Luego de 18 meses de una contienda marcada por el asesinato de 38 de sus protagonistas –candidatos, dirigentes, autoridades locales-, alrededor de la tercera parte de los guatemaltecos se declara sin definición en su voto.

Otra tercera parte se divide en la docena de opciones minoritarias. Son siglas que ni siquiera logran allegarse al 5 por ciento del electorado.

La tercera parte que sí tiene opción clara reproduce la disyuntiva que se ha convertido en una tendencia para Latinoamérica: una derecha que ofrece mano dura para restablecer el Estado ausente y una socialdemocracia con tintes de izquierda que ve en "el neoliberalismo" la causa de la mayoría de los males de la nación.

Todos sin embargo, al margen de sus definiciones ideológicas y de sus trayectorias, descalifican a sus adversarios con el señalamiento de que son propiciadores de la violencia, integrantes de las mafias y usufructuarios de las instituciones para favorecer a la delincuencia.

Aquí, el descrédito de la política va más allá de las sospechas de corrupción o ineficacia. La lucha misma por la renovación del poder y su saldo de muerte son vistos por los actores políticos y la gente común como parte del marcador del crimen organizado.

El gobierno y las instituciones del Estado no escapan a esta percepción, por lo que paradójicamente la principal promesa de los candidatos gira en torno a erradicar la violencia, ir contra las mafias, limpiar a las instituciones de justicia y policiacas.

Y al mismo tiempo, ese es el tema de las acusaciones en la propaganda negra. Es una forma actualizada del enfrentamiento histórico entre los actores de una dispersa y fragmentada clase política.

Porque de aquel pacto que en 1996 cerró el capítulo de la guerra, la guerrilla, los golpes militares y las masacres, poco se ha cumplido. Y dos de sus grandes pendientes saltan a la vista en este proceso electoral: no hay reconciliación nacional como tampoco hay un sistema de partidos.

Existen grupos políticos con alianzas efímeras y frágiles. Así, la coalición que llevó al actual mandatario Óscar Berger al poder, ahora ocupa un alejado tercer sitio en las preferencias, sin posibilidades de remontar.

En contraste, el candidato del Partido Patriota que se creó apenas hace cinco años, un militar que se asume de "derecha progresista", Otto Pérez Molina, alcanzó ya el empate técnico frente al puntero, Álvaro Colom Caballero, candidato presidencial por tercera ocasión de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) y que se define "socialdemócrata y de izquierda".

Muy alejada de la competencia real, la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, engrosa esa franja de organizaciones que en noviembre se verán obligadas a tomar postura frente a los punteros que llegarán a la segunda vuelta, dos meses después de que este domingo 9 de septiembre, ninguno alcance la mayoría.

Pero su candidatura también es ejemplo de las coyunturales alianzas políticas que han venido sustituyendo al inexistente sistema de partidos, ya que la indígena maya, procedente de la izquierda y en los años 80 emblema de quienes creyeron en la vía de la lucha armada, se adhirió al llamado partido Encuentro por Guatemala que dirige un exponente de la clase adinerada guatemalteca, el empresario Alberto Montenegro, mancuerna de la fórmula de Menchú, ella para la Presidencia, él en la vicepresidencia.

Aunque las expectativas de esta organización son bajas, sus militantes no escapan a esta ensangrentada contienda con tres víctimas. La lista la encabeza la UNE con una decena; le sigue el PP con cuatro y el partido en el poder, la Gran Alianza Nacional (Gana) con otros cuatro.

Para la Fundación Myrna Mack, promotora de los derechos humanos y en monitoreo constante de la situación en esta materia, este ambiente electoral de intensa violencia y criminalidad se agrava en la medida en que se acerca el día de las votaciones.

El problema de fondo, según esta instancia, radica en "una extendida impunidad que revela cuán inoperantes son los órganos de justicia y seguridad, y en un escenario electoral que tiene como eje central el ataque virulento, especialmente entre los candidatos que cuentan con mayor intención de voto".

