Aun cuando el origen de la discusión fue por el dudoso origen del financiamiento para el próximo Congreso Nacional de la FESECITLIH, el tema se transfirió a una acusación más delicada contra la dirigente Rosa Altagracia Fuentes, quien ha encabezado los destinos de la Federación por bastantes años. Según su ex fiscal, Victor Rogelio Cubas, la señora Altagracia vendió 107 manzanas de un terreno donado por el gobierno para vivienda de los trabajadores sindicalizados, sin dejar constancia alguna de los destinos del dinero recibido por tal venta. Por la ubicación, el terreno puede tener un valor que rebasa los 60 millones de lempiras (US$ 3.5 millones). En este país, sumas más modestas han comprado la conciencia de muchos funcionarios públicos, para no dejar evidencias de corrupción.

Consolidar la Democracia

El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el Desarrollo Humano del 2002, en la parte introductoria dice: “Para que las políticas y las instituciones políticas promuevan el desarrollo humano y protejan la libertad y la dignidad de todas las personas, se ha de ampliar y consolidar la democracia". Este enunciado se vuelve obligatorio en países que tenemos un gran déficit de desarrollo humano por la falta de democracia.

En el lanzamiento del Informe, el 24 de julio, la Vice Ministra de la Presidencia de la República de Honduras, Licenciada Rocío Tábora, se refirió a la importancia que tiene ampliar la cobertura exigida para la construcción de la democracia al sector privado de nuestra sociedad y no dejarlo circunscrito únicamente a lo público. La democracia, según la expositora, se aprende y se vive desde el seno de la familia. Nada más atinado puede decirse en estos momentos.

Se trata de construir la democracia con una moral cultivada desde nuestra vida privada sin que, necesariamente, la moral privada se confunda con la moral pública. El ejercicio de lo público exige la renuncia a la satisfacción de los intereses privados personales e impone la atención a los intereses comunes y el reconocimiento de la dignidad humana en sociedad.

El 3 de agosto, en una sesión extraordinaria para tratar un reglamento emitido por la Corte Suprema de Justicia de Honduras, para otorgar el ejercicio de notariado a los abogados del país, un grupo del Colegio de este gremio profesional decidió expulsar del mismo a los quince Magistrados que componen la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Este hecho obligaría al Congreso Nacional a nombrar nueva Corte, dado que para ser Magistrado de esta Corte, es requisito ser profesional del derecho y estar colegiado. Este acto, con génesis en los intereses particulares de los agremiados, ha tenido repercusiones políticas de Estado.

Los quince Magistrados de la CSJ no han cumplido un año que fueron seleccionados por el Congreso Nacional, de una terna propuesta en consulta con organizaciones de la sociedad civil, como una conquista histórica para evitar el favoritismo partidario.

Aquí vemos cómo una organización de la sociedad civil, motivada por ambiciones individuales y de grupos, puede dañar los intereses de toda una nación.

La Doble Moral

Es un hecho que la moral del bien común con el bien individual muchas veces no coinciden. Ocurre que un gobernante puede mostrarse cálido y consecuente con los deseos de los miembros de su familia, mientras en su vida pública puede ser un déspota. A eso nos referimos cuando hablamos de la doble moral. Esta es algo muy común en el mundo político actual. Sabemos de líderes sociales y políticos que mantienen discursos muy encendidos contra la corrupción y a favor de la democracia, no obstante, detrás de bastidores manejan cualquier tipo de negocios ilícitos, evaden impuestos, promueven el clientelismo y compran voluntades para satisfacer sus ambiciones personales.

La analista Linda Hemby[1], en su ensayo “La Corrupción en la Anti-Corrupción” nos narra uno de los casos ilustrativos de la doble moral, ocurridos en Ecuador.

“Alberto Dahik, vice presidente durante el gobierno de Durán Ballén, asistía a muchos eventos anti-corrupción, hablaba elocuentemente en contra la corrupción a audiencias nacionales e internacionales y además participaba en otras actividades anti-corrupción. Fue el encargado del capítulo nacional de Transparencia Internacional, una ONG anti-corrupción internacional con sede en Alemania. A la vez, Dahik estuvo involucrado en varios casos de mal manejo de fondos públicos. Después de un proceso, en el cual la Corte Suprema de Justicia de Ecuador dictó encarcelamiento en su contra por su involucramiento en la corrupción, Dahik huyó a Costa Rica donde recibió asilo político y goza de impunidad.

