El estudio elaborado por el Consejo Asesor de Seguridad, formado por representantes de la sociedad civil que asisten al gobierno en esa materia, determinó también que uno de cada 10 guatemaltecos ha sido víctima de extorsiones.

``Por medio del monitoreo de cuentas bancarias y escuchas telefónicas se ha logrado determinar que los grupos de extorsionadores reciben alrededor de 70 millones de quetzales al año'' (unos $8.8 millones), dice el informe.

``El 80 por ciento de las llamadas que exigen estos cobros son al azar, es decir escogen números en la guía telefónica o en otro tipo de bases de datos'', explicó Sandra Muralles, una integrante del Consejo.

Mientras tanto, el fiscal contra el Crimen Organizado, Rony López, precisó que diariamente su despacho recibe unas 45 denuncias de extorsiones, por montos que suelen oscilar entre los $1,875 y $5,000, la mayoría dirigidas a empresarios, comerciantes y transportistas.

Los pandilleros amenazan a sus víctimas con matarlas, hacerle daño a algún familiar o atentar contra sus propiedades (en el caso de las empresas) si no les pagan el monto exigido.

``También se dan extorsiones a ciudadanos comunes. Solo en el departamento de Guatemala (centro) se reciben alrededor de 500 denuncias mensuales, en lo que va del año se han registrado 3,607 casos'', afirmó López.

Las autoridades creen que muchas personas no denuncian estos casos y que muchas extorsiones son obras de pandilleros presos, que desde la cárcel llaman a sus potenciales víctimas.

``El mayor problema aquí son las cárceles y se tiene que gobernar el Sistema Penitenciario, pues existen funcionarios de presidios que reciben dinero a cambio de permitir o ingresar celulares a las prisiones'', agregó López.