El presidente Calderón ha emprendido una guerra en contra el crimen organizado. Pero parece que decidieron abdicar en la guerra en contra el consumo de drogas en México.

El gran reto del Presidente en su guerra en contra el crimen organizado será detener y asegurar la desarticulación de estos grupos. El segundo reto será asegurar la capacidad del gobierno federal para continuar llevando a cabo una estrategia coordinada entre las secretarías, algo que no ocurrió en la administración pasada, y continuar llevando a cabo estos operativos civil-militares para mantener la presión a las organizaciones durante todo el sexenio. Y el tercer reto que determinará el éxito o el fracaso de la estrategia calderonista tiene que ver con las reformas al sistema de justicia que incluyen, entre las más importantes, la unificación de los cuerpos policiales federales, y establecer los juicios orales en los procesos penales.

Y es que el gobierno mexicano ha dado prioridad a la lucha contra el narco, medida que por un lado puede ser aplaudida pero que por el otro abandona o deja en segundo término a la prevención ante esta ciega persecución de los narcotraficantes. No podemos obviar que México en pocos años pasó de ser un país productor a uno consumidor; tampoco podemos negar que cada día son más los jóvenes y, tal vez lo peor, cada vez más pequeños los que se enredan en el terrible mundo de las drogas. Actualmente el gobierno mexicano destina sólo un peso para la prevención de adicciones por cada 16 gastados en la lucha contra narcotraficantes, según el Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic). Señala que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que 10% del presupuesto para el sector se emplee en salud mental y adicciones, pero en México solamente se destina 1.2%. (EL UNIVERSAL, 26 de junio, 2007). Esto nos da un panorama no sólo desolador, sino que pone en evidencia la falta de voluntad para atacar el problema.

Más que una guerra en contra del narcotráfico, lo que urge ahora es hacer frente al desmedido incremento del consumo de estupefacientes en el país que incluya medidas que permitan tener un impacto a corto plazo sobre el problema.

Toda cruzada requiere un líder al mando; por ello, el gobierno necesita con urgencia identificar claramente al secretario que tendrá la responsabilidad -práctica y política- de coordinar los esfuerzos del gobierno federal con los gobiernos estatales, con los legisladores, la rama judicial y, lo más importante, con la sociedad civil.

La excusa de la atomización de funciones no se puede permitir. Si es importante combatir el consumo, el Presidente tiene que designar a uno de los secretarios para que dé la cara ante la sociedad, en los éxitos y en los fracasos.

En el corto plazo, una de las más urgentes responsabilidades es desarrollar estadísticas confiables y públicas que se compartan con la sociedad sobre la magnitud del problema. ¡La última Encuesta Nacional de Adicciones se elaboró en el 2002! No hay funcionario público, incluyendo al procurador Eduardo Medina Mora, que no afirme que se ha incrementado el consumo de drogas en el país, pero muchas de estas afirmaciones se basan en un análisis de lo que está sucediendo con el incremento del fenómeno de narcomenudeo, cambios en los patrones el aumento en México y EU, y nuevas rutas de tráfico de trasiego de drogas de los narcotraficantes (EL UNIVERSAL, 27 de junio, 2007. ) Pero no se tienen datos recientes de la evolución de la gravedad del problema. Cómo desarrollar políticas publicas efectivas sin información reciente.

Es importante subrayar que el impacto (ya sea positivo o negativo) de la guerra de Calderón en contra el crimen organizado no se podrá evaluar sino hasta después de que termine su administración. Tal vez pase más de una década antes de saber si se tomaron las decisiones correctas. En la lucha en contra de las adicciones, la juventud mexicana no puede esperar.

www.anamaria.blogspot.com

Analista política