Resulta evidente que el actual gobierno avanza sin pausa en el cercenamiento de las libertades individuales y que además ese camino responde a una línea ideológica cuyos exponentes ocupan espacios crecientes de poder.

Aunque hay mucha hipocresía en su supuesto idealismo, tanto la Presidenta como quienes la rodean parecen manifestar una gran sensibilidad a formas distintas de pensar. Por ejemplo, esto se está mostrando con la mayor crudeza en la desembozada campaña para debilitar al gobernador Daniel Scioli por el solo hecho de considerarlo ajeno a su ideología y un inaceptable riesgo de sucesión en la presidencia de la Nación. El vicegobernador Gabriel Mariotto, fiel exponente de esos efluvios revolucionarios, fue colocado en esa posición como guardián de la supuesta pureza ideológica de un progresismo patológico. Con los mismos cánones, los jóvenes de La Cámpora se enseñorean cada vez con mayor presencia en ministerios y organismos públicos. Claro está que las ideas revolucionarias no parecen presentar conflicto con las remuneraciones y la acumulación de cargos que gran parte de estos jóvenes se han distribuido. El holgado triunfo electoral de la Presidenta en 2011 dio un fuerte impulso a estos movimientos, y la caída posterior en las encuestas no parece haberlos aplacado. Recuérdense las palabras con sentido premonitorio del hoy diputado oficialista Roberto Feletti: "Ganada la batalla cultural contra los medios, y con un posible triunfo electoral en ciernes, no tenés límites".

La ausencia de límites parece haber quedado confirmada por las más recientes palabras de la Presidenta: "Vamos por todo". La dirección de ese vamos está patentizada en los constantes avances en detrimento de los espacios de decisión del ciudadano común. También se presenta como una amenaza sombría en la intención de reformar la Constitución Nacional para adecuarla al "modelo nacional y popular de la nueva Argentina". No hace falta ser muy perspicaz para entender que el propósito es la modificación de la primera parte de nuestra Constitución, que establece los derechos y garantías individuales. Fue esta primera parte la que hizo posible una Argentina grande y próspera, amante de la libertad. Pero es la Argentina que en la visión kirchnerista mostraba en su primer centenario: no el progreso, sino supuestas injusticias y opresiones.

Hay numerosas evidencias de estas intenciones. Por ejemplo, el escrache y el castigo impositivo a quienes osen criticar al gobierno o simplemente describir la realidad. Esto constituye lisa y llanamente un delito y un atentado contra la libertad de expresión. Igualmente lo es la distribución de la pauta publicitaria según la adhesión de cada medio a la voluntad oficial o a su orientación ideológica. La política del miedo se refleja en la complacencia y en la autocensura de las entidades empresarias cuyos integrantes son sometidos al mandoneo telefónico del secretario de Comercio y a las amenazas de la AFIP. Las trabas discrecionales a las importaciones han llevado a una situación crítica a muchas actividades productivas y comerciales, lo que exige a sus directivos suplicar y entregar su voluntad y capacidad de protesta.

Ha perdido vigencia el principio constitucional de igualdad ante la ley y de que todo aquello que no está prohibido está permitido. Esto es mostrado en grado extremo en los controles sobre la compra y venta de divisas. No está legalmente prohibido ahorrar en dólares e incluso hay cuentas bancarias y depósitos en esa moneda; sin embargo, el Gobierno ha prohibido la venta de dólares del mercado "único y libre", si el motivo es ahorro. Quien quiera viajar al exterior sólo puede acceder legalmente a las divisas que necesite si presenta un formulario que indaga el destino, la duración y el propósito del viaje. A partir de allí debe esperar la aprobación, que no necesariamente es otorgada. Si compra sus dólares no puede hacerlo con dinero efectivo, y si luego no viaja y no los devuelve, puede terminar en la cárcel o ser pesificado para siempre. Si por todos estos inconvenientes no accede al mercado oficial, debe ir entonces al paralelo, que es ilegal y lo coloca en el delito. La sensación de quienes deben pasar por estas circunstancias es que comienzan a cerrarse las puertas de salida del país.

La pesificación forzosa está en la mente autoritaria de nuestro gobierno tal como lo ha declarado. No es otra cosa que imponer el uso de una moneda que ha perdido el atributo esencial de ser reserva de valor. ¿Cómo puede sentirse un ciudadano que quede obligado a ahorrar en pesos con un 25 por ciento anual de inflación o que deba vender su casa contra una moneda que no le asegura adquirir otra debido a su diaria desvalorización? El sentimiento es el de la pérdida de la libertad, para someterse a los dictados de un gobierno que pretende un Estado por sobre el individuo y que con su mala gestión ha sido el culpable de los problemas que intenta resolver a costa de la libertad de los propios ciudadanos.