En los últimos meses, un desfile de estrellas de Hollywood ha ido a parar a este poblado fundado en 1969 junto con el descubrimiento de los primeros pozos petrolíferos en la zona por parte de la antigua Texaco. Pero las razones que trajeron a la blonda actriz Darryl Hannah, a Trudi Styler (la esposa de Sting) y a Bianca Jagger (la ex de Mick Jagger) están lejos de aquellas que incluyen alfombra roja. Ellas y un gran listado de miembros de los medios y ecologistas internacionales han sido invitados para ver en terreno los efectos ambientales generados por la industria petrolera, visitas guiadas que se conocen coloquialmente como los tours tóxicos.

Las imágenes de Hannah, famosa por su rol de sirena en la película Splash, introduciendo su mano en una de las más de 600 piscinas de espesa agua contaminada con petróleo y barro no sólo dieron la vuelta al mundo. También fueron un poderoso promotor de la causa de los 47 querellantes que, a nombre de los 34.000 pobladores de ese pueblo de la Amazonía (la mayoría de ellos, indígenas), alegan que los desechos dejados por las petroleras han contribuido a aumentar los índices de cáncer y los defectos de nacimiento entre la población local.

El objetivo de su demanda es Chevron Corporation, la segunda mayor petrolera estadounidense, con ventas de US$ 210.000 millones al año, y que tras comprar Texaco en 2001 pasaría a hacerse responsable por el desastre ecológico.

El cuestionable historial ecológico que ha tenido la compañía basada en San Ramon, California, ha hecho que muchos, incluso el mismo presidente de Ecuador, Rafael Correa, se sumen a la causa por la que los demandantes exigen al menos US$ 6.000 millones en compensación por los daños causados. El problema es que, en este desastre ecológico, Chevron, el heredero de Texaco y blanco frecuente de organizaciones ambientalistas como Greenpeace, no es el único que debiera estar en el banquillo.

Para entender el motivo hay que remontarse al año 1974, cuando la petrolera estatal Petroecuador se asoció con Texaco para explotar esos hidrocarburos en la selva amazónica. Entonces la empresa estatal ecuatoriana entró en el consorcio en reemplazo de la saliente Gulf Oil, con la que Texaco había empezado a desarrollar los pozos en 1965. Las ganancias se repartieron inicialmente en partes iguales entre la firma ecuatoriana y la estadounidense. El negocio era de tal potencial que el pueblo vecino a los pozos, posteriormente conocido como Nueva Loja, fue bautizado como Lago Agrio, en honor a Sour Lake, la ciudad donde la petrolera texana había nacido 68 años antes.

Pasó la década de los 70 y los 80, y el negocio siguió funcionando, con la diferencia de que Petroecuador fue aumentando continuamente su participación en la propiedad y en las ganancias del consorcio, hasta que en 1992 terminó la concesión que no quiso renovar. Para entonces, Texaco tenía el 37,5% del capital y Petroecuador el resto. Como mecanismo para negociar su salida, las compañías socias acordaron que cada una limpiaría una parte de las piscinas con desechos –enormes pozos rectangulares donde se iban acumulando los sedimientos de su operación– de acuerdo a la participación accionaria que cada una tenía en el negocio. La petrolera dice que en ese entonces invirtió US$ 40 millones en remediación ambiental de los US$ 13,2 millones que le exigió el Estado ecuatoriano. “Hicimos cosas que nunca se habían hecho hasta ese momento en el país, como rescatar el petróleo de las piscinas para refinarlo”, dice la cubanoestadounidense Sylvia Garrigó, la abogada de Chevron-Texaco, desde su oficina en Miami.

La abogada no es la única que confirma eso. De hecho, en 1998 las partes firmaron un acta de finiquito en la que el gobierno ecuatoriano reconocía que Texaco había limpiado el territorio que le correspondía y que, por lo tanto, quedaba libre de responsabilidades posteriores. Pero la legitimidad del contrato de limpieza y del acta ha sido puesta en duda por los demandantes, quienes acusan a Chevron-Texaco de haber limpiado sólo 158 de las 250 piscinas que debía despejar. “La repartición [de las áreas de limpieza] fue injusta: Texaco escondió más de 200 piscinas, las cubrió sólo con tierra, son evidencia que fue ocultada”, dice el abogado Pablo Fajardo, quien lidera la demanda contra Chevron. “La reparación tampoco contempló las fuentes hidrográficas donde la compañía vertió 18.000 millones de galones de agua de formación, resultante de la perforación de los pozos”.

