¿Qué está pasando? Eso es lo que, indignada, se pregunta la ciudadanía, que no se explica por qué, transcurridos más de quince meses desde el destape del “chuponeo” y los “petroaudios”, hasta ahora los procesos judiciales siguen empantanados y nadie ha sido sentenciado.

Y, así como el Poder Judicial tiene que asumir su responsabilidad, el Congreso debe responder cómo es que una iniciativa como la de grilletes electrónicos pudo tergiversarse para finalmente servir a los corruptos, por una extraña combinación de intereses entre apristas y fujimoristas. Se dice incluso que Montesinos y Hermoza Ríos podrían haber solicitado su libertad, lo que sería un exceso escandaloso y una burla para la justicia y la sociedad.

El texto original del proyecto enviado por el Ejecutivo señalaba en su artículo 3, que “la vigilancia electrónica personal procederá para el caso de los condenados que tengan impuesta una sentencia condenatoria de pena privativa de la libertad efectiva no mayor a ocho años”. Sin embargo, en la Comisión de Justicia del Parlamento se añadió “o cuando haya transcurrido dicho plazo [ocho años] en ejecución de pena efectiva, siempre que por la naturaleza del delito, modalidad de hecho punible y personalidad del agente hagan prever que esta medida le impedirá cometer un nuevo delito”.

Ahora, los voceros del aprismo y del fujimorismo se rasgan las vestiduras y prometen rectificar en la Comisión Permanente con un texto sustitutorio, lo que aún está por verse. No obstante, la ocasión es propicia para hacer un balance de lo avanzado en la lucha anticorrupción, el que hasta ahora es negativo, a pesar de los discursos de los políticos y los voceros judiciales.

No se trata solo de los casos emblemáticos en curso, relacionados con el espionaje electrónico y los “petroaudios”, que son vistos en el Parlamento y el Poder Judicial. También debemos mencionar el fracaso de iniciativas para instalar una autoridad nacional anticorrupción, la falta de firmeza para obligar a los ministerios a implementar los portales web de transparencia en compras y licitaciones y la carencia de voluntad para sancionar las trapacerías de congresistas y jueces corruptos.

Quedamos a la espera de lo que decida hoy la Comisión Permanente respecto de la corrección del proyecto de grilletes electrónicos, pero no hay duda de que queda mucho por hacer para avanzar en la lucha anticorrupción y que algunos grupos políticos, a pesar de las promesas de sus voceros, parecen tener especial interés en sabotearla.

En tal contexto, corresponde a la prensa independiente denunciar y permanecer alerta ante jugarretas corruptas y excesos aberrantes que atentan tremendamente contra la consolidación democrática, el saneamiento ético y finalmente contra el desarrollo económico y social de la nación.