Negar lo evidente puede provocar que la lucha contra los grupos subversivos resulte tan estéril como la que se libra contra la violencia del crimen organizado sin contener el contrabando de armas.

Lo primero que sorprende es el bajo costo de las sustancias: 40 pesos el kilogramo de la primera —que puede subir en el comercio clandestino a 120 o 400 pesos— y 14 pesos el kilogramo de la segunda, que puede llegar a 250 pesos, sin cumplir con los requisitos de ley. La adquisición de nuestro reportero costó, en total, 3 mil 100 pesos, suficientes para volar un ducto de Pemex, hacer ruido, alimentar el miedo y crear la percepción de que el gobierno es incapaz de poner orden.

Las compañías constructoras de carreteras, las que hacen tareas de demolición, las mineras y metalúrgicas, hacen un trámite que puede demorar seis meses, o unos días si sobornan a funcionarios, para obtener los explosivos. Supuestamente hay un estricto control de obras y facturas de las empresas y de las distribuidoras del material, pero el mercado negro libera de esas molestias.

Por lo visto, los grupos violentos no necesitan robar camiones del Ejército o de las empresas autorizadas para manejar explosivos ni meterlos al país de contrabando ni mucho menos buscar exóticos vínculos con terroristas internacionales. Se dan casos de robos, pero el mercado negro es tan real como comprobamos de la manera más simple: con un telefonema, una cita en un estacionamiento y el intercambio del dinero y la mercancía.

En un ejercicio simple de pesquisa policiaca, lo que procede al menos es seguir el rastro de los explosivos, revisar las medidas de control que se imponen a su venta y empleo y tapar las fugas por donde materiales de uso industrial, además de bélico, llegan a quienes pretenden hacer política mediante la violencia irracional.

Si el Ejército es responsable de su verificación, ahí hay que poner especial atención: o hay corruptos o hay descuidados que están poniendo en riesgo al país. Hasta ahora ha habido daños, no víctimas, pero si no se les pone coto a los violentos, en el futuro podríamos lamentar consecuencias mayores.

El estricto control en el manejo de explosivos no sólo es asunto de seguridad nacional, también tiene qué ver con el salvamento de vidas, como se ha podido comprobar en las lamentables explosiones que año con año suceden en pueblos coheteros como Tultitlán, en el estado de México, y en los crecientes accidentes caseros provocados por el tráfico y la venta ilegal de pirotecnia durante las fiestas patrias y Navidad.

No dejemos que la corrupción que cubre con su velo de impunidad el mercado negro de estos peligrosos materiales haga, literalmente, que México explote.