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01/12/2012 | Argentina - Evitar el colapso energético

La Nación (AR)-Staff

Los daños de la política oficial están a la vista y de no aplicarse un plan estratégico coherente los estragos sobre la economía serán incluso mayores.

 

l anuncio sobre una mejora en el precio para el gas en boca de pozo, efectuado el pasado martes por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), constituye otro tardío reconocimiento del fracaso de una política energética intervencionista que, a lo largo de una década, desalentó la inversión productiva y pulverizó las reservas de gas y petróleo, puso al borde de la quiebra a las empresas del sector eléctrico y llevó a la Argentina al fin del autoabastecimiento y a un creciente déficit comercial energético.

Las reservas de gas natural, fuente primaria de más del 50 por ciento de la energía que se consume en el país, han caído casi a la mitad entre 2003 y 2011. En tanto, las reservas de petróleo disminuyeron cerca del 10 por ciento en igual período. La insuficiencia de la producción ha debido ser compensada con cada vez más importantes y poco transparentes compras en el exterior. Hoy la Argentina importa aproximadamente el 25 por ciento del gas que consume a precios entre cuatro y seis veces mayores que los fijados por el Gobierno para la producción local.

El déficit comercial en materia de energía superó el año pasado los 3000 millones de dólares y crecerá fuertemente en 2012, pese al estancamiento que ha experimentado la economía argentina, dado que las importaciones rondarán los 12.000 millones de dólares.

Atrás ha quedado el país que hasta hace unos años estaba autoabastecido y que poseía una matriz energética diversificada y una buena dotación de recursos primarios, que le permitieron llegar a tener un superávit comercial anual superior a los 6000 millones de dólares.

En la actualidad, en cambio, la economía nacional está derivando los dólares que ingresan por las exportaciones del complejo sojero a paliar el grave desabastecimiento energético de la era kirchnerista.

Sin embargo, la crisis energética no existió en el guión del relato oficial durante los últimos años. Invariablemente, las autoridades nacionales alentaron la teoría de que esta situación de emergencia se basaba en simples pronósticos agoreros o hasta "destituyentes". La razón de esta omisión era clara: el único responsable de semejante descalabro ha sido el propio gobierno nacional, al sembrar la inestabilidad en las reglas de juego y desalentar la inversión.

Durante la última década, las tarifas de electricidad y gas fueron congeladas. Las exportaciones de petróleo crudo debieron pagar un derecho móvil que mantuvo el precio interno en un valor casi fijo, siempre por debajo del precio internacional; así, los precios en boca de pozo quedaron cada vez más rezagados, desalentando la exploración y la producción. Lo ocurrido con el gas fue aun peor. Y la consecuencia no fue otra que el desvío de las inversiones hacia países que reconocieran precios equivalentes o cercanos a los del mercado internacional.

Tanto la industria eléctrica como la mayor parte de la gasífera se hallan actualmente quebradas desde un punto de vista técnico. La distribuidora Edenor acumuló pérdidas a lo largo de los últimos tres trimestres por casi 624 millones de pesos, a razón de 2,3 millones de pesos por día. Edesur arroja, en igual período, pérdidas por 454 millones de pesos, en tanto que Edelap dio cuenta de un rojo de 190 millones, superior a su patrimonio neto, de 109 millones. Finalmente, la transportadora Transener informó un quebranto de 60 millones de pesos en los primeros nueve meses del año, un 157 por ciento más que en igual período de 2011. A las dificultades financieras de las empresas eléctricas, hay que añadir las fuertes multas y resarcimientos que deberán abonar Edenor y Edesur por el reciente apagón.

En el sector gasífero, las dificultades de las empresas son igualmente serias, como consecuencia del fuerte atraso tarifario. La distribuidora Metrogas anunció pérdidas por 83 millones de pesos en los primeros nueve meses de este año, septuplicando las del año anterior. Camuzzi Gas Pampeana informó pérdidas mayores a 30 millones, en tanto Gas Natural Ban registró una ganancia de apenas un millón de pesos.

De acuerdo con estudios privados, el costo promedio de la electricidad es más de cuatro veces superior a las tarifas, sin incluir las inversiones para ampliar el servicio y mejorar el mantenimiento. No es casual que el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunciara días atrás un plus tarifario que irá de 4 a 150 pesos bimestrales para la electricidad y de 4 a 60 pesos bimestrales para el gas hogareño, cuya recaudación se destinará a inversiones en infraestructura, aunque difícilmente paliarán los daños de una política energética que están a la vista.

La política oficial, consistente en ignorar durante demasiado tiempo un problema que derivó en la falta de mantenimiento de las redes eléctricas, es la causa de que una ola de calor que se extienda por varios días pueda dejar a oscuras a buena parte del área metropolitana, como ya ha ocurrido y podría volver a suceder en cualquier momento, por lo que no extrañaría que se recurra a restricciones energéticas en las empresas para que la insuficiencia del sistema eléctrico no afecte a los hogares.

Cuando se produjo el último apagón, el ministro De Vido se escudó en un supuesto sabotaje y denunció que alguien había bajado la palanca. Efectivamente, quien bajó hace mucho tiempo la palanca fue el propio gobierno nacional.

Para enfrentar el actual colapso, tal como lo ha planteado el grupo de ex secretarios de Energía que viene advirtiendo sobre la gravedad y urgencia del problema, el país requiere de un plan estratégico que sea el fruto de una política del Estado, debidamente consensuada. Es necesario que el realismo se imponga ante el populismo, la demagogia y la improvisación y que se tracen directrices que apunten a garantizar la estabilidad en las reglas y la seguridad jurídica sin la cual será imposible revertir el proceso de desinversión.

La Nación (AR) (Argentina)

 


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