Además, batallitas las justas. Total discreción. Apabulla la seriedad de estos empresarios que dirigen la única compañía no anglosajona que pertenece a la International Peace Operations Association (IPOA), con sede en Washington, y de la que también formaban parte dos de las tres principales firmas de contratistas de seguridad de EE.UU. en Irak: Blackwater (160.0000 hombres en logística y protección de personalidades) y Dyncorp International (reorganización de la Policía iraquí y de sus escuelas de formación).

Y decimos «formaban» porque los tristemente populares «blackwaters» han abandonado IPOA esta misma semana al chocar frontalmente su modo de trabajar con el código de conducta de esta organización a la que pertenecen también otras empresas que desarrollan su actividad en el campo de operaciones iraquí: Ossi-Safenet Security Services, dedicada a la custodia de personalidades; Ronco Consulting, ocupada en el desarme, la desmovilización y reintegración del antiguo Ejército de Sadam, y Unity Resources Group, que el pasado miércoles admitía su responsabilidad en el tiroteo de la víspera en el centro de Bagdad y tras el que resultaron muertas dos mujeres iraquíes.

«Los guardias privados abrieron fuego contra el vehículo, mataron a las ocupantes y siguieron su camino», fue el testimonio de la propia policía oficial. Un hecho que se producía dos días después de que el Gobierno de Nuri al Maliki acusara a Blackwater del asesinato de 17 civiles en la plaza bagdadí de Al Nasur el pasado 16 de septiembre.

Tanto Blackwater como Dyncorp, Safenet Security, Ronco y Unity Resources Group están registradas en la Private Security Company Association Iraq (PESCAI), que preside Lorenzo Peter, y que podría considerarse algo así como una asociación avalista de las «buenas maneras» que deben regir el modo de actuar en un mar de vacío legal, y a la que ahora mismo están suscritas 176 empresas de seguridad particular. Lo que da una idea de la fabulosa presencia de contratistas o «soldados privados» que se baten el cobre en aquellas tierras de Oriente.

Cuando al director de Ge2B, Francisco Beltrán, le pregunto si la suya es una PMC (Private Military Company) como los anglosajones, creadores y todopoderosos señores de estas empresas de seguridad definen sus servicios de «prevención y solución de incidentes» en lugares poco seguros, contesta simplemente que «Ge2b —www.ge2b.com— es una empresa de gerencia de riesgo en seguridad corporativa operativa internacional que nace en agosto de 2006 y que se empieza a fraguar dos años antes, con la implicación en dirección de equipos y operaciones de seguridad privada.

El marco de actuación es internacional, determinado por la falta de representación profesional española de alto nivel en este sector económico. Las normas que rigen Ge2b son las de cualquier empresa moderna y competitiva, donde se busca la creación de valor para el cliente. ¿Nuestro código de conducta?

El de IPOA, del que destacamos la integración de los aspectos culturales de los países donde la empresa actúa, defensa de los derechos humanos, fomento de la innovación y de la investigación, gestión ética de los recursos humanos y utilización eficiente de los recursos naturales necesarios para operar». Como decimos, la asepsia del «business»» aunque éste sea el de ir a la guerra.

Y aunque en muchos casos se esté hablando de esos «soldados privados» que hay quien se empeña en tacharlos impropiamente de mercenarios o soldadesca de fortuna para este siglo XXI, Manuel Cortizo, director de Equantia Global Business, responsable de la internacionalización de Ge2b, explica que el personal con que cuentan, «ex militares y militares, fundamentalmente», son «profesionales formados en múltiples disciplinas, desde las telecomunicaciones, la logística o la topografía hasta ingeniería o defensa perimetral.

Nuestra política de contratación no incluye la formación sino la instrucción necesaria del perfil del servicio y de la zona geográfica de la intervención, con un compromiso laboral de larga duración. Buscamos sobre todo personal del país donde vamos a operar».

