El tema, para entenderlo en su real dimensión, debe ser abordado desde distintos ángulos, pero, en principio, el plazo de 25 años otorgado por la ONU para erradicar el acullicu se ha cumplido largamente (la Convención sobre Estupefacientes data de 1961) y, por lo tanto, no habiendo una disposición contraria hasta ahora, no debería tener validez alguna. Pese a esto, el Gobierno boliviano se ha abocado a una campaña para lograr la despenalización de la coca que, más allá de su frecuente vinculación —especialmente en el extranjero— con la cocaína, tiene un indudable arraigo en la población al punto de que forma parte de su ancestral cultura.

La jornada de acullicu celebrada el miércoles corresponde con la lógica de una nación caracterizada por sus vastas áreas de plantíos de esta hoja; con la vigencia de un gobierno que tiene la peculiaridad de estar encabezado por un líder cocalero, Evo Morales, pero, sobre todo, con la legítima (lo legal está por verse) demanda de una buena porción de país que ha adoptado a la coca como elemento constitutivo de la cultura, especialmente, andina. No todos lo saben pero a la Convención de Viena en lo que respecta a las drogas le siguió otra, en 1988, que dejó sentado el respeto a las costumbres tradicionales donde exista suficiente evidencia histórica sobre el masticado de la hoja.

La prohibición de la ONU, indudablemente, tenía que ser revisada por la sobrada y razonable preocupación de miles de bolivianos cuya costumbre de acullicar no sólo sigue siendo mal vista por el mundo (condensado, de alguna manera, en aquel organismo internacional), sino que durante todo este tiempo ha estado sometida a implicancias legales y, lo más grave de todo, al no contar con el reconocimiento o el beneplácito de las instancias políticas formales, vino transitando por circuitos clandestinos bajo los indignos márgenes de la humillación y la vergüenza.