Es tal la marca de la violencia en la contienda que los llamados al voto útil de los actores políticos no partidistas se han enfocado más a una campaña de veto.

Suena en la radio y en la televisión el spot que advierte: "¡Si votas por criminales, tú también eres criminal!" Uno más alerta a la población de manera más específica: "Si usted vota por un narcotraficante, también es un narcotraficante!"

La señal de alarma proviene del denominado Foro Guatemala que conforman personalidades como Helen Mack, al frente de la citada fundación y el rector de la Universidad San Carlos, Estuardo Gálvez.

Nadie da nombres. Argumentan que no es necesario, que los guatemaltecos saben quién es quién. Pero lanzan temerarias asociaciones: "Si el crimen organizado genera violencia", dice la autoridad académica, "si un día la violencia le toca a un familiar suyo, usted tendrá parte de culpa en esta situación si les regaló su voto a estas personas".

La acusación sin pruebas ni apellidos va sobre todo para los partidos con mucha influencia en determinadas regiones de Guatemala y es que en 15 días igualmente habrán de elegirse alcaldes y diputados.

Es en ese ámbito local donde, a juzgar por el diagnóstico del Foro Guatemala, se dan los mayores peligros ante la cooptación del narco a los aspirantes, pues la compra de la delincuencia a los políticos inicia en los municipios para después extenderse a escala nacional.

Así las cosas, la agenda electoral guatemalteca gira alrededor del descarte de quién tiene más cara y leyenda de mafioso. Y podría afirmarse que mientras mayor es la fuerza del candidato, los ataques aumentan, dejando fuera del escenario a quienes no participan de esta guerra de injurias.

No es la fórmula para superar la pobreza -que afecta en diversos grados al 75 por ciento de los guatemaltecos- la que los contendientes discuten. Ni el desempleo, considerado ya como parte de la vida comunitaria en una economía donde sólo uno de cada cuatro encuentra acomodo formal. Tampoco la discriminación étnica en un país con el 45 por ciento de su población indígena.

¿Por qué es la violencia el eje de esta elección?, se le pregunta al director del influyente diario El Siglo XXI, Carlos Castañaza.

Como ocurre con la migración que experimenta el 11 por ciento de las familias, el problema de la inseguridad se agrava justamente después de la firma de los Acuerdos de Paz.

"A partir de entonces", sostiene el periodista, "hemos arrastrado varios problemas pero particularmente la violencia social generalizada que no ha habido forma de detenerla".

"Después de un gobierno tan malo, pobre, corrupto como el de Alfonso Portillo, el problema se agravó, sobre todo en los poderes locales y se fue de las manos al gobierno de Portillo. Y en el de Óscar Berger no ha habido forma de frenarlo", sostiene Castañaza.

Explica que la tendencia es muy generalizada y no sólo por la violencia del crimen organizado, como el narcotráfico, sino porque penetra en la operación gubernamental y política de las localidades. "Es una violencia muy de pandillas, de Maras, que golpea mucho a la gente",

Y es desde esa modalidad que la inseguridad en la frontera compartida entre México y Guatemala representa un pendiente binacional que los candidatos incluyen en sus plataformas de gobierno.

Ex comisionado de seguridad nacional, el general Otto Pérez Molina admite: "Necesitamos una estrecha colaboración fronteriza y fortalecer la relación con México. Queremos en este caso asegurarnos de compartir una frontera segura, que no sea una frontera en la que se propicia el contrabando, el tráfico de ilegales y de armas. Estamos en la mejor disposición de fortalecer las unidades que nos corresponda de la Policía Nacional Civil e incluso del Ejército, para asegurarnos que esa frontera va a ser una frontera segura y que vamos a trabajar en coordinación con las autoridades de México".

¿Por qué esta frontera se volvió una coladera para el crimen organizado?, se le pregunta al abanderado del Partido Patriota, con altas posibilidades de conseguir en estos últimos días el voto de los indecisos.

"Aquí ha sido la ausencia del Estado la que ha facilitado que ésta se convirtiera en una frontera insegura, en donde se dan pasos ciegos, en donde hay un tránsito de ilegales, de armas, de contrabando y narcotráfico", describe Pérez Molina.

