29/07/2012 | México - Comunidades mexicanas en pie de guerra contra minihidroeléctricas
Emilio Godoy
Las represas hidroeléctricas con capacidades menores a 30 megavatios son para las autoridades de México una importante opción de generación de energía, pero las comunidades afectadas por estas obras las rechazan, aduciendo que conllevan daños sociales, económicos y ambientales.
En la primera línea de combate contra estas represas pequeñas
están comunidades de los sureños estados de Puebla, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y
Chiapas, que poseen un alto potencial para construir una gran cantidad de ellas.
"Se maneja el discurso de que las llamadas minihidroeléctricas no tienen
impactos (negativos sobre las comunidades), pero la gente ya cuenta con la
información necesaria para decir que cualquier tipo de presa los tiene", dijo a
IPS la activista Angélica Castro, coordinadora de Incidencia Pública y
Participación Ciudadana de Educa Oaxaca, Servicios para una Educación
Alternativa.
Esa organización no gubernamental trabaja desde 2006 con
habitantes de 39 comunidades de seis municipios de Oaxaca involucrados en el
proyecto "Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina", sobre
el río Verde, que planea construir la estatal Comisión Federal de Electricidad
(CFE). La obra tendrá capacidad para generar 510 megavatios de electricidad.
Esas comunas, unidas en el Consejo de Pueblo Unidos por la Defensa del
Río Verde (Copudever), se oponen al levantamiento de la planta hidráulica, cuyos
estudios socioeconómicos y ambientales están en proceso de elaboración.
En México operan al menos 50 minihidroeléctricas públicas y privadas, en
su mayoría obsoletas, que generan unos 50 megavatios. La estatal Comisión
Nacional para el Ahorro de Energía (Conae) estima que el sudeste del país
presenta para este tipo de generadoras un potencial superior a 400 megavatios en
72 sitios identificados.
Esa región es rica en recursos hídricos por su
gran cantidad de ríos y de precipitaciones anuales. De hecho, el no
gubernamental Centro Mario Molina indica que Oaxaca y Chiapas generan
prácticamente toda la electricidad que consumen mediante fuentes renovables,
como la eólica, la geotérmica y la solar, además de las minihidroeléctricas.
Mariana González, investigadora del área de transparencia y rendición de
cuentas del no gubernamental Fundar, Centro de Análisis de Investigación,
advirtió a IPS que las minihidroeléctricas, que "son redituables en el corto
plazo, alteran el suelo y el entorno sin dejar beneficios para las comunidades
locales".
Fundar asesoró entre 2010 y 2012 a cuatro comunidades de
Oaxaca afectadas por el proyecto de pequeña hidroeléctrica Cerro de Oro, con
capacidad de generar 10,8 megavatios. Con esa actuación lograron frenar la obra.
La construcción se había iniciado en 2010 sin consultar a la población,
por lo cual esas comunidades presentaron en noviembre de ese año una queja ante
la Oficina de Rendición de Cuentas de la Corporación de Inversiones Privadas en
el Extranjero (OPIC), entidad financiera del gobierno de Estados Unidos para
colocar dinero privado en proyectos en países emergentes.
Los acusadores
argumentaron, entre otros puntos, que las dos empresas detrás del proyecto no
informaron de la minihidroeléctrica ni sobre sus efectos ambientales y
sanitarios, no consultaron a las comunidades, no identificaron formas de mitigar
las consecuencias adversas ni compensaron adecuadamente a los dueños de la
tierra.
La OPIC otorgó 60 millones de dólares a las empresas
responsables de la obra. En marzo de 2011 se creó una mesa de resolución de
conflictos con la presencia de las partes involucradas, sin que las poblaciones
locales accedieran a aceptar el proyecto ni uno alternativo.
En
noviembre, finalmente la OPIC dio el caso por cerrado y en marzo se detuvo el
emprendimiento indefinidamente.
Pero los riesgos no se han desvanecido
en las zonas rurales mexicanas. El Programa de Obras e Inversiones del Sector
Eléctrico 2012-2026, elaborado por CFE, incluye seis minihidroeléctricas que se
hallan en etapas de prefactibilidad o factibilidad, sin llegar aún a la fase de
diseño. Además, hay en estudio otras cuatro plantas con capacidades de entre 30
y 50 megavatios.
Adicionalmente, el gobierno mexicano cuenta con tres
obras micro en fases de factibilidad y diseño, candidatas a sumarse al sistema
eléctrico nacional. En Chiapas se identificaron siete sitios para instalar
generadoras.
Entre las barreras a esta tecnología energética, la Conae
identificó la falta de aceptación de la sociedad a este tipo de obras debido
fundamentalmente a la inadecuada, nula o deficiente información brindada y a la
ausencia de participación en el proceso de planeación y ejecución de la
comunidad.
"El movimiento tiene claridad de que ningún tipo de presa, de
ningún tamaño, es buena, todas tienen impactos negativos. Sólo quieren que los
dejen en paz", subrayó Castro.
Las comunidades perjudicadas han
intercambiado experiencias sobre la lucha contra esas obras en aspectos como el
organizativo, el legal y el ambiental.
Copudever evalúa presentar un
recurso de amparo colectivo para zanjar la cuestión de la obra hidroeléctrica.
En el caso del proyecto Paso de la Reina, el estudio "Morfología del río
Verde", elaborado por seis expertos del estatal Instituto Mexicano del Agua y de
la CFE, menciona que cuando se construye una presa se inicia un proceso de
sedimentación y de erosión.
La Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente
y Recursos Naturales autorizó en marzo a empresas privadas la edificación de
cinco minihidroeléctricas en Chiapas para vender la energía generada a la CFE.
"Es el proceso de privatización del sector eléctrico. Es un buen negocio
para las empresas que usan la infraestructura estatal. Luego, el proyecto pasa
al gobierno cuando el mantenimiento se vuelve más caro", denunció González.
Generalmente, las plantas se convierten en propiedad de la CFE cuando
expiran los contratos de 15 o 20 años de duración.
En diciembre pasado,
el Senado avaló reformas a la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables
y el Financiamiento de la Transición Energética de 2008 con el fin de promover
la generación eléctrica por medio de represas de pequeña escala.
El
Instituto Nacional de Ecología calcula que las represas hidroeléctricas pequeñas
pueden reducir en 261 millones de toneladas las emisiones de dióxido de carbono
lanzadas a la atmósfera, debido a que desplazan el consumo de combustibles
fósiles.
IPS-Inter Press Service (Italia)
Otras Notas Relacionadas... ( Records 1 to 10 of 44135 )
Otras Notas del Autor
fecha |
Título |
16/10/2018| |
|
26/09/2018| |
|
15/06/2017| |
|
21/11/2014| |
|
28/07/2014| |
|
05/06/2014| |
|
24/04/2014| |
|
26/03/2013| |
|
22/02/2013| |
|
21/01/2013| |
|
29/04/2012| |
|
25/02/2012| |
|
25/02/2012| |
|
25/02/2012| |
|
10/06/2011| |
|
10/06/2011| |
|
24/04/2011| |
|
24/04/2011| |
|
02/07/2010| |
|
29/04/2010| |
|
25/02/2010| |
|
ver + notas
|