En efecto, mandatarios como el venezolano Hugo Chávez y el ecuatoriano Rafael Correa han aprovechado la bonanza, atribuyéndola no a una coyuntura internacional insólitamente favorable sino al modelo populista, arbitrario e intervencionista, que han improvisado para entonces embestir contra sus adversarios acusándolos de querer regresar a un pasado signado por la pobreza y la falta de justicia social. Por depender la economía de ambos países de la exportación de petróleo que maneja el Estado, a Chávez y Correa les ha sido fácil construir impresionantes imperios periodísticos que usan para difundir sus propios relatos pero, acaso porque los resultados de la machacona propaganda oficial les parecen decepcionantes, también están procurando silenciar a los medios independientes que todavía se animan a criticarlos.

La semana pasada, Correa, con la ayuda imprescindible de la Justicia ecuatoriana, asestó un golpe durísimo contra el diario "El Universo", obligándolo a pagarle 40 millones de dólares estadounidenses por haber cuestionado su conducta cuando, en septiembre del 2010, trató una revuelta policial como si fuera una intentona golpista y, según el columnista Emilio Palacio, ordenó "disparar a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente", lo que a su juicio podría suponerle graves problemas en el futuro por atentar contra los derechos humanos. También fueron condenados a tres años de cárcel Palacio, quien dejó de trabajar para "El Universo" el año pasado declarándose el único responsable de la nota, y tres directivos del diario, los que, lo mismo que él, ya están en el exterior o, en el caso de uno, se ha refugiado en la embajada de Panamá. No es la primera vez que Correa ha actuado así: hace poco consiguió que un par de periodistas le pagara dos millones de dólares por haber afirmado, en un libro recién publicado, que estaba al tanto de contratos por 167 millones asignados por el Estado a su hermano Fabricio.

Que Correa se haya sentido enojado por las críticas feroces formuladas por Palacio puede entenderse, pero mientras que sería legítimo que un ciudadano privado que se supone calumniado defendiera su buen nombre en los tribunales, no lo es que lo haga un presidente, uno que, como resulta habitual en América Latina, ya se las ha arreglado para domesticar la Justicia de su país y que, para más señas, está librando desde hace tiempo una ofensiva contra la libertad de expresión. En los países democráticos se da por descontado que tanto más poderoso sea un personaje, más dispuesto debería estar para tolerar las críticas, aun cuando las crean injustas, pero en Ecuador, lo mismo que en Venezuela, rigen principios que son diametralmente opuestos, ya que ofender al jefe de Estado es, como acaba de recordarnos el fallo vengativo de la Corte Nacional de Justicia contra "El Universo", considerado mucho peor de lo que sería cuestionar el accionar de alguien menos importante. De todos modos, es evidente que lo que Correa se ha propuesto es aprovechar lo escrito por un columnista para arruinar un medio de difusión influyente, casi centenario, que difícilmente encuentre los 40 millones de dólares necesarios para indemnizarlo y por lo tanto podría tener que declararse en bancarrota. Por lo demás, al incluir a los directivos de "El Universo" entre los supuestos calumniadores, el notoriamente autocrático presidente ecuatoriano ha enviado un mensaje contundente a todos los empresarios periodísticos de su país, advirtiéndoles que, a menos que censuren rigurosamente a quienes escriben en sus medios, correrían el riesgo de verse no sólo arruinados sino también sentenciados a varios años de reclusión en una cárcel que, como tantas en la región, se caracteriza por las condiciones inhumanas imperantes. Así, pues, si bien muchos ecuatorianos quisieran criticar la gestión de Correa, a los disidentes les será aún más difícil de lo que era antes encontrar medios dispuestos a difundir sus opiniones.