"Por el lado de Guatemala lo que ha habido es una ausencia del Estado para poderla mejorar y hacerla una frontera segura", acusa el ex colaborador del gobierno de Berger.

"Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo en el Partido Patriota, es decir, mejorando y controlando todos los pasos que hoy son pasos ciegos, que no hay ninguna autoridad y que se está propiciando para muchas cosas. Pero vamos a trabajar muy fuerte y estamos seguros que con México podremos hacerla una frontera segura", plantea el candidato.

El todavía puntero en las encuestas, ex funcionario gubernamental en áreas de la administración de pogramas sociales y agrarios, Álvaro Colom no tiene un diagnóstico diferente. Cree que a Guatemala le ha faltado cumplir.

"Nosotros estamos proponiendo, primero, mucha responsabilidad en el tema de seguridad de parte de Guatemala y desarrollar los mecanismos fronterizos para mí es fundamental", expone el aspirante de la UNE.

Sin embargo, añade el factor de las asimetrías como un elemento indispensable en la solución compartida.

"Desde la época del presidente Ernesto Zedillo (México) he estado proponiendo en Guatemala el plan de desarrollo fronterizo para garantizar que en los municipios de uno y otro lado tengan un desarrollo similar y eso va a evitar las diferencias fuertes que hay".

Sostiene Colom que atender el vacío de seguridad en la frontera es fundamental para sostener una buena
relación.

Y tiene ubicado el "efecto cucaracha", la consecuencia adversa que implica para este país un eventual éxito mexicano. "Requerimos de un buen comercio y de una política en seguridad de apoyo mutuo. En el tema de los cárteles de droga, si a México le va bien, se vienen para acá, si nos va bien a nosotros, se van para allá. Creo que hay que ver el problema regionalmente para de una vez enfrentar el crimen organizado".

Rigoberta Menchú en cambio enfoca sus preocupaciones bilaterales en el déficit de los derechos humanos.

"Hay varios convenios binacionales que pueden aprovecharse, igual se puede hacer una buena política con los derechos humanos, especialmente en las fronteras."

Y aunque su plataforma no reivindica las consignas antineoliberales que ven en el Plan Puebla Panamá un instrumento de la globalización de los poderosos contra los pueblos pobres, la Premio Nobel de la Paz tiene sus dudas:

"Vamos a revisarlo, realmente qué es lo que hay sustantivamente en el Plan Puebla Panamá. Es importante conocer cuáles son los propósitos, cuáles son las metas, cuáles ya se han hecho, qué metas no están cumplidas ni van a ser cumplidas, porque muchos de estos tratados se hacen mucho en la imaginación, sin tomar en cuenta a la población", cuestiona Menchú Tum.

Y tal parece que eso es lo que sucede con el asunto migratorio. Ningún candidato lo dice en voz alta ni lo incluye con todas sus letras en las plataformas electorales. Pero está ahí: el paso tortuoso de los guatemaltecos por la frontera con México.

Ana Silvia Monzón, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, afirma que las extorsiones por parte de las autoridades mexicanas han ido en aumento con las restricciones migratorias crecientes a partir de 2001.

Investigadora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Guatemala, la estudiosa del tema indica que el gobierno no ha tomado cartas en el asunto, a pesar de que con el estancamiento económico, tras la firma de los Acuerdos de Paz en el año de 1996 se disparó el paso de los guatemaltecos hacia Estados Unidos, lo que implica obligadamente el cruce de la frontera con México.

"Hay un reclamo constante por múltiples violaciones a derechos humanos. En el caso de las mujeres lo más dramático es el abuso y la violencia sexual que ya muchas veces se considera como el impuesto a pagar por ellas en las oficinas migratorias mexicanas. Hay testimonios de las víctimas y de quienes las han auxiliado en albergues. Y muchas lo asumen como parte de lo que van a tener que sortear en el camino", documenta Monzón, autora del libro Las viajeras invisibles (Mujeres migrantes en la región centroamericana y el sur de México).