A pocos días de realizada en París la primera reunión anual del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la cual fueron evaluados los avances respecto de la sanción y aplicación de las normas que previenen y controlan el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la República Argentina, el Departamento de Estado norteamericano formuló duras críticas a la política antidrogas de nuestro país.

El gobierno de Barack Obama cuestionó las trabas halladas durante el año pasado para el trabajo de la Drug Enforcement Administration (DEA) en la Argentina, como consecuencia de las cuales habría disminuido, según el Departamento de Estado, la capacidad de nuestro país para enfrentar a los narcotraficantes.

Entre los datos concretos en los que se basa el informe norteamericano, se mencionan la caída de los controles de tráfico de estupefacientes en contenedores embarcados en puertos argentinos y la anulación de las operaciones conjuntas entre la DEA y las fuerzas de seguridad nacionales en Salta y en la Triple Frontera.

La reciente reunión del GAFI contó con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el director de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, y el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli.

Los responsables de defender ante el organismo multilateral la política antilavado que lleva adelante la administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no atravesaron las tensiones e incertidumbres de las evaluaciones precedentes. En efecto, en el último año las normativas y políticas públicas aplicadas fueron consideradas insuficientes, determinando la sujeción de nuestro país a un monitoreo intensivo y la inclusión de la Argentina en la llamada "lista gris", formada por países con serias deficiencias en esta materia.

La estrategia oficial para afrontar este plenario descansó en la presentación de dos controvertidas iniciativas parlamentarias sancionadas al amparo de la nueva mayoría oficialista, en sesiones extraordinarias y con trámite sumarísimo: la ley antiterrorista y la ley que tipifica delitos económicos y financieros.

El optimismo prevaleció en los miembros de la delegación nacional, que consideró un éxito que el GAFI no exigiera la sanción de nuevas leyes, al tiempo que comunicaron oficialmente que se espera que en el próximo plenario del organismo, por realizarse a mediados de junio en Roma, se pueda lograr el retiro de nuestro país de la "lista gris".

Después del lapidario reporte de febrero de 2010, el Gobierno impulsó una serie de cambios legislativos: introdujo, a mediados del año pasado, reformas en el Código Penal para castigar el lavado como delito autónomo y, en diciembre, sancionó la polémica ley antiterrorista, a pesar de las fuertes resistencias generadas dentro de las propias filas del Frente para la Victoria y sus aliados.

La urgencia en la sanción de la ley implicó que durante el tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados el oficialismo se negase a abrir el debate parlamentario, con relación a la tipificación del "terrorismo", término sobre el que no existe consenso internacional y cuyos límites pueden extenderse en nuestro país, afectando garantías constitucionales.

Desde distintos sectores la norma mereció cuestionamientos técnicos que apuntaban a su falta de precisión dogmática y al eventual "uso" que de ella podría hacerse en términos políticos. Resulta indudable que la norma sancionada adolece de severos defectos de técnica legislativa.

Las citadas normas son un elemento maleable para la sanción de movimientos y reclamos sociales y son también un avance sobre el control de los mercados financieros, por la incorporación de nuevos tipos penales referidos a la intermediación financiera, el uso fraudulento de información bursátil y el fraude privado.

Es de destacar que el GAFI no dejó de observar los insuficientes avances respecto de la aplicación de 11 de las 40 recomendaciones generales y tres recomendaciones especiales, en particular en materia de control fiscal. En tal sentido, el organismo internacional exige que la Dirección de Investigaciones Financieras (DIF), recientemente creada en el ámbito de la AFIP, logre efectivamente articular sus funciones con las de la UIF, sin superponerse en las tareas ni generar conflictos en el seno de la propia administración. También se ha enfatizado en la necesidad de deslindar la persecución de la evasión y elusión tributaria del lavado de activos propiamente dicho.

En el noveno año de gobierno kirchnerista, debería mostrarse mayor celeridad y compromiso para avanzar en la instrumentación de un nuevo modelo de gestión antilavado que incorpore en forma activa la articulación plena entre las agencias estatales de prevención y siente las bases de una verdadera política de Estado en la materia.

No puede escapar a este análisis el hecho de que la palabra "inseguridad", asociada con una de las mayores preocupaciones de la población, ni siquiera figurara en el reciente mensaje de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante la Asamblea Legislativa. Tampoco, los desaciertos de la ministra Nilda Garré, que por momentos parece más preocupada por desacreditar la anterior gestión de Aníbal Fernández que por otras cuestiones.

Las observaciones del GAFI y las fuertes críticas del Departamento de Estado norteamericano, que colocó a la Argentina en la nómina de naciones con mayores riesgos de lavado de dinero en su sistema bancario, dan cuenta de un factor más que acrecienta la pérdida de confianza internacional en nuestro país.