Dahik contaba con la complicidad del Superintendente de Bancos y del Contralor General del Estado, cuyas carreras también terminaron a causa del escándalo. El último, Juan Carlos Faidutti, trató de renunciar a su puesto, pero debido a la indignación por su conducta, la Asamblea Legislativa rechazó su petición y lo destituyó.

Antes de caer en la deshonra, Faiduitti había ganado reconocimiento internacional como un cruzado anti-corrupción. Hablaba y escribía entusiastamente sobre los peligros y las consecuencias dañinas de la corrupción. Además de fundar y dirigir una ONG anti-corrupción, el Instituto Latino Americano Contra la Corrupción (ILACC), apoyaba la creación de una ONG hermana en El Salvador, la Asociación Salvadoreña Contra la Corrupción (ASACC). Durante su visita a este país en 1995, fue entrevistado en el Canal Doce y presentado como un experto anti-corrupción.”

Indudablemente, con “líderes sociales” con esa doble moral, no se ampliará y menos se consolidará ninguna democracia, todo lo contrario, la reduciremos y fragmentaremos.

La democratización social a que nos apegamos en este artículo esta referida al ámbito de las organizaciones de la sociedad civil. En este ámbito es donde líderes sociales como Juan Carlos Fidutti, en Ecuador, o Rosa Altagracia Fuentes, en Honduras, se desenvuelven con influencias importantes en el destino de instituciones creadas para lograr la emancipación de los derechos civiles y el rescate de la dignidad del pueblo reprimido y explotado. Estos llamados “líderes sociales”, surgen de un proceso interno de desarrollo social, con banderas reivindicativas, para luego convertirse en toda una contradicción y traición a las causas sociales. Tales personajes son tan peligrosos como los peores enemigos de la democracia y de los sectores sociales oprimidos. José Martí dijo que "Con los oprimidos (hay) que hacer causa común para afianzar el sistema opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores (Nuestra América). Pero, estos “líderes” hacen causa común con los opresores infiltrándose en campos amigos.

Muchas son las exigencias originadas del sector privado, incluyendo al sindicalismo, las ONGs, todas las asociaciones y fundaciones que integran la sociedad civil, para que las instituciones del Estado y la sociedad política se democraticen más. No obstante, esta sociedad civil en muchas ocasiones, deja de ser el mejor ejemplo de lo que exige. Una dirigente sindical como Altagracia, no cambiaría su conducta, si pasara a dirigir una institución gubernamental. En la historia reciente hemos encontrado muchos casos en que un “líder” social es coactado por la élite política y pasa, sin mayores calificaciones, a un importante cargo público, o a una diputación; desde su nueva posición en la sociedad, se aprovecha del poder público con el fin de aumentar sus beneficios por medio de la corrupción sin importarle los intereses de la clase que lo ha llevado a la notoriedad pública. Lo más cínico de esto es la capacidad económica política generada rápidamente para comprar voluntades que los eleven al rango de “honorables”.

La Corrupción en el Proceso Democrático

La democracia real esta contra los actos de corrupción, tiene como base el estado de derecho, exige transparencia y responsabilidad hacia los gobernados. Exige rendición de cuentas y una actitud de denuncia y propuesta de los miembros de la sociedad, de los empleados y de los afiliados a organizaciones sociales.

Es decir, la democratización real se construye inicialmente en la vida privada, luego en lo social, hasta llegar a la política. La persona debe vivir de manera coherente con los principios democráticos en todo este proceso.

Los lectores dirán que el sindicalismo es el peor ejemplo de democracia. Pero, desgraciadamente, también encontramos problemas de transparencia y democracia en el grupo de empresarios y banqueros tradicionales. Lo más preocupante e irónico es que este problema se da con algunas personas miembros de alguna ONG de lucha por la justicia social, o por los derechos de minorías, que no son capaces de utilizar los instrumentos democráticos para tomar decisiones internas y ser suficientemente transparentes en su funcionamiento.

