La economía chilena es la más libre (según el Cato Institute) y la más competitiva de América Latina y el Caribe, ocupando el lugar 27 del ranking de competitividad del Foro Económico Mundial, sobre 125 países.

Suiza, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Singapur y Estados Unidos encabezan la lista en la que detrás quedaron Costa Rica (53), Panamá (57), México (58), Brasil (66), Argentina (69) y Venezuela (88). Mientras que Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Paraguay están más abajo, ``entre los de peor desempeño para los elementos básicos de buena administración, incluyendo instituciones razonablemente transparentes y abiertas''.

Un mercado (una sociedad) naturalmente desarrollado --libre, sin imposiciones coactivas por parte del Estado--, tiene mecanismos para, precisamente, ordenar las cosas de manera de evitar la violencia resolviendo los conflictos de modo pacífico y transformándolos en ocasiones de cooperación voluntaria. Por caso, los precios son un árbitro natural entre el comprador, que necesita el bien, y el vendedor, que necesita el dinero.

Cuando la coacción física estatal suplanta los mecanismos naturales (pacíficos) de arbitraje, la violencia surge y las instituciones son desbordadas. La violencia (coacción) estatal puede llegar a límites que se hacen insoportables y hasta provocar una insurrección violenta, salvo que se imponga una férrea dictadura al estilo castrista. Bolivia parece ir en este sentido.

La forzada nacionalización de los hidrocarburos, la expropiación coactiva de tierras, la imposición de una nueva constitución sin respetar los dos tercios de los votos requeridos para su aprobación como estipulaba la convocatoria a la Asamblea Constituyente y la negación de la autonomía para ciertas regiones son algunos de los temas en donde la presión estatal se desborda.

El gobierno de Morales descartó que en Bolivia pueda producirse una guerra civil, al rechazar un informe del Grupo de Apoyo a las Colectividades Extranjeras de Argentina, entidad privada que habla de 56% de probabilidades de un conflicto armado interno en ese país, enfrentamiento que podría llevar a la Argentina entre 600,000 y un millón de refugiados bolivianos, lo cual generaría entre 440 a 730 millones de dólares en gastos al Estado.

Pero los conflictos también son externos. La situación de Bolivia tiene especial repercusión en Brasil. La oposición y la prensa acusan al presidente Lula de no defender los intereses de la petrolera estatal PETROBRAS, tras la nacionalización decretada por Evo, ni de los consumidores brasileños. Bolivia abastece cerca del 60% de las necesidades de gas natural de Sao Paulo, el motor económico del país, y el 50% del mercado brasileño de hidrocarburos.

Evo Morales generó el aumento del 50% en el precio del gas que Argentina le compra, lo que a su vez complicó el suministro argentino a Chile, del que depende buena parte de la producción industrial chilena. En Paraguay, la situación boliviana es seguida con suma atención, ya que a la crisis interna se ha sumado el anuncio de la instalación de bases militares bolivianas con la cooperación de Venezuela, a unos 200 kilómetros de su frontera.

En fin, si Evo Morales continúa con sus planes como pretende, guerra civil o dictadura es la disyuntiva.

Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California.

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