Tras años de discusiones y polémicas, el Congreso de Brasil aprobó por unanimidad en la noche del miércoles (madrugada del jueves en España) un proyecto de ley para investigar "las graves violaciones de los derechos humanos" cometidas durante la dictadura militar, entre 1964 y 1985.

La ley supone la creación de una Comisión de la Verdad que tendrá como exclusiva tarea la "reconstrucción de la verdad histórica" y que tiene el apoyo del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, quien durante el periodo militar permaneció dos años presa y sufrió torturas por sus vínculos con grupos guerrilleros opuestos a la dictadura.

Según la ministra secretaria de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes, el texto aprobado "podría cambiar la historia de Brasil". Hasta ahora, los crímenes perpetrados durante aquellos años de sombras han sido una asignatura pendiente, arrinconada por miedo a las reacciones de los militares en un país que apenas cuenta con 20 años de democracia real.

La nueva ley fue aprobada con la mediación de la presidenta Rousseff, que se mantuvo en todo momento en contacto telefónico con los diputados desde Nueva York, donde participaba en la Asamblea General de la ONU. La norma, que tuvo que recoger a última hora varias exigencias de la oposición, supone la creación de una Comisión de la Verdad que investigará los casos. Esta comisión estará formada por siete miembros nombrados por la presidenta. La comisión tendrá dos años para investigar lo ocurrido y no podrán formar parte de ella las personas que "ejerzan cargos ejecutivos en el Gobierno", las que tengan cargos de confianza "en cualquier esfera del poder", y las que militaran contra el régimen dictatorial.

El Congreso aceptó la proposición del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) para que cualquier ciudadano pueda exigir informaciones que ayuden a esclarecer los casos.

La nueva Comisión de la Verdad abre el camino para que las investigaciones abarquen también los actos cometidos bajo la Operación Cóndor, el plan diseñado por las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América -Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia- con la CIA de EE UU. El plan sirvió para perseguir a opositores de varios de estos países durante los setenta y ochenta. La ley prevé, en efecto, las investigaciones de crímenes "aunque fuesen cometidos en el exterior".

La Comisión podrá servirse de todas las informaciones del Estado clasificadas como secretas, así como de las informaciones voluntarias entregadas anónimamente a sus miembros.

El proyecto ha podido contar con el consenso del Gobierno y de la oposición, e incluso de los militares, porque no significará la derogación de la Ley de Amnistía que impide condenar a los torturadores de los tiempos de la dictadura.

La nueva ley, que deberá ahora ser ratificada por el Senado y aprobada definitivamente por la presidenta, intenta más bien esclarecer todas las sombras de los años de terror, devolver si fuera posible los muertos o desaparecidos a sus familiares y hacer justicia a la historia, sin quebrar el consenso alcanzado para poder devolver al país la democracia de la que hoy goza a pleno título.

Las familias de las víctimas, que siempre lucharon para que pudieran ser procesados y condenados los torturadores, han considerado la nueva ley como un primer paso importante en el esclarecimiento definitivo de la "terrible verdad de los años del terror y del horror" que vivió el país.