Un nuevo índice llamado Climatescope establecido por la compañía de investigación de mercado y el MIF para incrementar la inversión privada identifica los flujos de capital verde en 9.4 mil millones de dólares - la mayoría de esos provenientes de las finanzas públicas de fuentes como el banco de desarrollo brasileño, BNDES. Esto es considerado muy inferior en relación al potencial de rápido crecimiento de la región, bien dotado de recursos naturales y hambriento de seguridad energética -fuentes del MIF sugiere que es la mitad del nivel que Latinoamérica debería atraer- y es un reto a las ambiciones multilaterales por financiación privada para direccionar la inversión contra el cambio climático.

Los comentaristas de negocios durante mucho tiempo han sido entusiastas sobre la capacidad para el crecimiento de la energía limpia conducido por el sector privado en la región. Es cuna de una de las áreas con enorme potencial solar como el desierto de Atacama y contiene muchos sitios para el procesamiento de energía eólica, hidráulica y mareomotriz. El desierto de Atacama tiene potencial para generar hasta 100GW en energía solar, lo que da al país la posibilidad de convertirse en exportador de energía neta, según cálculos internacionales. La energía solar es clave en la estrategia del gobierno para obtener el 20% de su capacidad instalada a partir de energías renovables hacia el 2020. Si bien el riego activado por energía solar es sostenible desde un punto de vista energético, el problema de la disponibilidad de agua es más complejo en el desierto de Atacama, el más seco del mundo. El valle de Copiapó cuenta con reservas subterráneas de agua, pero en el resto de la región el recurso es escaso y la agricultura debe competir por el con la industria minera. La sequía que actualmente afecta al país también ha tenido un impacto en su disponibilidad.

 La energía geotérmica, biomasa y biocombustibles es viable también en muchas áreas. Sin embargo, los obstáculos del mercado -desde la disponibilidad y el costo de capital local, hasta la ausencia de las cadenas de abastecimiento para los bienes de energía limpia- están conspirando para dejar sin explotar el vasto potencial de la energía verde. Mientras la micro-finanza también ha emergido como una forma importante para ayudar a expandir el acceso de prestatarios de bajos recursos para la energía renovable barata, tan sólo 71 de las 448 instituciones micro-financieras que operan en Latinoamérica y el Caribe ofrecen productos verdes.

A diferencia de la aletargada inversión verde en América Latina, alrededor del 60% de la financiación que ahora se movilizaron a nivel mundial para apoyar las actividades de desarrollos bajas en carbono es ya privado, en forma de equity directo y deuda, según sugiere el think tank Climate Policy Initiative.

Las finanzas privadas son consideradas esenciales para la inversión relacionada al cambio climático y clave para el suceso de iniciativas de reducción de emisiones de alto perfil como el Reducing emissions from deforestation and forest degradation (Redd) de Naciones Unidas, que requiere hasta 30 mil millones de dólares por año. Los gobiernos por sí mismo no pueden proveer esta clase de recursos, y si hay problemas en el consenso dicho cambios es posible sin la inversión privada. Estados Unidos ha dejado en claro que su contribución de 1 mil millones de dólares para el Redd es la condición para la participación del sector privado, y en abril, Canadá lanzó su propio fondo climático de 250 millones de dólares canadienses para el sector privado en las Américas.

El lento progreso en América Latina -que, por el contrario, ha encabezado las convocatorias para una mayor financiación pública en los estados del Norte- se vieron reflejados en la membrecía del  UN environment programme's finance initiative (Unep FI). En el inicio de 2011, sólo el 6% de los bancos miembros y las instituciones financieras del Unep FI  fueron en Latinoamérica comparado con 44% de Europa y hasta el 9% en África. Con resultado, se ha dado un torrente de actividad multilateral dirigida hacia América Latina.

Unep FI atrajo a un número de bancos regionales a firmar el año pasado y el MIF lanzó un programa de micro finanzas verdes y venture fund. Este año, el gigante de las finanzas brasileñas Bradesco se unió a las comisiones de bancos de Unep FI y el mexicano CIBanco se convirtió en el más reciente signatario del charter de desarrollo sostenible. Un estudio regional para la finanza sustentable del  Unep y la Federación de Bancos de América Latina, Felaban, finalizará este mes, y en el período previo a Río+20, el BID ha estado promoviendo el papel de los bancos desarrollo nacionales pueden desempeñar en la movilización de inversiones privadas.

