Se cumple un año de la crisis nuclear de Japón, pero en Latinoamérica apenas se ha discutido sobre la conveniencia de esta energía. Los únicos tres países que cuentan con generadores atómicos, Brasil, México y Argentina, mantienen sus planes de construir más. De momento, apenas el 2% de la energía eléctrica latinoamericana proviene de centrales nucleares. En cambio, tras el accidente de la central de Fukushima, Venezuela, Perú y Bolivia desistieron de sus planes de desarrollar energía atómica, mientras Chile mantiene una actitud ambigua al respecto. Así describe el panorama un artículo de Kerstin Kress, investigadora de la Fundación Friedrich Ebert, que se publicó en la última edición de Nueva Sociedad, la revista latinoamericana de esa institución de la socialdemocracia alemana.

“El accidente llevó a un nuevo debate sobre la energía nuclear en América Latina”, relata Kress. “Sin embargo, las protestas antinucleares no alcanzaron la misma dimensión que en países europeos”, añade la investigadora.

Argentina inauguró en septiembre pasado su tercera central nuclear. Las dos anteriores eran de 1974 y 1984. Esta tercera, llamada Atucha II, había comenzado a ser construida en los años ochenta, pero se paralizó en los noventa como parte de los recortes del gasto público que impuso la ola neoliberal en Latinoamérica. Las tres centrales producen el 6,2% de la electricidad de este país.

Brasil, que cuenta con las dos centrales nucleares de Angra, inauguradas en 1982 y 2000, consigue mediante ellas el 1,8% de su electricidad. La central Angra III se finalizará en 2015 y el Gobierno de Dilma Rousseff planea construir otras dos. Paulo Carneiro, asesor de la dirección técnica de la empresa estatal brasileña Electronuclear, comenta a EL PAÍS que la construcción de Angra III ya preveía los problemas que surgieron en Fukushima. En cambio, las otras dos centrales anteriores están siendo sometidas a una serie de más de 50 estudios y proyectos. Por ejemplo, Carneiro explica que para casos de inundaciones se prevé la protección adicional de algunas parcelas.

También se evalúa la compra de coches de bomberos y generadores eléctricos móviles, para no depender de la red eléctrica, que suele caerse ante accidentes. También se analizan medidas para reaccionar ante un derretimiento del núcleo de la central. En total se invertirán en reformas 217 millones de euros en dos años.

“Los críticos lamentan que el plan de emergencia de la central Angra solo incluya la evacuación de un radio de cinco kilómetros alrededor de los reactores y no de veinte [el tamaño de la zona evacuada en Japón], que incluiría la ciudad de Angra dos Reis, con 170.000 habitantes”, señala Kress. “A consecuencia de las protestas, el Gobierno anunció pensar en cambiar el plan”, añade el informe de la Friedrich Ebert. Los defensores de la energía nuclear en Brasil alegaron que allí nunca podría ocurrir lo que sucedió en Fukushima.

El 2,4% de la electricidad de México proviene de sus dos centrales nucleares de Laguna Verde, que fueron inauguradas en 1990 y 1995 en Veracruz. En 2010, la Comisión Federal de Electricidad mexicana anunció que preveía llegar a un 10% en 2024, para reducir su dependencia de los hidrocarburos. El año pasado se terminaron las obras para elevar un 20% la potencia de las dos generadoras y el Gobierno de Felipe Calderón, después de evaluar los efectos de Fukushima, sigue abogando por la energía atómica.

El director general de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de México, Juan Eibenschutz Hartman, argumenta ante EL PAÍS que “en Laguna Verde no hay probabilidad de ola de tsunami, por lo que una prueba de resistencia no tiene mayor relevancia”. En cambio, “hay otros temas que sí están aplicándose en Laguna Verde: que el hidrógeno que se produzca en una eventual reacción se saque del edificio del reactor y que se disponga a una distancia razonable de un equipo de bomberos de emergencia que no sean movidos por electricidad”, describe Eibenschutz, que destaca que Laguna Verde tampoco es una zona con alta probabilidad de seísmos fuertes.

“Grupos ecologistas, expertos en temas nucleares y movimientos ciudadanos como Madres Veracruzanas criticaron la falta de planes que sean suficientes para la protección de la población alrededor de Laguna Verde, señalando que se encuentra en una zona sísmica”, describe el informe de la Fundación Friedrich Ebert. Otros científicos destacan que nunca no hubo allí un accidente grave.

El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner también impulsa el desarrollo del primer reactor nuclear 100% argentino, que servirá para centrales de pequeño tamaño que puedan comprar países en desarrollo. Otro proyecto en marcha consiste en producir uranio enriquecido por cuenta propia y en cooperación con Brasil.

Tras el accidente de Fukushima, los defensores de la tecnología destacaron que las centrales argentinas se encuentran lejos del mar, en zonas con poco riesgo de seísmos y con sistemas de emergencia más seguros que los de la planta japonesa. En la ciudad argentina de Lima, la más cercana a las plantas de Atucha, por primera vez comenzó un debate entre sus habitantes, que se quejaron de que solo había un camino asfaltado para huir de allí.