Algunas de estas organizaciones funcionan como pequeños feudos, propiedad de su presidente o director, quien define la distribución de recursos, de créditos y de funciones, sin consultar a nadie sus trasnochadas decisiones, dada la ausencia de una auditoría social, excepto la del Dios Todopoderoso quien, asumimos, pide cuentas a posteriori.

La denuncia radial del sindicalista hondureño contra la dirigente nacional, tiene que ser tomada de oficio por los entes contralores del Estado, puesto que se trata de un bien público que le fue donado a una organización, como intermediaria de familias trabajadoras necesitadas de un techo digno. Dicho de otra forma, un bien público destinado a convertirse en un servicio de bienestar común, que por supuestos motivos de corrupción privada, benefició a una sola persona o familia.

En la democratización social deben participar los actores sociales como los actores políticos, puesto que los vicios de las organizaciones sociales o de la sociedad civil no se dan sin la complicidad de la sociedad política. La corrupción, el nepotismo, el despotismo, el egocentrismo y demás contravalores de la sociedad civil utiliza los mismos instrumentos y métodos existentes en la clase política.

Para muestra de ello, Linda Hemby nos vuelve a ilustrar en el citado trabajo lo que sucedió en Republica Dominicana entre diputados y ONGs bajo sus directrices.

Durante un almuerzo al que fue invitado por Lístin Diario, el candidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Tomás Pérez, reveló que los diputados reciben en total más de 700 millones de pesos (unos 44 millones de dólares) para ser manejados por las ONGs que ellos dirigen. Inclusive mencionó que hay algunos diputados que reciben hasta 15 o 20 millones de pesos por cada ONG, y contrastó esto con organizaciones que realmente prestan un servicio social pero que "realizan sus actividades en las más extremas de las precariedades".

Muchas de las ONGs se han convertido en una garantía de ingresos, estatus y de coberturas políticas para altos funcionarios y diputados que al caer sus partidos del poder, no aceptan estar en la llanura. Extraen la información y otros recursos de las oficinas del Estado para convertirse en consultores y proyectistas de ONGs dentro del marco de reducción a la pobreza y la sostenibilidad ecológica. Como para muchas de las agencias internacionales de desarrollo, la pobreza es la mejor razón de reproducirse y mantener su influencia socio política, mientras llegan las próximas elecciones políticas para volver a sortearse un nuevo cargo público. Para los dirigentes de ONGs internacionales, lo mejor que esperan es pasar a consultores de Agencias de desarrollo de sus respectivos gobiernos o mejor aún, en organismos multilaterales. En esta búsqueda de satisfacer proyectos individuales, lo que menos importa es la expansión y consolidación de la democracia, excepto para los discursos demagógicos.

La construcción de la democracia es un constante bregar contra la autocracia, la corrupción privada y pública, así como es una constante acción auditora y denunciadora desde la sociedad civil. Si los actores de la sociedad civil denuncian los hechos ilícitos cometidos dentro de sus propias organizaciones y el Estado no actúa acorde con las exigencias, esta actitud auditora puede llegar a perderse y las instituciones gubernamentales seguirán perdiendo la credibilidad que aún no recuperan.

La Búsqueda

En Honduras, como en otros países latinoamericanos, parte de la sociedad civil se muestra moralmente deteriorada. Recientemente ocho organizaciones de la sociedad civil decidieron manifestarse contra el manejo amañado de un proyecto para la creación del Tribunal Superior de Cuentas. Inicialmente amenazaron con sacar cuatro mil personas a la calle para protestar frente al Congreso Nacional. Gracias a una de esas organizaciones se presentaron no más de 350 personas. La gran mayoría de técnicos de las ONGs involucradas brillaron por su ausencia.

Desde inicios de los años noventa, varias ONGs internacionales decidieron contratar personal “local” para administrar sus programas. Los resultados son una mezcla de mayor comprensión a la cultura “local” y mayor forma de mantener el dominio de las decisiones sobre los recursos, mayor intervención en los intereses de las organizaciones nacionales o locales y mayor beneficio a los intereses personales de estos nuevos funcionarios locales.

