Naturalmente, el Ejecutivo boliviano tiene muy claro el movimiento confiscatorio inicial, y también que cuenta con el apoyo explícito de los Gobiernos de Venezuela y Cuba. Pero el rimbombante Decreto Supremo deja a la negociación posterior de Bolivia con las compañías petroleras las condiciones de explotación y operación del gas; es decir, está abierto el modelo de gestión de los hidrocarburos del país, porque Bolivia no cuenta con inversión ni tecnología suficientes para manejar sus recursos energéticos.

Con el agravante de que una nacionalización fulgurante ha sembrado la inquietud en las empresas y la zozobra entre los inversores internacionales.

En consecuencia, una vez comprobado que cuenta con el apoyo de Chávez y Castro y la más o menos resignada estupefacción de Kirchner y Lula da Silva, las claves de la nacionalización boliviana dependen principalmente de la negociación de factores económicos. Las condiciones marcadas por el Decreto Supremo no ofrecen rentabilidad alguna para Repsol o Petrobras, diga lo que diga el Gobierno de La Paz, que, con cálculos de su propia cosecha, asegura que con el 18% de la producción -el 82% es para el Estado boliviano- pueden obtener márgenes de hasta el 20%.

Las empresas tendrán que calcular, antes y durante la negociación de los nuevos contratos, si pueden confiar en que sus próximas inversiones gozarán de mayor seguridad jurídica y económica que las realizadas hasta ahora. Y no hay demasiadas razones para creer en las garantías que pueda ofrecer un Gobierno que ha nacionalizado manu militari unos recursos energéticos gestionados mediante contratos legales y conocidos públicamente. Dicho de otra manera, a las empresas les puede resultar más rentable abandonar sus posiciones en Bolivia que mantenerlas en un régimen de escasa remuneración e inseguridad jurídica.

Es verdad que los servicios de Repsol, Petrobras o BP pueden sustituirse por los de otras compañías latinoamericanas. Pero no es fácil reclutar empresas privadas con capacitación probada que operen con márgenes bajos en un marco jurídico inseguro; y presumiblemente, las condiciones inversoras y tecnológicas de las firmas que podrían aceptar serían mucho peores que las actuales, lo cual dañaría los ingresos previstos por Bolivia.

Éstas son las razones por las cuales la decisión de Morales encierra tanto riesgo para el país andino. A pesar de su triunfo inicial -las empresas se avienen a negociar los nuevos contratos en el plazo marcado por el Decreto-, el presidente de Bolivia debería ser consciente de que su posición es casi tan complicada como la de las compañías confiscadas.

Está obligado a manejar con sumo cuidado el proceso negociador si no quiere ser víctima de su propio laberinto. Los mensajes de firmeza calman o aplazan dificultades políticas domésticas, pero los problemas económicos y financieros -y Bolivia los tiene muy graves- sólo se resuelven mediante condiciones claras y viables. Morales no parece estar ni por las unas ni por las otras.