Desde la cumbre del clima en Cancún 2010, ha habido un reconocimiento de que la imagen completa de los flujos de financiación del cambio climático es esencial para el éxito de la política mundial. Las iniciativas para hacer frente a la falta de dato incluyen a Climatescope, que se lanzó formalmente en Rio+20, el 19 de junio. Este está dirigido a fabricantes y financieros que buscan oportunidades de inversión verdes y rangos de oportunidades de energías bajas en carbono en 26 países en América Latina y el Caribe. Su creación refleja el papel potencial de América Latina en la industria de energía limpia. Aproximadamente el 7% de la capacidad de energía instalada de la región es de 301 GW es ahora proporcionado por biomasa y residuos, hidroeléctrica, eólica, geotérmica y solar, pero la demanda de energía limpia es enorme.

Por lo menos 30 millones de personas en la región aún carecen de electricidad y el Banco Mundial ha calculado que los países de Latinoamérica y el Caribe podrían incrementar el suministro en un 30% para el 2030 si adoptaran los recursos renovables. Las cambiantes condiciones del mercado global por energía limpia probablemente favorecerán a América Latina cuando los costos se desplomen y la sobrecapacidad en los países industrializados fuerce a los fabricantes a buscar nuevas oportunidades.

El reporte inaugural de Climatescope indica, como era previsible, que Brasil tiene el medioambiente más favorable para las inversiones relacionadas con el cambio climático en la región, aunque Nicaragua atrajo la mayor inversión en relación a la participación PBI, y Panamá las energías renovables están creciendo rápidamente. La iniciativa enfatiza la importancia de las políticas que dan estabilidad y predictibilidad a las inversiones verdes. Mientras por los menos 80 políticas de energías limpias están en marcha o en proyecto en América Latina y el Caribe, sin embargo, los expertos dicen que estos carecen de instrumentos que tienen un proceso galvanizado en otros lugares, y aún siete países no tienen ningún incentivo para la energía verde.

Emisiones de carbono como argumento

La región debe aumentar dramáticamente sus inversiones en adaptación al cambio climático y la mitigación en las próximas décadas América Latina y el Caribe sufrirán daños anuales en el orden de US$100.000 millones para el año 2050, debido a mermas en los rendimientos agrícolas, la desaparición de glaciares, inundaciones, sequías y otros eventos provocados por el calentamiento del planeta, según los resultados de un nuevo informe que será distribuido en la Cumbre Rio+20.

Desde una óptica positiva, el costo de las inversiones en la adaptación para enfrentar esos impactos es mucho menor, equivalente a la décima parte del monto de los daños materiales, según indica el estudio preparado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, el estudio también señala que se requieren reducciones obligatorias de emisiones de gases efecto invernadero para evitar algunas de las consecuencias potencialmente catastróficas causadas por el cambio climático a largo plazo. El informe estima que los países deberán realizar inversiones anuales adicionales de US$110.000 millones a lo largo de las próximas cuatro décadas, para reducir las emisiones de carbono per cápita a niveles acordes con los objetivos de estabilización del clima mundial.

“Muchos cambios climáticos son irreversibles y seguirán afectando a la región en el largo plazo”, dijo Walter Vergara, Jefe de la División de Cambio Climático y Sostenibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo e investigador líder del estudio, cuyos resultados preliminares fueron presentados hoy en un evento en la sede del BID, conjuntamente con la organización no gubernamental Center for American Progress (CAP). “La adaptación es necesaria para prevenir más daños, pero no es suficiente. Necesitamos acciones más decididas para doblar la curva de las emisiones en las próximas décadas”, subrayó.

Una región especialmente vulnerable

América Latina y el Caribe producen sólo 11 por ciento de las emisiones causantes del calentamiento global. No obstante, los países de la región son especialmente vulnerables ante sus efectos, debido a su dependencia económica de las exportaciones de recursos naturales, la existencia de una red de infraestructura especialmente sensible a los fenómenos climáticos, y a la presencia de áreas bioclimáticas críticas como la Cuenca Amazónica, el bioma coralino del Caribe, los humedales costeros y frágiles ecosistemas montañosos.

