Sin polémicas. Sin tener que eludir el debate público. Y con la tranquilidad que da poseer el monopolio moral en su territorio, el Gobierno de Zimbabue podrá controlar desde ahora las llamadas telefónicas, los mensajes de texto, así como los correos electrónicos de sus ciudadanos.

En virtud de un nuevo decreto gubernamental, los proveedores de internet y las compañías de telefonía deberán entregar estos datos –que se almacenarán durante cinco años- a las autoridades en virtud de la inquietante seguridad nacional.

De igual modo, la nueva ley también obliga a las empresas a revelar la información de sus abonados al recibir una «solicitud escrita firmada por un agente de policía que no esté por debajo del rango de comisionado adjunto».

Sin embargo, no es el único caso en el continente. Aunque algunos prefieran no tener que recurrir a la Constitución.

El pasado mayo, Marquis-Boire y Bill Marczak, dos conocidos analistas de seguridad informática, aseguraban haber encontrado evidencias del uso de programas espía ciudadana por parte de decenas de gobiernos.

En este sentido resulta clave la palabra «FinSpy», un software que registra, desde llamadas por Skype a las pulsaciones de teclado.

En Etiopía, por ejemplo, «FinSpy» era camuflado en correos electrónicos enviados a disidentes políticos mediante el uso de imágenes de «Ginbot 7», un grupo de opositor. Cuando se pulsaba en las fotografías, el programa era descargado en los ordenadores y éstos comenzaban a comunicarse con un servidor local.

Para los expertos, este programa (también conocido como «FinFisher») es utilizado, tanto en Etiopía, como en Nigeria y Sudáfrica.

«Nigeria no es un estado policial y el Gobierno no está considerando llevar a cabo la vigilancia sobre sus ciudadanos», ha reconocido en numerosas ocasiones, Sylvanus Ehikioya, director de la Comisión Nacional de Comunicaciones.

Sudán, Clooney y los satélites

Más curioso resulta, sin embargo, que Estados plenamente policiales lamenten el uso de programas espía en su territorio. En agosto pasado, el presidente de Sudán, Omar Hassan al Bashir, acusaba a un ciudadano estadounidense de «espiar de forma ilegal» en su territorio. ¿La identidad de este «topo»? Más que curiosa.

Desde octubre de 2010, la organización Satellite Sentinel Project (SSP) supervisa las zonas conflictivas de Sudán mediante una red de satélites comerciales situados a más de 500 kilómetros de altura. El adalid (y financiero) de esta iniciativa no es otro que el actor estadounidense George Clooney, quien, en consonancia con Naciones Unidas, la Universidad de Harvard y una amalgama filantrópica, busca convertirse en el principal impulsor de la infamia sudanesa.

Orden contra el ministro de Defensa

Y lo cierto es que trabajo no les falta. Las imágenes aéreas del SSP ya han mostrado cómo tropas de Jartum, capital de Sudán, habían iniciado una campaña de terror en la región fronteriza de Abyei. Una denuncia que resultó determinante para que la Corte Penal Internacional dictara, a finales de 2011, una orden de detención contra el ministro de Defensa, Abdelrahim Mohamed Hussein, por crímenes contra la humanidad.

Así que, ante tales logros, no resultan extraños los agradecimientos del pueblo del sur sudanés, independiente desde el 9 de julio de 2011 y víctima del expolio moral practicado desde el norte. Como aseguraba entonces a ABC Gibson B. Wande, ministro de Información del estado de Ecuatoria Occidental, «la financiación de George Clooney ha resultado clave para sacar a la luz el actual conflicto fronterizo de la región, uno de los más olvidados del mundo. Sobre todo, desde que la independencia sureña provocara un aumento en la escalada militar».