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22/09/2007 | México - El día que perdieron al EPR

Raymundo Riva Palacios

Seis años de frustraciones en el combate al EPR son directamente atribuibles al desorden con el que el ex presidente Fox y su equipo manejaron la inteligencia civil en su sexenio .

 

Recién arrancado su gobierno, la guerrilla recibió al entonces presidente Vicente Fox Quesada con un par de bombazos en instalaciones bancarias, reivindicados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP).

Era el 8 de agosto de 2001 y Fox, bisoño y sin un gabinete experto, presionó al Cisen y a la Policía Federal Preventiva (PFP) para producir resultados. No había pistas que permitieran en ese momento entregar a los responsables, pero Fox estaba empeñado en que le entregaran cabezas en forma casi instantánea.

En el Cisen y la PFP tuvieron que ceder ante las peticiones presidenciales y “reventar” dos casas de seguridad de la guerrilla que venían vigilando de tiempo atrás con el propósito de acumular el mayor volumen de información posible y desmantelar, en definitiva, al EPR.

En una de ellas, en el estado de México, habían vivido el jefe de la guerrilla, Tiburcio Cruz Sánchez, y su esposa, Elodia Canseco Ruiz.

Las fuerzas federales entraron a esa casa, ubicada en el municipio mexiquense de Los Reyes La Paz, al oriente del valle metropolitano, que habitaba en ese momento un carpintero —que se encuentra en la cárcel—, donde encontraron ropas de tipo militar, armas y propaganda del EPR y de sus escisiones, Tendencia Democrática Revolucionaria y las FARP, además de documentos internos, como un manual llamado “Sistema de Información”, y una minuta sobre la ejecución de tres miembros, David, Antonio y Miriam, a quienes acusaban de robo y traición.

En otra de las casas de seguridad, en Xochimilco, al sur de la ciudad de México, donde incautaron armas, dispositivos electrónicos para explosivos, y equipos de cómputo y propaganda, encontraron la pista que los llevó al arresto un mes más tarde de los hermanos Antonio Héctor y Alejandro Cerezo Contreras, hijos de Francisco Cerezo Quiroz, el nombre que por más largo tiempo ha usado Tiburcio Cruz Sánchez.

Con esa operación, la vieja línea de investigación sobre la guerrilla del Cisen y la PFP había quedado desbaratada. La presión de Fox llevó también a un cambio de estrategia en la vigilancia de los movimientos armados sobre la prevaleciente, inspirada por el contralmirante Wilfrido Robledo, director de la PFP en el gobierno de Ernesto Zedillo, que se enfocaba en acumular información sin dar golpes que pusieran en riesgo el paciente proceso de inteligencia.

La dinámica impuesta por la presión de Fox resultó en algunos arrestos, pero dejó intacta la estructura orgánica y operativa de la guerrilla. Robledo fue derrotado por Fox por partida doble, al permitir también que su entonces secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, hiciera a un lado todos los considerandos de seguridad nacional y lo persiguiera penalmente, terminando de romper los vínculos que concentraban la información sobre la guerrilla.

Al perder la línea continua de información sobre el EPR, el gobierno intentó recuperarla mediante una estratagema: dejó en libertad a Alejandro Cerezo Contreras en marzo de 2005 y le puso una “cola” permanente para seguirlo.

Esa vigilancia no les dio el resultado esperado. Presionados nuevamente por Fox, los cuerpos de seguridad tuvieron que “reventar” otra casa de seguridad que habían estado vigilando durante dos años. Esa casa se encontraba en San Juan Ixtayoapan, en Tláhuac, una delegación semirrural al sur del Distrito Federal, donde la PFP planeó un operativo para atacar ese objetivo donde, presumían, no sólo vivía la familia Cerezo Contreras y sus padres, sino estaba la comandancia general del EPR.

La PFP envió a tres agentes sin experiencia operacional en trabajo contrainsurgente, y el 23 de noviembre de 2005 fueron linchados. Dos de ellos murieron a golpes y por las quemaduras cuando les prendió fuego una turba manipulada por una célula eperrista, que los había descubierto dos semanas antes y les tendió una trampa. Los servicios de contrainteligencia del EPR habían detectado la presencia de los policías federales y estimularon un linchamiento.

La operación fue un rotundo fracaso. No detuvieron a nadie y el EPR movió su centro de operaciones a la Reserva Tepeyac, en el norte de la capital, donde tenía otra casa de seguridad. Todas las casas de seguridad del EPR en la zona metropolitana de la ciudad de México fueron abandonadas, y las autoridades no han podido restablecer hasta ahora la línea de investigación rota por el conflicto de Gertz Manero contra Robledo, y la insistencia de Fox por resultados inmediatos tras los bombazos. El Cisen, de donde habían salido los dos principales expertos en el EPR, Robledo, hoy fuera de actividad gubernamental, y Genaro García Luna, actual secretario de Seguridad Pública —sin responsabilidad directa en el tema—, también sufrió merma con la llegada de Eduardo Medina Mora, quien encabezó el servicio de inteligencia civil durante casi todo el sexenio foxista.

Medina Mora redujo el número de elementos y, de acuerdo con altos funcionarios federales calderonistas, inició el desmantelamiento humano y tecnológico de la agencia, que viene arrastrando hoy en día.

La información que tiene el Cisen sobre el EPR en la actualidad es obsoleta y deficiente. Por ejemplo, identifican a Edmundo Reyes Amaya, uno de los dos militantes eperristas desaparecidos a fines de mayo pasado, como Constantino Alejandro Cruz Sánchez, a quien también ubican como el número 2 del EPR, y al que afirman tener videograbado en marchas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), durante la larga ocupación de la capital oaxaqueña.

Sin embargo, hay nuevas evidencias sólidas que Reyes Amaya no es quien supone el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Constantino Alejandro, de quien tampoco se tienen noticias cuando menos hace tres meses, recibió un balazo cerca del corazón que le dejó permanentemente la dolencia a fines de los 70, cuando era estudiante en la Universidad Autónoma Benito Juárez en Oaxaca, y el PROCUP, precursor del EPR, pasaba por momentos de fuertes contradicciones internas.

Las fallas del Cisen se han venido multiplicando bajo la conducción del nuevo director, Guillermo Valdés, quien ha venido siendo remplazado gradual pero enérgicamente en esas tareas por el coronel Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, jefe de la Sección II del Estado Mayor Presidencial, a quien le están encomendando cada vez más el trabajo de inteligencia sobre la guerrilla que los civiles, en este caso encabezados por un amigo del presidente Felipe Calderón, no han podido hacer.

La participación de los militares, como en otras áreas de la seguridad pública, se va ampliando de manera sobresaliente, y el EPR es su siguiente objetivo, tras varios años de fracasos y frust raciones en su combate y control, porque a quienes responsabilizaron de la inteligencia civil no cumplieron su tarea. Pero no se esperan resultados prontos. Seis años prácticamente echados por la borda, frente a una guerrilla crecientemente sofisticada, son demasiado para empatar el juego.

rriva@eluniversal.com.mx  

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El Universal (México)

 


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