Entre mis actividades académicas tengo la oportunidad de dar cursos y talleres de negociación a estudiantes y profesionistas. Los errores en estrategia que ha cometido el gobierno federal con el EPR son errores de negociadores principiantes, tal vez por su nerviosismo ante el impacto de los atentados a la economía nacional e internacional.

Y es que, ¿cómo no va a haber nerviosismo? Si después de los atentados del pasado 5 y 10 de julio en Guanajuato en su “parte de guerra” el EPR amenazó con una campaña nacional de hostigamiento contra los intereses de la oligarquía y el “gobierno ilegítimo” de Calderón. Seis semanas después, 11 cargas explosivas fueron colocadas en ductos en Veracruz y en Tlaxcala y explotaron simultáneamente; sólo uno de los artefactos no fue activado.

No hay enemigo pequeño: entre los errores que más se observan en negociadores novatos o ingenuos está el de tratar de minimizar la capacidad de la contraparte. La semana pasada el procurador, Eduardo Medina Mora, señaló que el EPR no puede alcanzar las dimensiones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ya que es un grupo pequeño, pero violento. Pero reconoció que “distrae” la atención de las autoridades encargadas de combatir al crimen organizado y desvía las labores de inteligencia destinadas a combatir a los cárteles.

Al tratar de minimizar al EPR, el procurador hizo tres cosas incorrectas desde la perspectiva de negociadores experimentados: crear un incentivo más para volar ductos y llevar a cabo otros atentados, y con esto el EPR deja de ser un grupo “pequeño” ante los ojos del gobierno. Pero este comentario también fortalece la capacidad de negociar del EPR, ya que los atentados no tienen sólo un impacto económico, sino otro impacto importante: el gobierno no puede perseguir otros objetivos más relevantes. El EPR y otros grupos armados tienen incluso más incentivos ahora para volar más ductos. Con este comentario el procurador violó otra regla importante de todo negociador: no mostrar tus verdaderos intereses a la contraparte. Pero al hacer este comentario el procurador también cae en otro error de principiantes: no revelar sus debilidades.

También Carlos Ramírez Fuentes, vocero de Petróleos Mexicanos, violó este último principio de negociación cuando admitió que es prácticamente imposible mantener una vigilancia extrema de los 19 mil puntos clave en el abastecimiento de combustibles. Con este comentario el EPR y todo grupo armado o de crimen organizado conocen una forma fácil de forzar al gobierno a negociar: volar oleoductos porque es fácil y el impacto es grande.

Cuidado con negociadores inoportunos. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, el panista Ulises Ramírez, informó que esa instancia legislativa acordó crear un grupo de enlace y diálogo con el EPR. El objetivo será escuchar sus denuncias sobre la presunta desaparición de dos de sus integrantes en Oaxaca el pasado 25 de mayo. Dialogar con esta comisión es otro logro para el EPR. Estos legisladores panistas le están dando un estatus especial al EPR, porque sería inimaginable que senadores se sentaran a dialogar con criminales o con representantes del crimen organizado. Tal vez por la ingenuidad de los senadores panistas es que no se dieron cuenta que violaron otros dos principios de negociación: primero, no dar nada gratis, todo tiene un costo; y segundo, dividir para conquistar. Los senadores están dispuestos a dialogar sin nada a cambio y corren un gran riesgo de contradecir públicamente al gobierno. Y aunque el senador panista Federico Döring aseguró que la condición para este diálogo es que la guerrilla deje de hacer atentados, obviamente el EPR no ha anunciado que dejará de volar ductos. Así que estos legisladores de buena fe asumen que por dialogar con el EPR éste cesará los atentados. Otro error de los senadores es establecer claramente los objetivos. La negociación del EPR gira alrededor de si habrá más atentados o no.

Todo ello es por demás ingenuo, porque la verdadera exigencia del gobierno y la sociedad civil debe ser perseguir y castigar a los autores de los atentados antes de que se negocie cualquier otra cosa.

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Analista política