PLC:

“Nos falta eficiencia empresarial”

Aunque la vida financiera del PLC no deja de estar salpicada por las acusaciones de lavado contra Arnoldo Alemán, sus principales líderes coinciden en que hay un problema de administración.

Carlos Noguera, tesorero del partido, insistió en que el principal sustento del PLC está en el aporte salarial de sus militantes, y reconoce que las fuentes son limitadas.

“No tenemos muchas propiedades, apenas un Instituto de Capacitación y las casas departamentales o municipales. Pero eso es suficiente para el mantenimiento de papelería e instalaciones en días normales”, señaló. Pero desde la perspectiva de la ex secretaria de organización, Jamileth Bonilla, la deficiencia es de administración. Si se considera que el mayor gasto del PLC está en la organización de sus cuadros a nivel local, el partido debería tener criterios bien definidos para la recaudación de sus aportes militantes. Pero no es así.

“No hay normas porque ha sido una negligencia del partido. Se debe buscar cómo se cumpla. Hay muchos afiliados que creo, ni siquiera cotizan. Los convencionales y los diputados estamos obligados a hacerlo, pero nadie le cobra a los funcionarios de los otros poderes, también militantes”, reveló.

En contraparte, hay una serie de gastos que surgen en momento de campaña electoral, especialmente los de publicidad y organización, como los rubros más millonarios.

“El PLC está lleno de gastos de este tipo, mientras algunos jefes de área ni siquiera se han preocupado por crear empresas o tener acciones en alguna. Es deficiencia, porque se ha tenido la oportunidad y capacidad de hacer alianzas con el sector privado, pero nunca la iniciativa”, recriminó.