Los daños anuales proyectados para América Latina y el Caribe causados por los impactos físicos asociados con un aumento de 2 grados centígrados por encima de niveles pre-industriales suman alrededor de US$100.000 millones para el año 2050, lo que equivale al 2 por ciento del PIB de la región a valores actuales, según el informe titulado “El Desafío Climático y de Desarrollo en América Latina y el Caribe: Opciones para un Desarrollo Resiliente Bajo en Carbono”.

El informe menciona impactos climáticos en la agricultura, la exposición a enfermedades tropicales y cambios en los patrones de las precipitaciones pluviales, entre otros. Por ejemplo, el reporte hace referencia a un estudio reciente que estima que la región experimentará pérdidas por entre US$30.000 millones y US$52.000 millones en sus exportaciones agrícolas en 2050.

México y Brasil tienen la mayor distribución de tierra apenas por encima del nivel del mar, lo que les hace vulnerables ante el aumento de este nivel. Un aumento de un metro en el nivel del mar puede afectar a 6.700 kilómetros de carreteras además de causar inundaciones extensivas y daño en las zonas costeras. Un 50 por ciento de pérdida de los arrecifes coralinos del Caribe, debido al blanqueamiento del coral, podría costar al menos US$7.000 millones.

En el estudio se señala que los costos de adaptación constituyen una pequeña fracción de los costos de los impactos materiales, estimados en forma conservadora en 0,2 por ciento del PIB de la región a valores actuales. Adicionalmente, acciones de adaptación pueden tener beneficios significativos en materia de desarrollo, desde seguridad alimentaria hasta mejoramiento de la calidad del aire y la reducción de la congestión vehicular, reduciendo el costo neto de estas actividades.

“Las inversiones en adaptación son efectivas en términos de costos”, dijo Luis Miguel Galindo, Jefe de la Unidad de Cambio Climático de la CEPAL, un contribuyente clave al informe. “Algunas de estas medidas de adaptación son fáciles de implementar y tienen sustanciales beneficios adicionales”. Si bien la adaptación es importante, también son necesarias inversiones para reducir radicalmente las emisiones de carbono proyectadas en la región, hasta niveles acordes con los objetivos de estabilización del clima mundial.

Bajo un escenario de continuar con las prácticas actuales, en 2050 América Latina y el Caribe aportarán 9,3 toneladas per cápita de gases efecto invernadero, frente a 4,7 toneladas per cápita actuales. El informe define rumbos para reducir la curva de emisiones a 2 toneladas per cápita, mediante la promoción de cero emisiones provocadas por la deforestación y otras prácticas de uso de la tierra para 2030, combinadas con medidas que eliminen la huella de carbono en la matriz energética y en la infraestructura de transporte para 2050 con un costo anual de US$110.000 millones.

“Sí, el gasto de US$110.000 millones por año en una región que enfrenta enormes problemas de desarrollo no constituye una propuesta menor”, dice Pablo Gutman, Director de Economía Ambiental en WWF. “Sin embargo, obtendríamos beneficios muy importantes como una mejor seguridad energética y alimentaria, y las personas disfrutarían de una vida mejor en entornos más saludables”. “En el largo plazo”, agregó Vergara, “esta es la manera más certera de asegurarse que América Latina y el Caribe sigan prosperando de una forma sostenible”.

Desaceleración en Europa,  expansión de la energía eólica en Brasil

La energía eólica dejó de ser considerada una fuente alternativa y cara en Brasil, donde hay un escenario de franca expansión de esa matriz energética, apuntada como una de las más limpias. Aliada a las condiciones climáticas favorables, principalmente en el Nordeste y en el Sur del país, la reducción de los costos de producción hizo al sector atractivo no sólo para las empresas que generan energía, sino también para los grandes fabricantes globales de equipos eólicos, que encuentran en Brasil un mercado más prometedor que otros consolidados, como Europa Occidental. “La energía eólica está insertada definitivamente en la matriz energética brasileña”, afirma la presidente ejecutiva de la Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica), Elbia Melo. Para la ejecutiva, la cuestión ambiental (con el crecimiento del uso de energías renovables), las condiciones favorables para el uso en Brasil y el factor económico, con el abaratamiento de los proyectos, fueron decisivos para la consolidación del cuadro positivo del sector en el país.

