A diferencia del llamado “proceso de paz” realizado por las pandillas en El Salvador, la tregua en Honduras entre la Mara Salvatrucha 13 y Barrio 8 es frágil e incierta. Su promotor, Rómulo Emiliani, arzobispo auxiliar de San Pedro Sula, presentó la iniciativa entre las dos bandas sin que fuera evidente un acuerdo entre ellas; sus líderes no se presentaron de manera conjunta, iban con el rostro cubierto y no mencionaron sus cargos dentro de cada organización. Además, el gobierno no ha explicado cómo apoyará el proceso de reconciliación entre ambas organizaciones.
El
pasado 28 de mayo el penal de San Pedro Sula se convirtió en un escenario
mediático: las dos pandillas más sanguinarias de Centroamérica, la Mara
Salvatrucha 13 (MS13) y Barrio 8 (B18) ofrecieron por primera vez una disculpa
a la “sociedad, a las autoridades y a Dios” por “el daño que hemos hecho”.
Enseguida
ambas se comprometieron a reducir los crímenes en este país, que cuenta con la
mayor tasa de homicidios en todo el mundo: 82 por cada 100 mil habitantes,
según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito.
La
medida fue nombrada como una “declaración de principios”. Fue promovida por el
obispo auxiliar de San Pedro Sula, monseñor Rómulo Emiliani, y por el
secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), Adam Blackwell, quienes admitieron haber trabajado con los
reclusos de ambas pandillas desde hace ocho meses para replicar la tregua
pactada en El Salvador, la cual redujo en 52% los homicidios, de acuerdo con el
Ministerio de Seguridad y Justicia Pública de ese país.
Ese día
–28 de mayo– en el módulo 14 D de la penitenciaría de San Pedro Sula, en el que
únicamente se encuentran pandilleros de la MS13, un representante y líder de
esta organización que dijo llamarse Marco, se presentó ante las cámaras de
televisión y solicitó al Estado que les “tienda la mano” para acceder a
trabajos a cambio de su disposición de anular la violencia, que cada día cobra
20 muertos, así como cesar el reclutamiento de nuevos miembros. De la misma
manera aclaró que, de momento, no terminarán con las extorsiones.
Diez
minutos después, en la misma cárcel, pero en otro bloque, tres integrantes anónimos
de la B18 que aparecieron con los rostros completamente cubiertos por
paliacates, gorras y lentes de sol, abrieron por primera vez las puertas de su
recinto para demandar de igual forma un “diálogo con el gobierno”: una
negociación que les brinde oportunidades de empleo y rehabilitación. Pidieron
también a las autoridades que se frene el exterminio de pandilleros por parte
de la policía.
Sin
embargo, ambos grupos dejaron claro que no existe diálogo entre ellos.
Por su
parte, el presidente hondureño Porfirio Lobo felicitó al obispo Emiliani, le
deseó “el mejor de los éxitos” y le anunció, sin precisar, su “colaboración en
lo que sea posible”, ayuda que hasta el momento no ha sido clara.
De
hecho, el gobierno de Lobo no está tomando un papel destacado en este proceso
de pacificación entre las pandillas, lo cual levanta dudas sobre la viabilidad
de éste.
Otros
dos factores también provocan dudas: el desconocimiento histórico que han
tenido las autoridades sobre el tema pandilleril en Honduras, así como lo
contradictorio que se ha presentado este acuerdo en comparación con el “Proceso
de Paz” en El Salvador.
Desconocimiento
Para
dar una magnitud sobre el desconocimiento por parte de las instituciones de
seguridad, la Unidad Antipandillas, a cargo de la Dirección Nacional de
Investigación Criminal (DNIC) de la Policía Nacional (PN), cuenta únicamente
con 16 agentes para combatir a las maras en el país.
Del
mismo modo, las cifras oficiales sobre el número de pandilleros son tan
dispares que ponen en duda la dimensión del problema. Mientras la PN dice que
existen hasta 35 mil mareros desperdigados en las calles y cárceles del país,
el más reciente estudio (2011) del Programa Nacional de Prevención,
Rehabilitación y Reinserción Social y UNICEF, titulado Situación de maras y
pandillas en Honduras, señala que únicamente existen 4 mil 728 integrantes
activos.
La
incertidumbre sobre la cifra real se acrecienta debido a que el Ministerio
Público no considera a esas organizaciones como parte del “crimen organizado”,
a pesar de que se encuentran sólidamente estructuradas y de que actúan tanto en
penales como en barrios.
Ambas
organizaciones han realizado actos de violencia escandalosos. Dos ejemplos: el
23 de diciembre de 2004 un convoy de la MS13 masacró a 27 ciudadanos que
viajaban en un autobús en Chamelecón, suburbio de San Pedro Sula; y el 7 de
diciembre de 2011, pandilleros de la Barrio 18 asesinaron, en contubernio con
policías, al político Gustavo Alfredo Landaverde.
A pesar
de que los pandilleros han realizado actos sanguinarios como los anteriores, El
Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH) señala que del total de los delitos que son investigados, sólo 1.3% está
“relacionado con maras”. Otro 23.5% se debe a “ajustes de cuentas”, variable
donde las pandillas podrían entrar. Esto significaría que únicamente una cuarta
parte de todos los homicidios en Honduras podría reducirse como resultado de
esta tregua.
