El Gobierno nacional admitió que “revisará” los contratos vigentes para la nueva ampliación de los gasoductos que contienen sobreprecios de 486 millones de dólares, tal como reveló PERFIL en su edición anterior. Así lo confirmó el jefe de Gabinete en el informe de gestión que elevó esta semana al Senado.

El domingo pasado, este diario dio a conocer que el ministro Julio De Vido y el secretario de Energía, Daniel Cameron, convalidaron el contrato entre la empresa brasileña Odebrecht y las mayoristas de energía Cammesa y Albenesi que contenía un desvío de precios del 35 por ciento en relación con el presupuesto de referencia que había fijado el Ente Nacional Regulador del Gas. Así lo exhibió el propio ex presidente del Enargas, Fulvio Madaro, en una nota que le envió a Cameron. En esa misiva, Madaro escribió: “Se puede afirmar que los mismos (contratos) se encuentran notablemente por encima de los valores detallados precedentemente”. En ese “detalle”, el ex funcionario explicaba que el contrato de Cammesa contenía un desvío de 349 millones de dólares, mientras que en el caso de Albanesi la diferencia se acercaba a los 137 millones de dólares.

En sintonía con la información revelada por PERFIL, el bloque de la UCR de la Cámara alta le solicitó a la Casa Rosada que explique “cuáles son las causales que justifican contratar obras con marcados sobreprecios observados por el propio Ente Regulador”.

El jefe de Gabinete no negó la denuncia de los desvíos de precios, y admitió que los contratos están bajo la lupa del Estado. “El Enargas dispuso la revisión técnica de los valores unitarios de referencia correspondientes a las obras de ampliación de la capacidad de transporte 2006/2008”, respondió al Senado Alberto Fernández.

Segunda parte. El capítulo del presunto sobreprecio no sería la única irregularidad que nutriría al contrato de 1.872 millones de dólares que estimuló, controló y aprobó el Gobierno nacional. De acuerdo con documentación a la que PERFIL tuvo acceso, la Secretaría de Energía habría simulado la realización de una licitación pública internacional supuestamente para encubrir la contratación directa de Odebrecht con el sobreprecio de 35 por ciento.

En abril de 2006, Cammesa (la empresa administradora del mercado eléctrico mayorista controlada por capital estatal y privado y que preside el propio secretario de Energía) llamó a una licitación para seleccionar a “una o más empresas constructoras” para realizar las obras de ampliación de los gasoductos entre 2006 y 2008. Se presentaron tres empresas: Camargo Correa, Benito Roggio y, por supuesto, Odebrecht. Sólo una de las tres compañías presentó toda la documentación que exigía la licitación, incluyendo un crédito preotorgado por el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de Brasil. Esa empresa era Odebrecht. No fue una sorpresa para el presidente de Cammesa y secretario de Energía, Cameron. Durante todo 2005, el funcionario había negociado con Odebrecht, en forma personal, la concesión de la obra. En la nota 1673 del 16 de diciembre de 2005, Cameron le manifestó a la constructora que estaba interesado en su propuesta “en el entendimiento de que la misma permitiría viabilizar las ampliaciones de capacidad de transporte que el sector energético requiere”. Pero el llamado a licitación se hizo recién cinco meses después. Esta contradicción motivó un pedido de informes que presentó el viernes el diputado justicialista Aníbal Leguizamón.

El 20 de abril de 2006, Cammesa –recordemos, presidida por Cameron–, le consultó al propio Cameron, pero en su carácter de secretario de Energía, si debía darles más tiempo a Camargo Correa y a Benito Roggio para que avanzaran en su propuesta, o si se inclinaba por la oferta de Odebrecht. La respuesta llegó en diciembre: Kirchner, escoltado por Cameron y De Vido, firmó el convenio con Odebrecht.