La Coalición Europea sobre el Petróleo en Sudán (ECOS) llamó a los gobiernos de Austria, Malasia y Suecia a investigar la posible complicidad del consorcio en crímenes de guerra y contra la humanidad.

En 1997, la compañía sueca Lundin Oil formó un consorcio con la malasia Petronas Carigali Overseas, la austríaca OMV Exploration y la estatal sudanesa Sudapet, y firmó un contrato con Jartum para realizar una perforación en el Bloque 5A, en el meridional estado Al Wahda.

El área entonces no estaba plenamente bajo control del gobierno sudanés, que lanzó una campaña para expulsar a otros grupos armados. Esto desató una ola de violencia, según el nuevo informe de ECOS, llamado "La deuda impaga", que cubre el periodo entre 1997 y 2003.

El trabajo denuncia crímenes de guerra y contra la humanidad en la campaña para preparar el terreno para las compañías.

"La exploración petrolera jugó un papel crucial en las atrocidades", dijo a IPS el coordinador de ECOS, Egbert Wesselink.

El informe de Wesselink estima que 12.000 personas fueron asesinadas o murieron de hambre o enfermedades relacionadas con la guerra. Muchas fueron víctimas de violaciones o torturas, se perdieron medio millón de cabezas de ganado y casi 200.000 habitantes fueron desplazados a la fuerza.

"Las empresas debieron estar al tanto de los abusos, pero siguieron trabajando con el gobierno y su ejército", dijo Wesselink.

El coordinador de ECOS ahora llama a los respectivos gobiernos a investigar si las compañías fueron cómplices de los crímenes.

"Específicamente traemos este caso al gobierno sueco y al austríaco, ya que han reconocido sus compromisos con el Completo Acuerdo de Paz de Sudán", señaló Wesselink. Ese tratado, firmado en 2005, estableció compensaciones a la población por la explotación petrolera. "La promesa sigue incumplida a la fecha".

"Primero comenzaron con un bombardeo aéreo, que duró varios días", recordó el reverendo James Koung Ninrew, secretario general de un consejo regional por la paz. Los habitantes de su localidad, Koch, en Al Wahda, murieron o huyeron.

"Luego, fuerzas terrestres llegaron a supervisar, matando a la población restante e incendiando las aldeas. Al final declararon el área segura, y llegaron las compañías petroleras", agregó.

El consorcio no estuvo directamente involucrado en las atrocidades, explicó Ninrew a IPS.

"Pero fue el consorcio el que exigió seguridad para sus operaciones", dijo Ninrew. "Más aun, sin los contratos, el gobierno no hubiera tenido dinero para comprar armas y municiones. Tan pronto como las tropas aseguraron el área, se trasladaron a la siguiente, en forma sistemática, y las firmas las siguieron, hasta que todo el Bloque 5A quedó bajo control. Las compañías pudieron ver cómo ardían las aldeas".

Durante todo el conflicto en el Bloque 5A, el consorcio trabajó junto a perpetradores de crímenes internacionales, afirma el informe.

La infraestructura creada por las empresas facilitó la comisión de los delitos. Por ejemplo, un importante puente y una carretera permitieron que grupos armados accedieran a comunidades antes aisladas en esta amplia, llana y pantanosa zona en la banda occidental del Nilo Blanco.

No hubo portavoces de Lundin Oil disponibles para IPS. Sin embargo, en una carta abierta a accionistas escrita esta semana, Ian Lundin, presidente de la junta, señaló que ECOS reiteraba "interferencias, insinuaciones y falsas acusaciones basadas en información sesgada y engañosa que fue refutada" años atrás.

"Lundin contribuyó a la paz y a la estabilidad en la región", señala la misiva.

La cancillería sueca se negó a responder al informe. "No hacemos comentarios sobre compañías individuales y no las investigamos", dijo a IPS la portavoz del ministerio, Irena Busic. "La fiscalía hará eso".

Pero Wesselink señaló que Estocolmo se escondía detrás de la posibilidad de un proceso judicial.

"Pierden la mira. Hay buenas razones para un castigo penal, pero ese no es nuestro objetivo. Eso no es lo que espera el pueblo del sur de Sudán. Queremos que los gobiernos garanticen apropiadas compensaciones para todas las personas cuyos derechos fueron violados, y las empresas deben pagar su parte", afirmó.

ECOS estima una compensación por 300 millones de dólares.

"La población local ahora está muy molesta", señaló Ninrew. "Quieren que la compañía reconozca sus errores. También quieren medios de compensación para los que sufrieron los daños".

"Lundin cree que la tormenta pasó. Nosotros creemos que no", dijo por su parte Wesselink.