En la misma votación se decidió que los artículos de la nueva Ley Fundamental sean aprobados por mayoría absoluta y no por dos tercios, tal y como establece la ley, y que el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales no alcanzaba.

Pasadas las cuatro de la madrugada (diez de la mañana, hora peninsular española) y en medio de gritos de "¡dictadura! ¡dictadura!", varios diputados de la oposición se dirigieron al estrado donde se estaba leyendo el nuevo reglamento propuesto por el MAS y se enzarzaron a golpes con partidarios del presidente. En la trifulca, el jefe del grupo parlamentario del MAS, Román Loayza, sufrió un traumatismo craneoencefálico y ayer se encontraba internado en un hospital de la capital constitucional boliviana en estado de coma.

La oposición considera que Morales ha roto las reglas del juego -vulnerando no sólo la legislación vigente, sino los términos en los que fueron convocadas las elecciones constituyentes del pasado julio- y se dispone a aprobar una nueva Constitución no por consenso sino mediante la victoria en las sucesivas votaciones por mayoría absoluta. Después de la pelea, los diputados opositores abandonaron la sala y el MAS procedió a aprobar su propia propuesta.

La asamblea consta de 255 diputados, de los que, de acuerdo con lo estipulado por la legislación, son necesarios 177 para aprobar el articulado de la nueva Constitución. El MAS apenas llega a 134, pero con la votación de ayer le basta con 128 votos para sacar el nuevo texto adelante.

Mientras, en el exterior del Parlamento cientos de personas se manifestaban contra la política de Morales, convocados por el Comité Cívico de Sucre, que había proclamado una huelga general y de hambre para que el Gobierno boliviano cumpla las promesas hechas especialmente en lo referente a la construcción de infraestructuras para la ciudad. Durante toda la jornada del jueves se produjeron incidentes que incluyeron agresiones a cuatro diputadas del MAS y amenazas de bloqueo contra el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, quien viajó hasta Sucre para reunirse con los diputados de su partido. Morales denunció ayer "un compló no sólo contra la Asamblea Constituyente sino también contra la nacionalización [de los hidrocarburos]".

Los incidentes de Sucre ponen el colofón a una convulsa semana marcada por importantes protestas y huelgas contra Evo Morales, tanto desde sectores que se oponen a las reformas que pretende llevar a cabo, como desde aquellos que le exigen el cumplimiento de sus promesas electorales.

Y todo ello salpicado por el escándalo en la petrolera estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que culminó con la destitución el lunes de su presidente, Jorge Alvarado. Morales tiene el nivel de popularidad más bajo desde que llegó al poder en enero de este año, y sólo en agosto ha perdido siete puntos, aunque aún goza del apoyo del 61% de la población.

Morales se enfrenta al sector educativo -en huelga indefinida desde esta semana- que se opone a la reforma del sistema, que incluye la enseñanza obligatoria de lenguas indígenas, la eliminación de la asignatura de religión y un mayor control del Ministerio de Educación sobre los centros privados. En paralelo, transportistas de pasajeros de La Paz y de otras ciudades del país han paralizado sucesivamente varias ciudades por la falta de regulación del sector.

El Gabinete ha reiterado la idea de que la inestabilidad social viene dada desde sectores que quieren hacer fracasar la nacionalización de hidrocarburos. Ayer estaba previsto que Repsol-YPF, la brasileña Petrobras y la francesa Total pagaran el primer plazo (unos 25 millones de euros) del impuesto especial con el que el Ejecutivo ha gravado a las petroleras y cuyo monto irá a parar a YPFB.

Al frente de la estatal boliviana hay una nueva dirección de perfil más técnico que el destituido Alvarado, un ex diputado del MAS que se había destacado por sus ataques contra las petroleras y amigo de Morales, a quien el presidente ha defendido de las acusaciones hechas desde organismos oficiales de firmar por su cuenta contratos de exportación de gas violando la ley y el mismo decreto de nacionalización del 1 de mayo.