En efecto, en su discurso de presentación del informe ante la Asamblea General de la ONU, el Director Ejecutivo de la UNODC dijo que la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y las drogas ilícitas debe pasar a formar parte integral del programa de desarrollo, pues a medida que se aproxima el plazo fijado de 2015 para pasar revista a los progresos realizados por el mundo en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se reconoce cada vez más que la delincuencia organizada y las drogas ilícitas obstaculizan el logro de esos objetivos.

Asimismo, afirmó que las drogas ilícitas alimentan la delincuencia y la inseguridad al tiempo que socavan los derechos humanos y plantean riesgos considerables para la salud pública, añadiendo que “es preciso reconocer que los aspectos de salud pública de la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción son elementos primordiales de la estrategia mundial para reducir la demanda de drogas”.

Según el informe, se calcula que unos 230 millones de personas, es decir el 5% de la población adulta mundial (de 15 a 64 años), consumió una droga ilícita por lo menos una vez en 2010. Los consumidores de drogas problemáticos, que son principalmente personas dependientes de la heroína y la cocaína, suman unos 27 millones, lo que representa alrededor del 0,6% de la población adulta mundial; o sea, una de cada 200 personas. Finalmente, se señala que aproximadamente una de cada 100 muertes de adultos se debe al consumo de drogas ilícitas.

En materia de producción de drogas, el informe revela que entre 2007 y 2010 “el cultivo de arbusto de coca y la producción de hoja de coca registraron un marcado desplazamiento hacia el Estado Plurinacional de Bolivia y el Perú. Ello redujo considerablemente la oferta de cocaína en América del Norte, que recibe esa droga casi exclusivamente de Colombia; en tanto, en Europa, el aumento de la cocaína procedente de Perú y Bolivia ha contrarrestado al menos parcialmente la reducción de la oferta procedente de Colombia”.

Hay, pues, al parecer, la voluntad de reorientar la mirada sobre la problemática del tráfico y consumo de drogas hacia las personas, que son quienes padecen este flagelo, sea en su condición de adictas o, peor, en la de traficantes, a menudo en contra de su voluntad o empujados por la pobreza. Está claro que concentrarse sólo en la interdicción impide obtener resultados más efectivos.