Cosas que se consideraban antes impensables en América Latina, están ocurriendo. Crecimiento económico acumulado de 80% y disminución de la pobreza de 30 % en los últimos diez años; la única región del mundo en la que la desigualdad ha disminuido. Pero más allá de indicadores, desarrollos notables en materia de democracia y derechos humanos hacia una gradual integración regional en torno a valores fundamentales como esos.

Se está construyendo una interacción entre varios Estados nacionales y las obligaciones internacionales de éstos en derechos humanos; en particular, con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ha llegado a un punto en el que no sólo las sentencias del tribunal básicamente se cumplen, sino que los criterios allí contenidos sirven crecientemente de guía interpretación en los aparatos de justicia nacionales. Una nueva cultura jurídica está naciendo.

Un tema – urticante para algunos - en el que esto se aprecia con nitidez, es el de qué hacer con las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por regímenes autoritarios o dictatoriales del pasado. "Voltear la página" ha sido tentación recurrente en diferentes lugares del planeta. Algo está cambiando. En los últimos doce años se han dado pasos trascendentales que están cambiando el curso inercial de ciclos de impunidad. Factor clave ha sido el impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que las amnistías y “autoamnistías” han sido un tema de relevancia.

El caso considerado “emblemático” fue la sentencia dictada sobre un caso peruano (Barrios Altos, 2001). Allí se declararon inadmisibles y carentes de valor las disposiciones de amnistía que pretendieran impedir la investigación y sanción de violaciones graves a los derechos humanos. Esta sentencia puso en marcha en los tribunales peruanos, procesos que tuvieron, entre otros efectos, la condena por crímenes de lesa humanidad contra el ex-presidente Fujimori. Con posterioridad a “Barrios Altos”, el tribunal interamericano se pronunció de manera semejante en varios otros casos (Chile, Brasil y Uruguay).

Los efectos se han ido irradiando en varios países. En Argentina, la Corte Suprema determinó en el 2005 dejar sin efecto las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida abriendo paso al procesamiento de quienes condujeron la dictadura militar en ese país. En otros países, la subsistencia formal de leyes de amnistía no ha sido impedimento para que se abran procesos de investigación, que han llegado en algunos casos a condenas firmes. En Chile, decenas de casos de graves violaciones durante la dictadura de Pinochet están siendo vistos por la justicia ordinaria. En Guatemala, Ríos Montt condenado en primera instancia. Incluso en Brasil, la Fiscalía Federal vienen abriendo en las últimas semanas procesos sobre atropellos durante la dictadura en los 70.

La justicia, la verdad y la reparación, pues, no sólo son compatibles con la estabilidad y el crecimiento económico, sino que son esenciales en la construcción de un tejido social sano y de Estados que asumen seriamente sus obligaciones. Tiempos en los que el mañana suena prometedor pues el pasado no permanecerá oscuro ni en la sombra.

Diego García-Sayán es presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos