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31/08/2012 | Narcotráfico - Alarma en Francia por la espiral de violencia criminal en Marsella

Lluis Uría

Catorce personas han sido asesinadas este año en ajustes de cuentas entre bandas de la capital provenzal. Una senadora socialista pide la intervención del ejército en los barrios.

 

La situación en Marsella, hundida en una espiral de violencia criminal que parece no tener fin, ha llegado a un nivel explosivo. Hasta tal punto que una senadora socialista, Samia Ghali, alcaldesa de dos de los más conflictivos distritos de la segunda ciudad de Francia, ha pedido la intervención del ejército para combatir el imperio de las bandas de narcotraficantes en los barrios del norte de la población. La intervención militar fue ayer totalmente descartada por el presidente de la República, François Hollande, en persona, pero el mero hecho de que semejante debate tenga lugar muestra el deterioro de la situación y la impotencias de las fuerzas de seguridad.

Un total de 14 personas han sido asesinadas en lo que va de año en Marsella -19 si se cuenta la región- como resultado de violentos ajustes de cuentas entre bandas, que no dudan en utilizar armas de guerra -fusiles de asalto y granadas- para sus fines. Y otras 16 perdieron la vida el año pasado.

El célebre kaláshnikov ruso, que puede adquirirse fácilmente en el mercado negro por 1.000 o 2.000 euros, se ha convertido en esta orilla del Mediterráneo en un arma banal en manos de delincuentes comunes vinculados al tráfico de droga. Los miembros de esta nueva -y extremadamente violenta- delincuencia no tienen nada que ver con los clanes tradicionales de la mafia marsellesa: en su mayor parte de origen magrebí, los nuevos dealers proceden de los barrios marginales del norte de la ciudad, donde operan. Y donde han impuesto su ley.

La última víctima mortal de esta guerra sin piedad que se libran las bandas marsellesas por el control de la venta de droga cayó la noche del miércoles: Walid Marzuki, de 25 años. con antecedentes policiales por narcotráfico, fue acribillado mientras circulaba en un coche -conducido por una mujer, que se salvó milagrosamente- en uno de los barrios del norte. El sábado había muerto en el hospital otro joven de la misma edad, Benamar Hamidi, asesinado al salir de prisión.

"Creo que las autoridades no miden la gravedad de la situación", ha declarado Samia Ghali, senadora del PS y alcaldesa de los distritos XV y XVI, que ha sacudido las conciencias al proponer la intervención del ejército para controlar los accesos a los barrios donde actúan los narcotraficantes. "Yo propongo recurrir al ejército para bloquear los accesos. Como en tiempos de guerra, con barreras", afirma, antes de añadir la idea de "restablecer el servicio militar para obligar a los jóvenes que abandonan la escuela a salir de su barrio y aprender disciplina".

La idea de Ghali fue ayer unánimemente rechazada. Y hubo quienes alertaron del riesgo de una confrontación con la población. "No hay enemigo interior", alegó el ministro del Interior, Manuel Valls, para descartar una medida semejante, mientras el alcalde de Marsella, el conservador Jean-Claude Gaudin, apuntaba en la misma dirección en un tono más dramático: "La gente de los barrios lo viviría como un llamamiento a la guerra civil", dijo.

Cualquier atisbo de debate en el seno del Gobierno o del Partido Socialista fue radicalmente zanjado por el propio presidente francés: "No es la función del ejército controlar los barrios", afirmó François Hollande durante su conferencia de prensa conjunta en Madrid con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. El jefe del Estado prometió reforzar los medios de la policía y convocó para la semana que viene una reunión interministerial urgente con los titulares de las carteras de Interior, Justicia, Educación, Economía, Regeneración productiva, Ciudades y Reforma del Estado. El primer ministro, Jean-Marc Ayrault, subrayó que el Gobierno inició ya en julio un trabajo interministerial para abordar la situación de Marsella, y no únicamente en materia de lucha contra la delincuencia.

Dos exministros del Interior con Nicolas Sarkozy, Claude Guéant y Brice Hortefeux, criticaron rápidamente la supuesta incapacidad de la izquierda para combatir la delincuencia, olvidando con la misma celeridad que el problema que carcome Marsella se arrastra desde hace mucho tiempo.

Segunda ciudad de Francia por población -cerca de 900.000 habitantes-, Marsella no tiene propiamente una banlieue comparable a las otras grandes ciudades francesas. Territorialmente muy extensa, los barrios conflictivos, las cités, las tiene en su interior. Y ello explica por qué los niveles de paro y de delincuencia se sitúan por encima de la media. En estos barrios, donde el desempleo juvenil puede alcanzar en algunos casos el 70%, el tráfico de droga se ha convertido en la principal actividad económica y en la fuente de sustento de numerosas familias. "La droga hizo su aparición en los barrios del norte hacia los años 1987-1988. Hoy, los jóvenes y sus familias están totalmente sumergidos", explica la senadora Samia Ghali.

Las nuevas bandas dedicadas al tráfico de drogas en estos barrios han dado lugar a lo que el fiscal de la República en Marsella, Jacques Dallest, ha bautizado como "neobandidismo", para marcar la diferencia con el bandidismo tradicional marsellés -históricamente también muy violento-, dedicado hoy a negocios criminales más sofisticados.

"Este neobandidismo ha aumentado de potencia en los últimos tres años en las cités. Sus miembros, jóvenes y equipados de armas pesadas, se matan mutuamente con facilidad por asuntos vinculados al tráfico de drogas, pero también por cuestiones de honor, de rivalidad, de odio", explicaba recientemente Dallest en una entrevista en Le Figaro. Su atomización y arraigo en los barrios hace muy difícil su penetración y desmantelamiento.

Nueva campaña contra los gitanos y sus asentamientos

Dos nuevos campamentos de gitanos procedentes del este de Europa –roms– fueron desalojados ayer por la policía francesa en Marsella y Créteil (este de París). En ambos campamentos, desmantelados por orden judicial, vivían cerca de 200 personas. Esta misma semana se han producido otras dos expulsiones, en Lyon y en Évry (sur de París), ciudad de la que fue alcalde el actual ministro del Interior, Manuel Valls. Miembros de la ONU han advertido a Francia que respete los derechos de las personas implicadas.

La Vanguardia (España)

 


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