El secreto bancario también supone un obstáculo en la región para que los reguladores de los crecientes mercados de capitales puedan investigar delitos. En una Latinoamérica en la que aumentan las inversiones en acciones, bonos y fondos, los desafíos de las autoridades de control también se agigantan, según quedó evidenciado ayer en el encuentro anual del Consejo de Reguladores de Valores de las Américas, que se celebra hasta hoy en Buenos Aires. Varias de las máximas autoridades reunidas dialogaron con El País.

Entre los retos planteados por las autoridades latinoamericanas figuran las necesidades de mayores controles a las calificadoras de riesgo, de un mejor gobierno corporativo de las empresas para proteger sus intereses y los de los accionistas, de aprobar leyes que permitan a los reguladores investigar sin que el secreto bancario sea un obstáculo y de darle más seguridad a los pequeños ahorradores que comienzan a sumarse a los mercados de capitales. Así como en su momento sucedió en España, también el crecimiento en Latinoamérica está llevando a que cierta clase media en ascenso pueda invertir sus ahorros en herramientas más sofisticadas que el depósito a plazo o una caja fuerte con dólares. Por ejemplo, en Brasil, la mayor economía de la región, en 2003 había unas 20.000 personas con cuentas activas en las bolsas. En la actualidad suman 600.000, según la presidenta de la Comisión del Mercado de Valores brasileña, Maria Helena Santana. Pero más que las acciones a los brasileños les interesan los fondos de inversión, que en 2003 gestionaban una cartera que suponía el 30% del PIB y que ahora representan el 45% de una economía mucho más grande, la sexta del mundo.

La presidenta del Consejo de Reguladores de Valores de las Américas, la uruguaya Rosario Patrón, comenta que uno de los desafíos de la región radica en que todos los países firmen un memorándum de entendimiento que establece estándares internacionales para el intercambio de información en la investigación de presuntos delitos en los mercados de capitales. Para rubricarlo, los países deben aprobar leyes que permitan a los reguladores el levantamiento del secreto bancario para descubrir si en determinadas operaciones se cometieron irregularidades como el uso de información privilegiada. “No es sencillo cambiar la ley porque el secreto bancario está relacionado con el cuidado de los ahorros y el derecho a la privacidad”, admite Patrón, también intendenta de Regulación Financiera del Banco Central de Uruguay. Los 182 países miembro de la Organización Internacional de Comisiones de Valores deben firmarlo antes del 1 de enero de 2013. Es decir, faltan algunos meses. De momento solo Uruguay, Brasil y México lo han sellado. Colombia lo hará en mayo y Perú también está en condiciones de hacerlo. En el Caribe ya lo han rubricado las islas Caimán y Vírgenes Británicas. “Si Caimán pudo hacer el cambio…”, reflexiona Patrón.

Brasil y Argentina están poniendo buena parte de sus energías para controlar a las calificadoras, las mismas que tanto fallaron dando excelentes notas a activos tóxicos de EE UU antes de 2008 y que en la actualidad descalifican las deudas soberanas de ciertos países europeos como España. La Comisión Nacional de Valores de Argentina ya ha obligado a las Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s (S&P) a que publiquen sus metodologías de calificación y transparenten sus costes, de modo de ayudar al emisor de acciones o bonos a elegir cuál le conviene. El presidente de la Comisión de Valores de Argentina, Alejandro Vanoli, ha elevado al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner un proyecto de ley para regular las ofertas públicas. La iniciativa contempla mayores facultades para ese organismo y controles adicionales sobre las calificadoras. Vanoli critica la nota que las calificadoras le ponen a la deuda soberana de Argentina: “Está tres o cuatro niveles por debajo de países comparables en relación a su deuda. Está en B+ o BB-". El Congreso de Buenos Aires sancionó el pasado miércoles una ley para reforzar el pago de la deuda pública con reservas del Banco Central.

Santana cuenta que este mes Brasil está discutiendo en audiencias públicas una serie de medidas que se adoptarán en abril y que obligan a las agencias calificadoras a registrarse en ese organismo y a difundir en Internet su metodología, sus posibles conflictos de interés con los gobiernos o empresas analizadas y su desempeño (habrá tablas que recuerden la evolución de las notas que reparten). Además, Santana está negociando con la Unión Europea la posibilidad de que las calificadoras brasileñas como Austin, SR y LF actúen en ese mercado, lo que quebraría el oligopolio de las tres firmas norteamericanas.

Chile, a diferencia de Brasil y Argentina, se muestra más contemplativo con las agencias de calificación. El jefe de la Superintendencia de Valores y Seguros chilena, Fernando Coloma, opina que el reto radica en “cómo aprovechar su aporte al mercado porque agregan valor, pero debe hacerse cargo de los conflictos de interés y de la necesidad de rigor”. Coloma advierte de que sin las calificadoras, los inversores deberían hacer sus propios análisis sobre acciones o bonos. “Está bien que ausculten la situación de las empresas. Si se desprecia su actividad, pierde la sociedad”, dice Coloma, después de escuchar las críticas del argentino Vanoli contra las agencias en la apertura de la reunión. “Hay que darles incentivos para que hagan bien sus aportes”, propone el regulador chileno.

Brasil también está analizando nuevas regulaciones para los fondos de inversión. Quiere someterlos a pruebas de resistencia, que demuestren la liquidez de los activos de sus carteras y sean sujetos de nuevas reglas de auditoría. Otra preocupación de Santana consiste en que a medida en que la deuda soberana brasileña paga menores tipos de interés, los inversores buscan activos más rentables y entonces las autoridades deben “garantizar que los actores del mercado sean responsables”. Para eso Brasil ha adoptado medidas para transparentar más la información al ciudadano. El superintendente de Valores y Seguros de Chile también aboga por una mayor transparencia del mercado, en el que fluya mejor la información, de modo que aumente la confianza y bajen los costes del capital. En especial le preocupan los mercados de derivados.

El fortalecimiento de las agencias de regulación es otra tarea pendiente. Argentina quiere una nueva ley al respecto. “Tenemos que terminar con la autorregulación de los mercados”, opina Vanoli. Santana considera que Brasil precisa “fortalecer las reglas, los procesos disciplinarios y los planes de supervisión pública”, pero destaca que en los últimos años su comisión pasó de tener solo poderes a contar con recursos e independencia. También elogia las reformas que en ese sentido han emprendido Chile, Colombia y México. Patrón opina que algunos países pequeños requieren que se aumente la capacidad de acción de los reguladores: “Tienen facultades, pero necesitan un aprendizaje y recursos para supervisar”. Los paraísos fiscales también suponen un problema para la regulación de los mercados de capitales de Latinoamérica, según Vanoli.

Un mejor gobierno corporativo es la obsesión de Coloma para Chile. En sentido contrario de Argentina, allí se fomenta la autorregulación mediante códigos de buenas prácticas porque se considera que éstos colaboran con la supervisión oficial y penetran en la cultura de las compañías. Coloma añade la tarea de “afinar” los procesos de auditorías interna y externa de las empresas.