En declaraciones prestadas el 29 de marzo en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, en Washington, Franco describió los esfuerzos de la USAID para apoyar las reformas democráticas en América Latina y el Caribe, entre los que figuran iniciativas para modernizar los sistemas judiciales de gobiernos regionales.

Franco anotó que la USAID patrocina programas que ofrecen servicios de resolución de disputas a ciudadanos que viven en zonas remotas y tradicionalmente desatendidas. Por ejemplo, la USAID ha ayudado a establecer centros de justicia en Guatemala y casas de paz en Colombia, proporcionando de este modo acceso a la justicia a más de dos millones de personas solamente en Colombia.

En el curso de su trabajo con los gobiernos regionales para aprobar nuevos códigos penales, la USAID se ha dado cuenta de la necesidad de trabajar con las instituciones civiles policiales, dijo Franco.

"Durante nuestros esfuerzos para modernizar los sistemas judiciales en América Latina se hizo evidente que para promover la gobernabilidad democrática eficaz se precisan reformas generales en el sector de seguridad", explicó. "Lo que se necesita es un enfoque amplio e integral, que incluya cada eslabón de la cadena del sector de seguridad -- fuerzas militares, policía, sistemas judicial y legal -- así como las distintas partes interesadas de la comunidad y del estado que participan en la fiscalización".

Franco destacó que América Latina es hoy una de las regiones más violentas del mundo y la policía de la región es una de las instituciones que menos confianza pública suscita. Agregó que la elevada tasa de delincuencia y la falta de seguridad personal en la región conducen a la inestabilidad y disminuyen la productividad. Franco citó un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que estima que el producto bruto interno per cápita de América Latina sería 25 por ciento más alto si las tasas de delincuencia en la región fueran semejantes a las tasas de otras regiones.

A medida que la delincuencia se ha situado a la cabeza de las preocupaciones de ciudadanos en América Latina y el Caribe, ocuparse de ella se ha convertido posteriormente en un tema clave en el plan de gobierno de los partidos políticos de la región, dijo Franco. Indicó que los actuales presidentes de El Salvador, Guatemala y Colombia figuran entre los líderes que recientemente hicieron campaña con enérgicos mensajes contra la delincuencia.

La USAID se ha dado cuenta de que el patrullaje comunitario es un componente importante de los esfuerzos regionales para encarar el crimen, añadió Franco. Aplicándose adecuadamente, esas iniciativas "han demostrado ser las más innovadoras y exitosas para afrontar la delincuencia", dijo.

Como ejemplos notables de esa práctica, el funcionario estadounidense citó esfuerzos, patrocinados por Estados Unidos, en El Salvador, Jamaica, Colombia y Guatemala.

Entre los elementos que se consideran esenciales para llevar a la práctica programas exitosos de patrullaje comunitario, figuran la intervención práctica en el ámbito local, dijo Franco. Explicó que el compromiso de la sociedad civil y el sector privado, así como el desarrollo de capacidades locales, el fortalecimiento de instituciones y el liderazgo político, son también elementos invalorables para el éxito de estos programas.

Franco añadió que a pesar de estos avances a la región le queda todavía un largo camino por recorrer. "La región todavía brega con un legado que asocia a la policía con la corrupción, más que con la pericia, y que considera que es la policía misma quien comete los delitos, en lugar de ser quien los resuelve", dijo.

Los esfuerzos iniciales para incluir a la policía en las reformas regionales de seguridad, concluyó, brindan una oportunidad para encarar ese desafortunado legado. Agregó que la policía civil y otras partes interesadas en el sector de la seguridad pueden impulsar el desarrollo democrático en la región y apoyarlo.