Los objetivos que se ha marcado el Ejecutivo son cercenar la dependencia de los presos respecto del entramado etarra, unir a los más críticos con la lucha armada, promover el aislamiento de los más fanáticos y -en definitiva- afianzar un clima de debate interno que habría de conducir a sucesivos pronunciamientos de repudio a la violencia a medio plazo. Para ello, Interior cuenta con la colaboración de Urrusolo Sistiaga y Carmen Guisasola, como ya contaba con el apoyo de Pikabea y Txelis.

Todos ellos, expulsados por la actual dirección, actúan como reclutadores de presos disidentes. El Gobierno utiliza las prisiones de Zuera y Villabona (Asturias) como laboratorios en esta vuelta de tuerca en su política penitenciaria contra ETA. Los reclusos susceptibles de rechazar la violencia son trasladados a estas prisiones próximas al País Vasco donde se evalúa su disposición a rechazar la lucha armada. Pronto, tres dirigentes de la Mesa Nacional de Batasuna podrían ser trasladados también a esta cárcel con el objeto de potenciar en el ámbito político el mismo debate sobre el final de la violencia que Interior promueve entre los presos.

Es lógico y legítimo que el Gobierno ponga toda la carne en el asador para vencer a ETA, pero no a cualquier precio. El debate abierto en el mundo abertzale tras el fin del mal denominado proceso de paz, el progresivo debilitamiento de la banda como consecuencia de los últimos golpes policiales, la expulsión del brazo político de ETA de las instituciones mediante la Ley de Partidos y el restablecimiento de la unidad política permiten pensar que ésta puede ser una legislatura crucial en la lucha antiterrorista.

No obstante, es importante que el Ejecutivo no dilapide todo este capital político dando pasos en falso que alienten la expectativa de que puede abrirse un nuevo proceso, o de que los arrepentidos verán reducidas sus penas. Sobre todo en un momento en el que los dos grandes partidos ultiman la investidura de Patxi López como lehendakari. Antonio Basagoiti fue ayer muy gráfico cuando advirtió al Gobierno de que «no es un acierto jugar al ajedrez con los presos».

El Ejecutivo debe tener mucho cuidado para no quebrar la confianza del primer partido de la oposición. De momento, hay pruebas sobradas de que ambos partidos están haciendo un importante ejercicio de responsabilidad en el País Vasco. PSE y PP replicaron ayer al último órdago de Ibarretxe con un mensaje unitario que refuerza la idea de que con la salida de los nacionalistas de Ajuria Enea algo mucho más importante que un cambio político e institucional será posible en el País Vasco.

Tras la decisión del lehendakari en funciones de adelantar varios meses la entrega de 225.000 euros a los familiares de presos de ETA, los partidos constitucionalistas ratificaron ayer que el nuevo Gobierno eliminará estas vergonzosas subvenciones.

Ibarretxe ha intentado impedir el bloqueo de unas ayudas ya aprobadas en los presupuestos y abundar en su estrategia frentista, poniendo sobre la mesa un debate que elevará varios grados la tensión en el mundo abertzale -que considera estos subsidios un derecho adquirido- y subrayando la línea divisoria entre constitucionalistas y nacionalistas.