El presidente Rafael Correa desarrollo una abierta campaña en favor de los candidatos que representan a la coalición que le es afín.

En la mayoría de sociedades democráticas del mundo la elección de una Asamblea Constituyente suele ser interpretada como una oportunidad para enderezar algunos entuertos que puedan estar afectando el desenvolvimiento de un sistema económico, social y político. Sin embargo, también hay notables excepciones; Venezuela y Ecuador son dos ejemplos ubicables en esta última posibilidad.

Lo anterior podría confirmarse este día, cuando los ecuatorianos han sido convocados para elegir a 130 diputados constituyentes e iniciar así un proceso de reformas a la Carta Magna, que en su fase preliminar ha tenido como protagonista principal al presidente Rafael Correa.

En efecto, el mandatario no ha escatimado esfuerzo alguno ni ha manifestado el mínimo pudor al apoyar abiertamente a los candidatos de la coalición Acuerdo País. Ese evidente interés de Correa es explicable: se juega en esta elección su capital político, toda vez que ha prometido abandonar el cargo en caso de que el oficialismo no alcance la mayoría que le permita controlar la Asamblea.

Para hacer este planteamiento, el presidente Correa ha medido muy bien el terreno. Las encuestas de intención de voto —incluso las que no han sido pagadas por el Gobierno— auguran una victoria de las fuerzas leales a Correa, que muy bien le permitirán contar con un caudal de entre 66 y 72 escaños.

En adición, cuenta con otro elemento a su favor: una oposición dividida y sin mayores opciones de restarle poder a la maquinaria correísta en formación. Según observadores, la derecha no ha tenido capacidad de plantear un discurso capaz de impactar en un electorado indiferente ante la posibilidad de que Ecuador se adhiera al bloque de países promotores en Sudamérica del denominado “Socialismo del siglo XXI”.

De ahí que Correa tenga grandes esperanzas de que los resultados de hoy le permitan seguir la senda emprendida por su colega Hugo Chávez en Venezuela. Confía en que la Constitución le permita al Estado intervenir en la economía, disolver el Congreso unicameral así como impulsar un todavía abstracto proyecto de “democratización de la propiedad privada y de los medios de comunicación”.
Por supuesto, el Jefe del Estado ecuatoriano confía en que la Constituyente le asegure la reelección y la continuidad de un proyecto nefasto para Latinoamérica.

Es evidente: el plan iniciado por Chávez encuentra eco en otro de sus incondicionales. El caso demuestra que en algunas ocasiones la democracia puede tomar rumbos extraños. Que la sabiduría acompañe a los 9.3 millones de ecuatorianos.