Servicios de antiterrorismo

En estos momentos, Ge2b, según Francisco Beltrán, está volcada en «la consultoría en seguridad corporativa en Sudamérica, planes de seguridad para empresas españolas en el exterior, puesta a disposición de personal cualificado para la protección de los intereses de diferentes empresas, puesta a disposición de diferente material aéreo y marítimo, así como la tecnología adecuada para su operatividad.

Nuestra implicación en los servicios de antiterrorismo está dirigido a coordinarnos con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en las líneas de prevención de actos vandálicos y desarrollo de soluciones tanto técnicas como operativas para su resolución. Nuestros clientes son particulares, corporaciones internacionales y administración».

Ge2b, con sedes en Jaén y Madrid, dispone de capacidad para operar en toda Europa, América, Medio Oriente y Asia, así como África, y su presencia va desde Serbia y Kosovo a Colombia y Marruecos pasando por Irak, Pakistán o Argelia. Su modo de actuar, como relata Beltrán, lo determinan «las particularidades y necesidades del cliente, las características especiales de la zona donde se debe trabajar, siempre en coordinación con los organismos oficiales locales». Luego da un par de ejemplo de dos servicios tipo en operaciones de seguridad internacional. Un proyecto de rápida ejecución, «como la protección de personal en viajes de negocios o de cualquier otra índole, para el que se activa una unidad operativa en un tiempo no superior a las 24 horas después del aviso del cliente. Esta unidad estará ubicada y operativa en cualquier punto del planeta en un máximo de 72 horas. En cuanto a proyectos de ejecución a largo plazo, tal como la protección de instalaciones, de equipos de trabajo o misiones de paz, se selecciona el material y activa el personal, siendo éste formado según las necesidades por un periodo no superior a una semana. Entretanto, ponemos a disposición del cliente un equipo de reconocimiento y preparación de la llegada definitiva de la unidad de Ge2b, encargado de la recepción del material y su puesta a punto y de la preparación logística y administrativa; la unidad de seguridad será presentada y estará en marcha en menos de una semana tras la firma del contrato».

A Beltrán, alma de Ge2b, no se le escapa que el mercado en el que se mueve irá cada vez a más, ya que «desgraciadamente, la falta de personal comprometido con las necesidades básicas de protección de un país es un hecho presente en numerosos estados, problablemente producto de la globalización y la pérdida de identidades nacionales. Los ejércitos son instituciones necesarias ya que son los garantes de la defensa de los derechos y soberanía de un país y su continuidad es necesaria y obligatoria. Pero no es menos cierto que los compromisos actuales de los diferentes ejércitos proponen una adecuación progresiva de medios, material y personal que garanticen una buena respuesta a las necesidades de protección y mantenimiento de las misiones en las cuales se involucran. Y las empresas privadas pueden llegar a ser una solución normal en el ofrecimiento de valor añadido a estos compromisos, pero determinando sus funciones específicas y nunca asumiendo la responsabilidad de llevar a cabo una misión. Por eso contemplamos a corto y medio plazo la posibilidad de que exista una colaboración más amplia entre instituciones públicas y empresa privada, siempre como apoyo y nunca como la solución final».

Ramiro Anzit, especialista en contraterrorismo y seguridad, ha cuantificado que mientras en la primera guerra del Golfo (1991) había un mercenario por cada 50 soldados regulares, hoy la proporción es de uno por cada 10. Profesionales de una industria de la seguridad privada que mueve anualmente 100.000 millones de dólares. De hecho, y según la norteamericana Government Accountability Office, sólo en EE.UU., y desde 2003, se han otorgado desde el Estado contratos por un valor de más de 766 millones de dólares a estas empresas. Lo que no resulta nada raro si tenemos en cuenta que mientras un sargento de las fuerzas armadas norteamericanas le cuesta a su Gobierno entre 50.000 y 70.000 dólares anuales, un empleado de posición comparable en Blackwater le sale por más de 400.000.

