Las doctrinas de Estado se desarrollan en los regímenes democráticos en los temas en los que es previsible un alto nivel de consenso entre las fuerzas políticas. No es extraño por ello, que en materias como la política exterior o la defensa nacional se cuente con doctrinas que permitan a todos los poderes del Estado, a todas las agencias gubernamentales y a la opinión pública en general tener expectativas racionales sobre la forma en que se enfrentará el Estado mexicano una eventual crisis en esos ámbitos.

En contraste, en materia de seguridad interna tenemos una ausencia total de doctrina. En el momento en que el gobierno enfrenta una situación excepcional como la ocurrida en los ductos de Pemex en Guanajuato y Querétaro, la confusión puede ser la nota dominante en la reacción estatal. Una doctrina de seguridad interna debería contemplar por lo menos tres grandes ámbitos que de manera resumida podemos plantear así.

1) Determinar con un alto nivel de apoyo de todos los actores institucionales si procede o no abrir una negociación política con grupos que recurren a la violencia. En el pasado reciente se ha optado por un comportamiento errático en la materia. Al EZLN después de algunos días de respuesta militar a su declaración de guerra, se le incorporó a negociaciones políticas del más alto nivel e incluso se le invitó a discutir la reforma electoral. Al EPR, por el contrario, se le tachó de pantomima y se advirtió que se usaría toda la fuerza del Estado en su contra: esto es la guerrilla buena y la guerrilla mala. Una democracia debe definir de manera precisa si abrirá cauces políticos para quien recurra a la violencia terrorista o no lo hará. Esta decisión doctrinaria puede modelar el comportamiento de grupos que calculan de esa manera, si utilizar la violencia puede llevar a aislarlos de las fuerzas políticas democráticas y recibir en la piel de su organización las represalias del Estado. Un caso reciente es la APPO, que coqueteó con la vía violenta al mismo tiempo que mantenía negociaciones en Gobernación hasta que con vigor y arbitrariedad el Estado decidió encarcelar a sus líderes. Siempre hay un cálculo racional de todas las organizaciones al tocarle los bigotes al tigre.

2) Un segundo nivel es el de la información y sus usuarios. ¿A quién se le debe informar y de qué? En una democracia hay secretos que deben ser resguardados y ser en todo caso compartidos con otros poderes del Estado, como sería el de las comisiones legislativas que custodian la agenda de seguridad. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a un hecho consumado el gobierno no tiene más opción que informar a la sociedad de lo ocurrido por grave que sea. El gobierno federal optó en este caso por el peor de los caminos posibles, porque no dio información previa ni posterior de lo ocurrido. El reconocimiento de la PGR de que las explosiones fueron actos deliberados fue posterior a la reivindicación del EPR. Tuvimos pues información oculta que interesaba a la sociedad.

3) El último aspecto tiene que ver con el respaldo de las fuerzas políticas al régimen democrático. Si ante un atentado terrorista los partidos optan por aprovechar la coyuntura para cobrar facturas de corte partidista vamos por el camino erróneo. Los demócratas de tiempo completo no tienen dudas en condenar el terrorismo porque la lucha política puede ser descarnada, pero tiene un límite y es precisamente el uso de la violencia.

La edificación de una doctrina de seguridad interna no puede ser un acto unilateral; depende del concurso de todos los poderes del Estado y de todas las fuerzas políticas democráticas.

Analista político