La mayoría demócrata del Senado propuso hoy entregar a México mil millones de dólares durante los próximos cuatro años para colaborar con la reforma judicial y la depuración de las policías en el país, a su juicio la clave en la lucha contra los cárteles de la droga.

El despliegue de fuerzas militares contra los cárteles ordenado por el presidente Felipe Calderón hace más de cinco años ha tenido un "éxito limitado" y es acusado de violaciones a derechos humanos; el acento debe estar en mejorar las policías para que retomen el control de la seguridad interna, indicó el informe demócrata.

"Es de vital importancia para el próximo gobierno mexicano modernizar sus sistema judicial e implementar una reforma profunda de las fuerzas policiales" y Estados Unidos debe colaborar, estimó el informe del comité de Relaciones Exteriores.

Para tal fin, el reporte recomienda que el Congreso estadunidense "asegure fondos adecuados y continuos, idealmente unos 250 millones de dólares por año durante los próximos cuatro años a través de la Iniciativa Mérida".

Según el Senado, el Congreso estadunidense ha asignado en 2008 mil 900 millones de dólares para la Iniciativa Mérida de lucha contra el crimen organizado en México, de los cuales hasta los momentos se han entregado mil millones.

"La transición presidencial mexicana ofrece una ventana para discutir y debatir las mejores estrategias de seguridad para enfrentar la grave violencia que afecta a México", dijo el senador demócrata John Kerry, jefe del comité.

El informe es divulgado poco después de las elecciones presidenciales del 1 de julio en las que aventaja el priista Enrique Peña Nieto, quien ha afirmado que quiere revisar la estrategia antidrogas con el objetivo de centrarse en disminuir la violencia en el país.

El informe reconoce que la estrategia de Calderón centrada en acabar con los capos de los cárteles ha sido "extensamente criticada" y que Peña Nieto "sin duda enfrentará una enorme presión pública" para bajar la violencia.

Washington debe abogar por las reformas, que son "a largo plazo, técnicamente difíciles y requieren de voluntad política de todos los partidos", indicó el informe, redactado por asesores del comité tras una visita en abril pasado a México, donde se reunieron con funcionarios, analistas y grupos de derechos humanos.

La ayuda estadunidense debe priorizar las policías estatales, ya que la reforma de la Policía Federal "está más avanzada", y garantizar que existan mecanismos internos de prevención de corrupción y abusos de derechos humanos, agregó el informe.