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10/10/2007 | México - Narcotráfico: Bendita torpeza

Raymundo Riva Palacios

Una mala operación interna en el gobierno mexicano generó problemas innecesarios en la negociación del acuerdo para el combate al narcotráfico.

 

El llamado Plan México está haciendo agua. Estados Unidos hizo una reducción importante a la lista de peticiones mexicanas al notar que lo que más había dentro del gobierno de Felipe Calderón era desorganización y ausencia de ideas concretas de lo que se deseaba. La PGR, por ejemplo, que deseaba una ayuda de alrededor de 350 millones de dólares, recibirá 100 millones menos, mientras que al Cisen, tan urgido de tecnología en estos días, le darán 7 millones, aunque originalmente no había pedido nada. La administración Bush no tiene mucho dinero del cual puedan disponer, y para ayudar al combate contra el narcotráfico en México usará partidas destinadas a Irak o a Afganistán. Pero el problema por el que atraviesa el plan no es sólo de recursos en Washington, sino también por el desastre con el cual los mexicanos llegaron a la parte final de la negociación.

La responsabilidad de articular todas las áreas involucradas en el plan recayó en la secretaria técnica del gabinete de seguridad nacional, Sigrid Artz, que depende de Los Pinos, y en el subsecretario de Relaciones Exteriores encargado de la relación con Estados Unidos, Carlos Rico, quienes a decir de personas con conocimiento de las negociaciones hicieron lo contrario a lo que se supone era su trabajo: desarticular. La falta de cohesión dentro de las instituciones mexicanas provocó que empezaran a reducir los montos de ayuda en Estados Unidos, donde notaron la falta de comunicación dentro de las dependencias y las fricciones entre ellas.

Uno de los conflictos dentro del gabinete del presidente Felipe Calderón Hinojosa más comentados se dio entre los secretarios de la Defensa, Guillermo Galván Galván, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por un sofisticado sistema de comunicación nacional que permitiría enlazar a todas las policías del país, y que contiene tecnología de intercepción que hasta ahora sólo tiene el Ejército, como el de monitoreo de las comunicaciones de Nextel. La discusión entre ambas dependencias duró algunas semanas, y finalmente ganó Genaro García Luna, quien sin embargo tuvo diferencias con el Departamento de Estado y la Secretaría de Relaciones Exteriores porque la cancillería estadounidense empezó a cuestionar por qué deseaba cierto tipo de equipo y entrenamiento. Su queja era que la parte técnica la veía su equipo con sus contrapartes, y que las cancillerías entrarían después, para el diseño político delanuncio.

Arzt y Rico, de acuerdo con personas enteradas de la negociación, no fueron capaces de mostrar ante Estados Unidos la unidad de criterio dentro de las dependencias mexicanas. De hecho, ambos funcionarios tuvieron problemas a lo largo de la negociación hacia el interior del gobierno calderonista. Arzt, formada en Relaciones Internacionales y especializada en temas de seguridad, chocó regularmente en las áreas de seguridad del gobierno, donde consideran que entiende muy poco de la problemática, y cuestionan una vieja vinculación con la Agencia de Asistencia para el Desarrollo, que es el brazo del Departamento de Estado mediante el cual se otorga ayuda económica a países. La AID, como se le conoce por su sigla en inglés, será el vehículo por el cual fluya la asistencia para el Plan México, lo que a decir de funcionarios mexicanos es un conflicto de interés. Arzt ha tenido diferencias con funcionarios de la PGR, de Seguridad Pública y de la Defensa, y parte de la falta de cohesión dentro del gobierno obedeció a que estuvo informando a las secretarías lo que estaban pidiendo las otras, generando rivalidades.

No contribuyeron tampoco los diplomáticos mexicanos. En México atribuyen a la embajada en Washington el origen de varias filtraciones a la prensa estadounidense sobre la parte final de las negociaciones, como resultado, explican, de las presiones a las que está siendo sometido el embajador Arturo Sarukhán, quien siempre ha negado ser fuente de nada. De hecho, dentro del gabinete de seguridad nacional hay quien lo identifica como el primer responsable de haber generado presiones legislativas en el Capitolio por haberse hablado de más durante un reciente encuentro con el caucus hispano. Peor aún, el subsecretario Rico, quien dijo la semana pasada en un foro en la ciudad de México que el paquete sería anunciado en breve. Sus declaraciones motivaron molestia dentro de los gobiernos mexicano y estadounidense, y uno en particular, al enfatizar que el plan excluye a personal estadounidense en alguna etapa de la implementación del acuerdo. Para los estadounidenses eso es imposible: ¿quién va a instalar los equipos y dar los primeros cursos de capacitación sobre la nueva tecnología? Para los mexicanos era innecesario: la retórica de Rico incrementa las presiones políticas en México.

Adicionalmente a ello, el hecho que se hubiera terminado la parte técnica del proceso no significa que todo haya concluido. La forma como se presentaría ante el Capitolio en Estados Unidos y ante el Senado mexicano ni siquiera se había visto hasta la semana pasada. Las indiscreciones de los diplomáticos mexicanos generaron presiones adicionales y fundamentales. El Plan México no se vio jamás como un programa del Ejecutivo estadounidense, como fue el de rescate financiero en 1995. Desde un principio se planteó como una ampliación de la asistencia militar y policial que ya se le da a México, y que pasa fiscalmente a través del Congreso estadounidense. En las circunstancias en las que se encuentra la ocupación de Irak y Afganistán y el debate sobre el mantenimiento de tropas estadounidenses en aquellas regiones, un desvío de sus recursos para apoyar el combate al narcotráfico en México no llega en el momento más oportuno.

Las reducciones en el monto de la asistencia originalmente deseada —mil 500 millones de dólares—, a la inicialmente negociada —de 900 a mil 200 millones—, al volumen en lo que podría quedar —600 a 800 millones—, han hecho desdibujar el Plan México. Y a los problemas de operación política en Washington se le sumará el mismo tipo de problema en México, donde ya surgieron las voces que urgen que el plan sea discutido, y en todo caso aprobado, por el Senado. Es correcta esa postura. El Plan México tendrá que ser debatido, analizado e inclusive reformado por el Senado para que responda a los intereses mexicanos y no, como señaló el lunes pasado en EL UNIVERSAL, Manuel Camacho, a los designios del Pentágono. Hay que analizar con cuidado los componentes del plan, sus condicionalidades y los costos políticos de la dependencia militar de Estados Unidos. Hay que voltearlo de pies a cabeza y agradecer a la candidez e inexperiencia de los funcionarios mexicanos a quienes responsabilizaron del plan por haber hecho tal estropicio que dará tiempo al resto de los mexicanos de decidir si quieren seguir el camino del presidente Felipe Calderón o corregírselo.

rriva@eluniversal.com.mx  

r_rivapalacio@yahoo.com  

El Universal (México)

 


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