Ante el fracaso de obtener mayor democratización, muchas organizaciones internacionales están tomando un rol más decisivo sobre las políticas domésticas. Más aún, hay sociedades que han puesto la esperanza en las potencias mundiales para llegar a hacer justicia social en sus propios países, sin importar las consecuencias que puede tener para la soberanía, como elemento definitorio de los Estados independientes. Da la impresión que nuestros pueblos han claudicado o se han cansado ante el poder de las elites políticas corruptas, se declaran incapaces de exigir el cumplimiento de leyes y promesas de campaña o quizá sus fuerzas solo dan para resolver la problemática económica familiar que se vuelve cada vez más crítica..

Frente a tanta corrupción interna, a inicios del presente año, el Gobierno hondureño le concesionó al PNUD comprar directamente los medicamentos utilizados en las instituciones públicas de la salud. Solamente en el primer trimestre, en el PNUD se invirtieron alrededor de 45 millones de dólares con lo que se estima haberse “salvado” de la corrupción unos 13 millones de dólares. Es verdad que la ciudadanía gana, obteniendo mejores medicamentos y el acceso rápido a los mismos. También el PNUD gana prestigio, una comisión y tiene asegurados los empleos de su personal. No obstante, en cuanto a sanar el mal de la corrupción y democratizar las instituciones del Estado, esta fórmula no incide mucho, quedando mucho camino por recorrer.

Sin duda hay necesidad de aliados internacionales en la lucha contra los vicios antidemocráticos de las elites corruptas. Las alianzas implican estrategias e intereses comunes, pero no sustitución de las responsabilidades que debe cumplir la sociedad civil. Se requiere más bien su fortalecimiento, la entrega de instrumentos, información y recursos a estas sociedades, a estos pueblos, para que con la solidaridad internacional, logre hacer justicia social, el establecimiento de Estados de Derecho, para profundizar estados democráticos añorados por la ciudadanía, en particular las masas de pobres cada vez más empobrecidos.

El llamado de las Naciones Unidas de ampliar y consolidar la democracia, es fundamental y apropiado para pueblos de todas las latitudes del mundo. Debemos convertir este llamado en un reto de todos los amantes de la justicia social. Ligeramente hemos visto cómo importantes actores de la sociedad civil de varios países latinoamericanos, son un anti-testimonio de lo que se pregona y exige. Incluso, activistas abanderados de la anticorrupción, gremios de abogados, supuestamente primeros defensores del derecho y líderes sindicales, exigentes incansables del derecho social, se han convertido en cómplices fehacientes de lo líricamente combatido.

Reparar los actos antidemocráticos de lideres sociales corruptos es un deber social y público, tanto por la dignidad de quienes son perjudicados, como por la construcción de una mejor democracia latinoamericana.

Notas:

1. Linda Hemby , Equipo Facilitador/Revista Probidad, http://www.probidad.org/ediciones/006/art09.html

Marlin Oscar Ávila. Economista, consultor independiente, especializado en políticas de desarrollo, articulista y columnista. Estudió ciencias de desarrollo económico en la Universidad de East Anglia, Nowrich, Inglaterra. Hizo un diplomado en desarrollo socio económico cooperativista en Cody, Universidad de Sant Francis Javier, Nova Scotia, Canadá. Ha servido como Oficial en organismos gubernamentales como no gubernamentales de países como Canadá, Inglaterra y Suecia. Ha sido consultor de organismos multilaterales como BID, UNICEF, WFP y PNUD. Ha hecho investigaciones periodísticas para la CBC y Sunday Thelegraph. Tiene investigaciones sobre el sindicalismo cristiano latinoamericano (1981); la situación laboral en las maquilas (1995-97); incidencia de las ONGs; participación y descentralización política; iniciativas contra la corrupción; crimen contra la niñez, e investigó las iniciativas contra la corrupción durante el período democrático (1982-2001). Es consultor asociado del Centro de Documentación de Honduras y de la Red de Desarrollo Sostenible. Es coautor de varios libros relacionados a la incidencia política, gobernabilidad, anticorrupción y transparencia. Coordina el foro de discusión intelectual sobre Sociedad Civil, por el medio cibernético (RDS), desde marzo de 2001. Ha contribuido en los foros sobre cibernéticos como "el desarrollo rural" y otros.