Combatientes que nada tienen que ver, pese a la tendencia facilona y muy dada a la teatralidad de querer asimilarles con la de los viejos soldados de fortuna, con la definición tradicional de mercenario. Y en eso Félix Arteaga, militar en la reserva e investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano, coincide con otros actores diametralmente opuestos en el campo de operaciones como Intermón Oxfam, organización humanitaria. O con Román David Ortiz, otro prestigioso estudioso del fenómeno de los paramilitares colombianos y de la formación de ejércitos privados, a un lado y otro de la ley.

Arteaga ha dejado claro que «la seguridad privada crece en las sociedades más avanzadas porque hay un vacío de poder estatal y de personal, y se está externalizando lo que antes era el monopolio del poder coactivo. Esto afecta al sector militar pero también a la seguridad interior. Se producen dos fenómenos: la externalización de servicios dentro de los países y, de hecho, hay unas tablas de la Agencia Europea de Defensa que muestran cómo se van poco a poco privatizando funciones que antes hacían los militares o policías en los cuarteles; y la externalización sobre el terreno de las operaciones. Por ejemplo, para lo que hace Blackwater, que es escoltar vips, llevaría mucho tiempo formar a un militar y, además, tal especialización sería de poca utilidad porque en cuanto lo formaras se iría a una compañía privada —que paga mucho mejor—, lo mismo que para aspectos logísticos en que una compañía privada se moviliza con mayor rapidez y flexibilidad. Pero estos trabajos nada tienen que ver con los de un mercenario porque van encuadrados dentro de compañías que trabajan para ejércitos gubernamentales, y sus actividades están certificadas por los gobiernos para los que trabajan. No son locos pegando tiros ni guerrilleros ni paramilitares sumidos en la más absoluta ilegalidad. Los mercenarios se prohibieron por una convención de Naciones Unidas de 2001. Pero también es verdad que su actuación sobre el terreno no tiene estatutos. Por ejemplo, quien guía los aviones tripulados sobre el campo de operaciones a veces es un civil, pero ¿se trata de un mercenario, un técnico, un experto...? Desde luego no es un militar. Son figuras nuevas que vienen a cubrir el trabajo que antes hacían los militares profesionales o de reemplazo y cuya actividad va a más».

«Un punto de no retorno» en la realidad de la guerra del siglo XXI, como concluye Consuelo López Zuriaga, investigadora de Intermón Oxfam. «Es un escenario nuevo, habitual en las llamadas emergencias complejas después de la guerra fría, que por su volumen y recurrencia hay que asumir. El Estado, que hasta ahora tenía el monopolio del uso de la fuerza, ahora deja de tenerlo y a través de la privatización se produce una especie de atomización de nuevos actores con capacidad para tener fuerzas militares y represivas. Además, hay una serie de dilemas como la rendición de cuentas de unos sujetos que no se hayan bajo los códigos militares ni han de responder ante parlamentos ni pueblos».

En el limbo de la alegalidad

«Realmente existe un vacío legal y una falta de regulación para estos nuevos actores que empieza a ser alarmante por su volumen. Porque estos nuevos intervinientes no son no combatientes según la definición del Convenio de Ginebra porque llevan armas y actúan en nombre de un determinado Gobierno; ni son combatientes legales según la citada convención porque ni llevan uniformes oficiales de un ejército, ni responden a una jerarquía militar, pero tampoco pueden encajar en la definición convencional de mercenarios. Operan al margen del Derecho Internacional Humanitario. Es una realidad que debe ser controlable ante la peligrosa confusión actual, donde se desdibujan las líneas rojas que marcaban las reglas de la guerra».

Y hasta las de un futuro razonable para la paz. Román David Ortíz, que conoce como nadie la desmovilización de más de 34.000 paramilitares colombianos, advierte a D7 desde Bogotá de lo que puede ser el día después, sin trabajo. Porque como él dice, no es lo mismo despedir a un tipo con formación militar acostumbrado a desenvolverse en la cultura de la violencia que a un contable. Y de los primeros también hay cientos de miles. ¿Qué pasará con todos ellos sin Ejércitos gubernamentales que hayan previsto su futuro? Claro que también está por ver que pasará con nosotros.