Para Fajardo, un abogado de 35 años que creció en Lago Agrio, el problema ambiental que afectaba a su pueblo fue el caso que lo motivó a estudiar derecho por correspondencia. “Este juicio es mi vida”, dice Fajardo, quien de todos modos ha estado bien asesorado. El estudio jurídico Kohn, Swift & Graf, de Filadelfia, y un pool de organizaciones ambientalistas lo apoyan y han pagado la mayor parte de los gastos del proceso.

No obstante, la misma suciedad que ha afectado el medio ambiente de su tierra ha terminado por contaminar el proceso judicial. De hecho, a fines de octubre, el abogado ecuatoriano Cristóbal Bonifaz en EE.UU. fue condenado por la Corte del Distrito Norte de California a pagar una multa de US$ 45.000 a Chevron Texaco por haber presentado tres casos falsos de cáncer dentro de otra demanda que instauró, por su cuenta, contra la petrolera en ese distrito. Si no fuera porque, antes de demandar a la empresa en California, Bonifaz encabezó el equipo de abogados que inició el juicio en 1993, el tema no pasaría de una anécdota.

Fajardo dice que Bonifaz se desligó del caso en 2005 cuando fue despedido por tener mala comunicación con los demandantes de Lago Agrio. Pero la multa contra Bonifaz dio argumentos poderosos a los californianos. “Lo de Bonifaz demuestra que el caso en Lago Agrio se ha construido a base de propaganda y sin ninguna evidencia”, dice Sylvia Garrigó.

De nueva york a ecuador
Pero si Fajardo y su causa tuvieron dificultades, también las ha tenido la defensa de Chevron-Texaco. La petrolera acudió en 2004 a la Asociación Americana de Arbitraje, en Nueva York, en un intento para obligar a Petroecuador, el gran marginado en este caso, a reconocer su responsabilidad en los daños ambientales en Lago Agrio y a pagar por ellos en el caso de que la estadounidense fuera condenada. Pero, a comienzos de este año, el tribunal dijo que la petrolera ecuatoriana no está obligada a aceptar un arbitraje. Chevron-Texaco tiene a su poderoso grupo de abogados apelando la sentencia. “Cuando hacen los tours tóxicos, lo que le muestran a la gente son las piscinas abiertas de Petroecuador, que ellos mismos han reconocido que tienen que remediar”, dice Garrigó. “Éste no es el juicio del siglo, sino la farsa judicial del siglo”.

Hoy, la petrolera californiana está arrepentida de haber luchado por el cambio de escenario del juicio de Nueva York a Ecuador, lo que sucedió en 2003, pues ahora dice que no está siendo sometida a un proceso justo. La petrolera cree que los tours tóxicos son parte de una intensa campaña extrajudicial de los demandantes que “le ha quitado el espacio al juez para actuar de manera independiente”.

El escenario político también ha cambiado desde 2003 y no favorece a Chevron-Texaco. El actual presidente de Ecuador, Rafael Correa, visitó Lago Agrio a comienzos de año y se solidarizó con los demandantes, y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Alberto Acosta, es un reconocido ecologista cercano a la causa de Fajardo. El abogado dice que ha tenido acercamientos con Acosta y otros asambleístas que quieren tomar al juicio del siglo como punto de partida para endurecer la legislación ambiental del país.

No obstante, todas las iniciativas dejan de lado a Petroecuador, la ineficiente compañía estatal petrolera que ha venido operando en exclusiva los pozos de Lago Agrio desde 1993. Tras respaldar el finiquito que liberaba de responsabilidades a su socia por el tema ambiental, no ha podido demostrar ningún intento de limpiar la parte que le correspondía de las piscinas contaminadas. “El proceso se ha politizado”, dice Garrigó. “Además, nadie demanda a Petroecuador porque no tienen plata para sacarle”. La abogada cree que la única motivación de los demandantes es conseguir un millonario acuerdo extrajudicial. “Pero no vamos a ceder ante ese chantaje”, agrega. Para Fajardo, en tanto, ésta es una batalla por el “nunca más”.

Garrigó advierte que si Chevron Texaco resulta condenada “habrá una serie de apelaciones y primero iremos a la Corte Superior de Quito”. Y con ello, el juicio del siglo –como le han llamado en Ecuador al caso– podría tardar otra década.