De acuerdo con datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), desde 2003 hasta 2011 se realizaron más de 300 mil instalaciones de gas domiciliario en todo el país, siendo los departamentos de occidente los más beneficiados. En efecto, desde 2006 hasta mayo de este año, siempre según la misma fuente, el índice de cobertura de gas domiciliario en las áreas urbanas de Potosí llegó al 89%, en Oruro al 83% y en La Paz (que incluye El Alto) al 67%. Por otra parte, el presidente del sindicato de choferes de Bolivia sostuvo que la conversión de vehículos del transporte público a gas natural llegó a 25 mil en los últimos dos años. Con estos avances se esperaría que el consumo de garrafas disminuya, por tratarse de productos sustitutos. Sin embargo, desde los últimos siete años los volúmenes comercializados de GLP también presentan un incremento sostenido.

Previsiblemente este fenómeno se debe a dos razones. En primer lugar, porque el costo de las garrafas de GLP es subvencionado por el Estado. Por ello su precio interno es hasta seis veces menor en relación al que se cotiza en las naciones vecinas. Diferencia que naturalmente genera contrabando, un próspero “negocio” que cada día tiene más adeptos y que difícilmente puede ser contenido por los controles fronterizos.

Por otra parte, son cada vez más los vehículos que emplean como combustible garrafas de GLP en vez de gasolina, ya que su utilización representa un gran ahorro, incluso mayor al que se obtiene con los motores a gas natural. Este hecho puede ser fácilmente apreciado en los talleres de conversión: dos de cada tres talleres, principalmente en El Alto, se dedican clandestinamente a convertir los motores de los automóviles no a GNV, como estaba previsto, sino a GLP.  De esta manera, la subvención que en un principio fue concebida para uso doméstico y para las familias de menores ingresos se ha dirigido en gran proporción hacia el uso vehicular y al enriquecimiento de unos cuantos. Además, a medida que los precios de crudo a nivel mundial suben, el costo de la subvención también aumenta, afectando en este sentido los bolsillos del resto de los bolivianos.

Se sabe que la única manera de evitar el contrabando es igualando los precios locales con los internacionales; pero para que ello no genere una reacción contraproducente entre la gente, el Gobierno debe primero asegurarse que la mayoría de las familias bolivianas, especialmente las más pobres, tenga acceso al gas domiciliario.