El presidente de Abeeólica resalta que las inversiones en tecnología hicieron que los precios de equipos cayeran. Además de eso, recuerda, la coyuntura internacional de desaceleración económica, en especial en Europa, provocó cortes de proyectos de expansión y de subsidios en el sector de energías renovables. Resultado: ociosidad en el parque mundial de fabricantes y la consecuente presión en la reducción de precios. “En 2004, el costo de generación de cada MWh era de 6,4 millones de reales. Actualmente es de 3,4 millones, lo que hizo la expansión del sector económicamente factible”, destaca la ejecutiva. Ella resalta que las diferencias de costos de la eólica en relación a la energía hidroeléctrica, que anteriormente eran grandes, fueron reducidas en los últimos años. En 2005, el megawatt-hora (MWh) eólico costó 306 reales y en 2011 llegó a 102 reales, precio próximo al de la fuente hídrica.

Entre 2005 y 2011, de los 64 mil MW contratados en las licitaciones de energía, un 10%, o 6.750 MW, se refieren a proyectos eólicos. En 2005, Brasil tenía diez usinas eólicas, con 28 MW. Este año están operación cerca de 1500 MW, siendo que 1200 MW están en construcción y otros 6000 MW en contratos, debiendo entrar en operación hasta 2016, de acuerdo con los datos de la Empresa Brasileña de Investigación Energética (EPE). Conforme la presidente de  Abeéolica, con esas inversiones, la expectativa del sector es que la participación de la energía eólica en la matriz energética salte de los actuales un 1,4% a un 5% en 2014, cuando todos los parque eólicos que ya estuvieran operando. La meta, según ella, es mantener la contratación de 2 mil megawatts (MW) anualmente.

“Brasil tiene hoy uno de los menores costos del mundo de generación de energía eólica”,  apunta el director del Centro Brasileño de Energía y Cambios Climáticos (CBEM), el investigador Osvaldo Soliano Pereira. Recuerda que hay otro factor importante para promover la expansión de la energía eólica en Brasil: las restricciones cada vez mayores que los grandes proyectos hídricos en lo que se refiere a la cuestión ambiental. "Hay una dificultad creciente en los licencias ambientales de los grandes proyectos de hidroeléctricas, lo que favorece el uso de otras energías renovables", dice Peral. De acuerdo con datos de diciembre de 2010, Brasil ocupa la 21ª posición en términos de capacidad instalada de energía eólica. El líder del ranking es China y enseguida vienen Estados Unidos, Alemania, España e India. Pero Brasil debe ganar varias posiciones rápidamente, ya que pierde solamente con China y la India en el ritmo de expansión de energía eólica, afirma Elbia.

Brasil también está entre los países más atractivos para la realización de nuevas inversiones en el sector. De acuerdo con el estudio "Renewable energy country attractiveness indexes", publicado en mayo por Ernst & Young Terco, Brasil está en 11º entre los países más atractivos en esa área, cinco posiciones por encima del mismo periodo del año pasado y una posición abajo del relevamiento hecho en el trimestre anterior. "Hubo una variación suave en relación al trimestre anterior, pero eso no significa que a medio y a largo plazo el escenario dejó de ser muy positivo para la energía eólica en el país", afirma Luiz Claudio Campos, socio de transacciones de Ernst & Young Terco.

Hay una serie de nuevas inversiones programados para la producción de equipamientos eólicos en Brasil. La alemana Fuhrländer, por ejemplo, inició la construcción de una fábrica de aerogeneradores en la ciudad de Caucaia, región metropolitana de Fortaleza (CE). La fábrica tiene inversión prevista de 15 millones de reales en su primera fase. Si fuera ampliada, la unidad podrá recibir aportes de más de 30 millones de reales. La previsión es comenzar a producir en el inicio de 2013. En el mismo Estado, la danesa Vestas está iniciando la producción de su fábrica localizada en la ciudad de Maracanaú. Con inversión de 28,4 millones de reales, es la primera unidad de la empresa en América Latina. La división de energía de la GE también suscribió un protocolo de intenciones con el gobierno de Bahia para instalar una fábrica de turbinas, con inversiones alrededor de 45 millones de reales.