De ello
se deduce que otro factor ha incidido en el crecimiento del número de
muertes violentas en este país: el narcotráfico, sobre todo a partir de que en
2009, tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, Estados Unidos suspendió la
asistencia a Honduras en materia de lucha contra las drogas.
De
acuerdo con la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y de la
Aplicación de la Ley de Estados Unidos, 79% de las avionetas con cargamentos de
cocaína que van hacia ese país hacen escala en Honduras.
Ausencia
Ante
la ausencia de iniciativas gubernamentales, son los actores de la sociedad
civil –como monseñor Rómulo Emiliani– los que buscan mecanismos de negociación
con los delincuentes para reducir la violencia en el país.
Sin
embargo, los esfuerzos ciudadanos son insuficientes para enfrentar una tarea
tan compleja.
De esta
forma lo reconoce Emiliani: “Estoy muy limitado en mi función porque la misma
ha sido crear puentes de comunicación, pero no tengo autoridad para hacer que
ellos (los pandilleros) hagan una tregua”.
Después
de que se reunió con el presidente Porfirio Lobo, Blackwell, el funcionario de
la OEA, reconoció que éste “es un proceso muy frágil, un proceso de muchas
partes, un proceso que va a necesitar de mucha paciencia y un proceso que
merece seguir adelante”.
El
pasado 16 de marzo la agencia AP difundió una nota en la que se afirmaba que la
Policía Nacional mantendría la práctica de utilizar escuadrones de la muerte
para detener y desaparecer pandilleros. Esas acciones podrían entorpecer las
negociaciones.
Gema Santamaría,
especialista en el tema de pandillas y participante en la elaboración del
Informe Seguridad Ciudadana en América Latina del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), señaló el 30 de mayo al diario El País que el
gobierno debería estar detrás de este proceso de reconciliación entre
pandillas. “Sin su implicación no se lograría nada. Es necesario asegurar que
la tregua esté realmente respaldada por una política social sólida y
comprometida con un fuerte acento en la creación de empleos”, afirmó.
Comparación
El
14 de marzo de 2012, el periódico digital salvadoreño El Faro.net informó que
el gobierno de Mauricio Funes había concedido facilidades a 30 líderes de las
pandillas Mara Salvaducha 13 y Barrio 18, quienes fueron trasladados encubiertamente
del único penal de máxima seguridad a otros de menor rigor carcelario.
El
entonces ministro de justicia de El Salvador, el general David Munguía Payés,
admitió posteriormente que ello era parte de una estrategia para reducir el
número de homicidios en el país. Comentó que se había designado al exdiputado
Raúl Mijango y al obispo castrense Fabio Colindres como mediadores para
facilitar una tregua entre las dos principales pandillas. Su función, dijo, era
legitimar dicha tregua.
El 19 de
marzo de 2012, en un acto inédito, los líderes de ambas pandillas se
presentaron con rostro descubierto ante los medios de comunicación y
presentaron un comunicado conjunto titulado Los voceros nacionales de la Mara
Salvatrucha MSX3 y Pandilla 18. En ese documento, Carlos Mojica Lechuga, alias
El Viejo Lin, de la B18; y Borromeo Henríquez, El Diablito de Hollywood, de la
MS, prometieron reducir los homicidios.
Y es
que, sus órdenes llegarían hasta las calles, luego de que su traslado a
cárceles más laxas les permitió tener contacto con visitas.
Los
efectos del “acuerdo de paz” fueron palpables: el número diario de homicidios
disminuyó de 14 a cinco. Ello fue así debido a que en El Salvador a las
pandillas se les atribuye más de la mitad de los homicidios.
Una de
las razones por la cual el “proceso de paz” salvadoreño ha dado resultados es
que el gobierno lo promovió y vigila su implementación. Incluso se han creado
“municipios libres de violencia”. El gobierno ha invertido en ellos 33 millones
de dólares destinados a proyectos de rehabilitación y reinserción social.
En
contraste, el caso hondureño es incierto y desorganizado. Monseñor Emiliani
presentó la tregua entre las dos principales pandillas sin que fuera evidente
un acuerdo entre ellas. Sus líderes no se presentaron de manera conjunta, con
el rostro descubierto y con sus respectivos cargos dentro cada organización. La
presencia de monseñor Emiliani otorga una legitimidad moral, pero la iniciativa
no cuenta con respaldo oficial. El gobierno no ha explicado cómo vigilará el
proceso de reconciliación entre las pandillas.
Una
presentación en power point de la Unidad Antipandillas de La PN, titulada
Matriz de asociación actual de integrantes de la Mara Salvatrucha MS 13 que
opera en el país, muestra el organigrama de esa organización. En ella no
aparece el nombre de Marco, el supuesto líder que suscribió la tregua.
Un
expandillero prófugo de la MS dice a este semanario que Marco es también
“Cusuco”, de la clica o célula Leeward Locos Salvatruchos. Se trata de un
marero veterano, pero quien está muy lejos de ser jefe.
“Yo no
creo en esta paja”, remata el expandillero.